Fuego a discreción contra el nuevo fiscal del Estado

Por tierra (la plana mayor del PP), mar (asociaciones judiciales conservadoras) y aire (diversos medios de comunicación). La derecha no ha cejado en su ofensiva contra la Fiscalía General del Estado tras el relevo de Dolores Delgado por alguien sin el pasado político de la también exministra de Justicia, su hasta ahora número dos, Álvaro García Ortiz. El que fuera fiscal de medio ambiente de Galicia deberá someterse el próximo jueves al trámite de su examen parlamentario ante la hostilidad manifiesta de los sectores conservadores —siete de sus vocales en el Poder Judicial se negaron a respaldar el nombramiento— y en medio de ataques que mezclan críticas a su trayectoria con algunos bulos.

Favores a ETA. Algunos medios han venido señalando en los últimos días a García Ortiz como responsable de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se oponga a la petición de asociaciones de víctimas para acusar a la antigua cúpula de ETA por el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco, al considerar que los delitos están prescritos. Tanto arreciaron los ataques que el fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Alonso —miembro de la conservadora Asociación de Fiscales— emitió una nota el pasado sábado para desmentir que haya “recibido directrices de ningún tipo y menos de carácter político” sobre este caso. Alonso recordaba que desde una reforma legal de 2010 el plazo de prescripción se cuenta siempre a partir de la comisión de los hechos y no de la detención de sus supuestos autores, como alegan las acusaciones populares. En este asunto se está distinguiendo por su animosidad contra García Ortiz —destacado miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF)— un grupo nuevo, de orientación conservadora, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que encabeza Salvador Viada, integrante del ministerio público en el Tribunal Supremo.

Conspirando con el banquero andorrano. “Es más que patente que este fiscal carece de la idoneidad que exige imparcialidad”, clamaba el pasado viernes la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. La dirigente popular comentaba así la controversia sobre el caso contra ETA, además de una revelación que el diario Abc ofrecía en su portada: el nuevo fiscal del Estado se habría reunido en secreto en un hotel de Madrid con el exbanquero andorrano que acusa al Gobierno de Mariano Rajoy de haberlo chantajeado, a través de funcionarios del Ministerio del Interior, para que le suministrase información contra independentistas catalanes. Tanto García Ortiz como el banquero lo han desmentido en los términos más rotundos. “Ni siquiera ha puesto un pie en ese hotel”, aseguran fuentes próximas al fiscal, que estudia acciones civiles en defensa de su honor si el diario no rectifica.

“Quiso empurar al PP”. Carlos Herrera, conductor del informativo de la mañana de la COPE —casi 2,8 millones de oyentes— denunció en su comentario del pasado día 20: “Este nuevo fiscal es exactamente igual de sectario que la señora Delgado. Fue el tío que, cuando se hundió el Prestige en Galicia, quiso empurar a todo el PP”. Es difícil imaginar de dónde ha podido salir tal conclusión, porque, en su papel como acusador principal en el juicio por el hundimiento del petrolero, García Ortiz hizo exactamente lo contrario: defendió desde el primer momento que no se podían exigir responsabilidades penales a ningún cargo de la Administración española, lo que le valió la crítica de una parte de la izquierda. Era una posición similar a la de la Abogacía del Estado, temerosa de que una condena a algún cargo político obligase a la Administración a pagar la factura del desastre.

El “mitin del PSOE”. El argumento más repetido para cuestionar la imparcialidad de García Ortiz —por el PP e incluso por los vocales del Poder Judicial que votaron contra su nombramiento— es que en diciembre de 2019 hubiese asistido a un acto del PSOE gallego. Dirigentes del PP han llegado a decir que el fiscal participó en un “mitin electoral”. El tal mitin era una mesa de debate sobre los incendios forestales, una de las especialidades de García Ortiz, que acudió como representante de la UPF junto a dos catedráticos de la Universidad de Vigo. Faltaban siete meses para que se celebrasen elecciones gallegas.

Desencuentros con Feijóo. En sus años en Galicia, García Ortiz fue un activo portavoz de la UPF y llevó causas sobre delitos medioambientales que pusieron en aprietos a la Administración. Pero apenas se vio inmerso en controversias políticas. En 2017, sin embargo, incomodó a la Xunta al no respaldar la tesis de su entonces presidente, Alberto Núñez Feijóo, que atribuía la devastadora ola de incendios forestales que sufría Galicia a una “trama de terrorismo incendiario”. García Ortiz llevaba años combatiendo esa teoría, también contra un Gobierno anterior de socialistas y nacionalistas. Meses después de ese desencuentro público, en abril de 2018, el ahora sustituto de Feijóo en la Xunta y entonces vicepresidente, Alfonso Rueda, envió una carta a la Fiscalía de Galicia quejándose de la presencia de García Ortiz en un acto con sindicatos para apoyar una huelga de funcionarios de Justicia.

Las cloacas. En su comparecencia parlamentaria del próximo jueves, el nuevo fiscal tampoco estará a salvo de algunas críticas desde la izquierda. Miembros de Unidas Podemos han vuelto a reprocharle estos días la reunión, desvelada por la revista digital Ctxt, que en marzo de 2020, en compañía de Delgado, mantuvo con el periodista Eduardo Inda, autor de informaciones falsas contra esa formación suministradas por mandos policiales. Otro de los asuntos que más controversia levantaron durante su etapa como número dos de la Fiscalía, y que ahora sale de nuevo a relucir, fue el relevo del fiscal anticorrupción Ignacio Stampa, uno de los investigadores de las actividades del comisario José Manuel Villarejo.