Álvaro García Ortiz, el escudero de Delgado que investigó el ‘Prestige’
El futuro fiscal general desarrolló casi toda su carrera en Galicia antes de convertirse en la ‘mano derecha’ de la hasta ahora jefa del ministerio público
Si la oposición espera un cambio drástico en la Fiscalía General del Estado con la renuncia, este martes, de Dolores Delgado, el Gobierno no tiene intención de engordar sus esperanzas. El Ejecutivo ha elegido para sustituirla a Álvaro García Ortiz, hasta ahora número dos de Delgado como jefe de la Secretaría Técnica y quien, durante los dos años de mandato, ha ejercido como uno de sus principales defensores y mediadores dentro y fuera de la carrera. El escudero se sitúa ahora en la primera línea de batalla.
Perteneciente a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), García Ortiz ocupó la presidencia y portavocía de ese colectivo durante años. Desde la UPF denunció el aumento de “actos fascistas” o la tolerancia con la corrupción que asoló España. También criticó la falta de fiscales para combatir esa lacra: “Si echamos la vista atrás y vemos que miembros del Ejecutivo están incursos en causas judiciales, podemos preguntarnos qué interés puede tener el Ejecutivo en que un instrumento de control como la Fiscalía Anticorrupción esté mejor dotada con los medios materiales y humanos necesarios”, afirmó en mayo de 2018, tras conocerse la sentencia del caso Gürtel y antes de que prosperase la moción de censura que desalojó al presidente Mariano Rajoy, del PP, de La Moncloa.
García Ortiz nació en Lumbrales (Salamanca) en 1967, pero su vida ha estado siempre muy ligada a Galicia, donde ejerció hasta que Delgado lo llamó para hacerse cargo de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Para entonces llevaba ya más de 20 años en el ministerio público, en el que ingresó en 1998. Tras un breve paso por Menorca, recaló en Santiago de Compostela. En 2004, fue nombrado coordinador de los asuntos relacionados con incendios en la comunidad. En 2007 subió otro escalón y asumió el cargo de fiscal autonómico, delegado de medio ambiente, urbanismo, ordenación del territorio e incendios forestales.
El nombre de Álvaro García Ortiz saltó a la primera línea nacional al asumir el caso Prestige, sobre el petrolero que se hundió frente a las costas de Galicia en 2002 y provocó uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de España. “Es un milagro que se celebre el juicio del Prestige”, llegó a afirmar en una entrevista en EL PAÍS, cuando se enfilaba la recta final de esta vista oral en 2013. Calificó esa investigación como “causa descomunal e inabarcable” y criticó que la ley procesal no estaba preparada para estos casos tan complejos.
En marzo de 2018, fue el más votado en las elecciones al Consejo Fiscal —principal órgano asesor del fiscal general del Estado—, lo que fue considerado un hito debido al menor peso que tienen los fiscales progresistas en la carrera. Obtuvo casi 900 apoyos tras recorrer las fiscalías españolas en una campaña electoral en la que también participaron como candidatas la propia Delgado y su predecesora en la Fiscalía General, María José Segarra. Ambas fueron elegidas para ocupar una plaza en el Consejo Fiscal, aunque con menos votos que el nuevo jefe del Ministerio Público.
La elección de García como sustituto de Delgado es interpretada dentro de la carrera como un respaldo del Gobierno a la gestión que ambos han realizado al frente del organismo, donde eran considerados un tándem en el que ella controlaba el manillar, pero en el que él pedaleaba sin descanso en la misma dirección. Esa afinidad hizo que García Ortiz no saliera del todo indemne de las críticas a la gestión de Delgado que llovían, sobre todo, desde ámbitos conservadores de la política y la fiscalía, aunque él siempre se ha afanado por mantener un perfil técnico y desvincularse de las decisiones más políticas.
Bajo esa premisa defendió su actuación en el caso Stampa, por Ignacio Stampa, uno de los dos fiscales que inició las pesquisas sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo y que fue apartado de Anticorrupción tras ser él mismo investigado por supuestamente filtrar información a Podemos sobre el caso Dina (donde se indagaba el robo del móvil a una antigua asistente de Pablo Iglesias). Stampa acusó a García Ortiz de dilatar la investigación contra él para perjudicarlo, una acusación que el jefe de la Secretaría Técnica negó, aunque sus explicaciones nunca convencieron a la Asociación de Fiscales, que lo ha acusado públicamente de maniobrar contra el exfiscal del caso Villarejo.
