El policía de Palma que explota decenas de infraviviendas intenta desahuciar a 70 familias

Luis Ángel Patiño ha tenido que salir corriendo de la obra en la que estaba trabajando como albañil la mañana del jueves. Le ha llamado uno de sus vecinos para decirle que unos funcionarios judiciales estaban delante de la puerta del trastero en el que vive con una orden de desalojo en la mano y acompañados de varios operarios que tenían la orden de tapiar la puerta. Los vecinos han sido rápidos y han logrado sacar sus pertenencias como han podido. Un pequeño armario, varios muebles con cajones, una sartén con arepas y varias maletas y bolsas con ropa. Su vida ha quedado esparcida en el pasillo del oscuro sótano plagado de trasteros en los que viven familias enteras mientras varios trabajadores contratados por el propietario se afanaban en esparcir cemento por la torre de ladrillos colocada en la puerta para tapiarla.

El agente de la Policía Local de Palma R. R. S., que explota ilegalmente 70 infraviviendas en diferentes edificios de Palma, ha comenzado a desahuciar a sus inquilinos y a tapiar los trasteros de menos de 15 metros cuadrados que durante años ha alquilado a migrantes y personas de escasos recursos, mediante contratos ilegales, por cantidades que en muchos de los casos superaban los 500 euros, que pagaban en mano, y sin recibo porque el policía no quería dejar pruebas. El Ayuntamiento de Palma ha suspendido de empleo y sueldo a este agente de la autoridad durante dos años y cuatro meses por el incumplimiento de las normas de incompatibilidad del cuerpo policial.

Además, la Consejería de Vivienda notificó a mediados de enero a R. R. S. la imposición de una multa de dos millones de euros por la explotación de estos habitáculos, minúsculos, sin luz natural, sin ventilación y sin las mínimas condiciones de habitabilidad. En la resolución se requería al policía el cese de la actividad que era objeto de la multa y, según denuncian varios inquilinos, fue entonces cuando el agente les intentó echar de los trasteros mediante presiones y amenazas sin conseguirlo.

Ahora, los inquilinos de los trasteros en el sótano del edificio de la calle Joan Miró 24 de Palma han comenzado a recibir cartas con demandas de jurisdicción voluntarias en las que R. R. S. alega impagos de las mensualidades por parte de todos ellos con el objetivo de lograr que se marchen. “Es una demanda simple en la que se les dice que adeudan una serie de cantidades por impago de unas rentas. El afectado no tiene derecho en principio a justicia gratuita, porque es una jurisdicción voluntaria, con lo cual quien la interpone piensa que puede tener la ventaja de que el demandado no vaya o no pueda tener defensa” dice Gloria Olmos, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Baleares, que explica que muchos de estos inquilinos no tienen nociones sobre legislación y se sienten indefensos en casos como este. Es lo que alega Luis Ángel Patiño, víctima del desahucio, que dice que no ha sido notificado del desalojo y no ha recibido ninguna carta procedente del juzgado.

Mientras los empleados del agente de policía se afanaban en tapiar la puerta del trastero, algunos de los vecinos que han recibido la carta por impago mostraban los mensajes de texto intercambiados con R. R. S. en los dan fe del pago de las mensualidades. Otros enseñaban mensajes de WhatsApp que habían recibido de números anónimos en los que les informaban de que habían sido denunciados y otros esgrimían contratos de alquiler con cláusulas abusivas. “Esto no puede ser, aquí hay niños. No se puede desalojar a la gente con niños y personas mayores que no tienen donde vivir, que están enfermas. No pueden quedarse en la calle” decía una de las vecinas entre lágrimas.

Ella vive en un centro de acogida para mujeres maltratadas, pero su madre es la inquilina de uno de los trasteros de menos de diez metros cuadrados, en el que una enorme mancha de humedad hace el ambiente apenas respirable. Tiene una cama, un armario y una pequeña cocina en el pequeño habitáculo.

La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la abogada de esta entidad se han desplazado hasta el sótano del edificio para atender a los vecinos y mantener una reunión explicativa sobre la situación. También ha acudido el diputado del PSOE en el Parlamento balear, Omar Lamín, que ha exigido al Gobierno regional, el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca que muevan ficha “porque saben del problema desde hace meses y no han hecho nada”.

Dos agentes de la Policía Nacional han supervisado el desahucio y han tratado de tranquilizar a algunos de los residentes, que estaban en un estado evidente de nervios. “Yo le dije al agente que me devolviera la fianza para dejar la habitación, pero es que no me ha querido devolver el dinero, no ha querido arreglar nada” lamenta Patiño, que intentará recurrir a algunos familiares que tiene en la ciudad para encontrar cobijo.

Los vecinos se organizaron hace algunas semanas en una plataforma de afectados que tiene como objetivo buscar una solución a su situación y reclamaron una reunión con la consejera de Vivienda del Gobierno regional, Marta Vidal, que todavía no les ha contestado.

José Solano, que actúa como portavoz de las 70 familias y es presidente de la Asociación de Dominicanos en Mallorca, es también residente en una de las infraviviendas situada en un edificio ubicado en el barrio de Pere Grau. “R. R .S. está haciendo las denuncias a cuentagotas, las presenta en juzgados diferentes para crear confusión. La consejería de Vivienda nos prometió una ubicación porque esto lo iban a precintar, estamos esperando que nos llamen para reunirnos y todavía no lo han hecho, hay que ponerle un stop a esto” dice. La crítica al Gobierno balear por su inacción es repetida entre las familias, en situación de vulnerabilidad, con menores a cargo y sin una alternativa habitacional en caso de desahucio. “Estamos pidiendo auxilio. Aquí hay niños, ancianos y enfermos. Nos merecemos vivir en un sitio digno”, lamenta.