La cruzada del PP y Vox contra la Memoria Democrática está basada en premisas falsas, mentiras e imprecisiones

El PP y Vox continúan su particular cruzada contra la legislación en materia de memoria para sustituirla por llamadas “leyes de concordia” allá donde gobiernan juntos. Ambos grupos han registrado en Castilla y León y la Comunidad Valenciana textos muy similares basados en premisas falsas y reincidiendo en los mismos errores. La ofensiva de la alianza de la derecha y la extrema derecha, que se comprometió en sus pactos de coalición autonómicos a derribar el aparato legislativo regional de apoyo a los represaliados, no afecta a la vigencia y aplicación de la ley estatal, pero supone un retroceso en la aplicación de los principios de derecho internacional de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos. Mientras el Gobierno central desarrolla, con retraso, la Ley de Memoria Democrática (2022), que prevé, entre otras medidas, la retirada de vestigios franquistas, Vox retira placas de homenaje a represaliados del franquismo, como ha ocurrido en Burriana (Castellón).

Estas son las falsas premisas de las llamadas leyes de concordia de PP y Vox:

1. “División partidista”. Tanto el PP como Vox sostienen, como principal argumento contra las leyes de memoria, que solo atienden a las víctimas de un bando, el republicano. “Las nuevas generaciones”, afirma un párrafo calcado en el texto de Castilla y León y el de la Comunidad Valenciana, “han recibido en muchas ocasiones una visión sesgada” de la Guerra Civil para “alimentar una división partidista en la sociedad”. La nueva norma castellana y leonesa establece en su artículo 11 que adoptarán “las medidas necesarias” para localizar, exhumar e identificar los restos de víctimas “con independencia de la ideología, creencia, afiliación o preferencia política”. Vox celebró este martes en X que había logrado “acabar con el sectarismo de la izquierda en Castilla y León aprobando una ley de concordia que reconoce la persecución religiosa antes y durante la Guerra Civil”. Pero, la normativa anterior, de 2018, ya establecía el compromiso de atender a “todos los que, de una u otra forma, padecieron las consecuencias de la Guerra Civil y la dictadura franquista y sufrieron violencia por su ideología, sexo, orientación sexual, o religión, así como a sus familias, con el fin de crecer en el pluralismo, afianzar la reconciliación, y promover la concordia, la justicia, y la defensa pacífica de las ideas”.

Del mismo modo, la ley valenciana que PP y Vox quieren derogar, aprobada en noviembre de 2017, ampara, “de conformidad con la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas” en 2005, a “todas las personas que hayan sufrido daños (...) como consecuencia de acciones u omisiones que violen las normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos”. No especifica bandos, ni ideología. Tampoco lo hace la ley estatal. Es decir, si represaliados a manos del bando republicano hubiesen pedido amparo a estas administraciones, la normativa vigente ya las amparaba. Pero esas víctimas ya fueron reparadas durante la dictadura porque Franco encargó, entre otras medidas, un protocolo de exhumaciones para darles entierro digno. La palabra “concordia”, con la que PP y Vox titulan sus proposiciones de ley, está presente en todos los textos legislativos de memoria que pretenden derogar.

2. La alusión a ETA. La proposición de ley de concordia del PP y Vox para la Comunidad Valenciana afirma en su exposición de motivos: “Vamos a aprovechar para reconocer a todas las víctimas de la violencia política y social que ha vivido nuestro país, también las del terrorismo”. Los representantes del grupo parlamentario popular y de la extrema derecha que firman la proposición son conscientes de que ya existe una ley que ampara a este colectivo, por lo que el texto, de siete páginas, aclara que la nueva normativa “no elimina ni uno solo de los derechos que ya están reconocidos por la ley 1/2004 de 24 de mayo de ayuda a las víctimas del terrorismo, que sigue vigente”.

3. Maniobras para evitar la expresión “golpe de Estado”. “La Guerra Civil llevó hasta el paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores. Por toda España se extendieron los asesinatos masivos, las represalias socioeconómicas, los atropellos de derechos fundamentales y los desplazamientos forzosos de población”. Este párrafo, que figura idéntico en la proposición de ley para Castilla y León y en la valenciana, muestra los esfuerzos semánticos de PP y Vox para evitar referirse como tal al golpe de Estado del 18 de julio de 1936 contra el Gobierno legítimo republicano. La propuesta de ley castellana y leonesa evita la palabra “dictadura” y la valenciana la cita en su exposición de motivos de esta forma: “España ha vivido profundas crisis, pero sobre todo, una convulsa Segunda República, una Guerra Civil, una dictadura y el azote del terrorismo etarra e islámico”.

4. La legitimidad de “todos los regímenes”. Los pactos de gobierno entre la derecha y la extrema derecha incluían una cláusula para favorecer lo que llamaban “la libertad de memoria”. Las proposiciones de ley ya presentadas inciden en esa idea. El texto que firman populares y Vox en la Comunidad Valenciana establece que “una dirección eminentemente técnica” garantizará la autonomía de la voluntad de las familias “sin reabrir las cuestiones de la legitimidad de los regímenes, que forman todos, sin excepción, parte de nuestra historia patria”, al tiempo que asegura que la legislación de memoria aprobada por gobiernos de izquierdas decretaba “la intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles” para “moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión, limitar la libertad de cátedra y penalizar el trabajo de los historiadores si este no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos”.

En la tribuna del Congreso, el líder de Vox ha llegado a decir que el de Pedro Sánchez es “el peor Gobierno en 80 años”: literalmente, con Franco se vivía mejor. La proposición de ley de Concordia valenciana defiende ese tipo de afirmaciones, al tiempo que establece la necesidad de defender los valores constitucionales, al igual que hace el texto de Castilla y León: “La Administración educativa de la Junta incluirá en el currículum educativo la formación en la defensa de los derechos humanos, los derechos y obligaciones contenidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía y los valores superiores del ordenamiento jurídico”.

La legislación a la que PP y Vox se oponen tampoco persigue, como sostienen ambos partidos, a los historiadores con otra visión de los acontecimientos históricos. Ni siquiera a los que no son historiadores y han publicado numerosos libros manipulando los hechos ya acreditados por los que sí son profesionales de la historiografía. Esa normativa sí recoge la necesidad de que la represión franquista se estudie en la escuela, algo que para la derecha y la extrema derecha es “adoctrinamiento”, y sanciones para quienes hagan apología de la Guerra Civil y la dictadura causando humillación o daño a las víctimas, de un modo similar a lo estipulado en la apología del terrorismo.