El Gobierno estudiará a partir del 23 de abril compensaciones económicas para represaliados del franquismo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha expuesto este miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso, a petición propia, los avances en el desarrollo de la Ley de Memoria, en vigor desde octubre de 2022. También los retrasos, que ha atribuido a la acumulación de citas electorales y a la etapa en la que el Gobierno estuvo en funciones. Como es habitual cada vez que se aborda este asunto en las Cortes, el debate ha sido agrio, con dos posturas claramente enfrentadas: la del Gobierno de coalición, que promete avanzar en la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, y la del PP y Vox, que querrían derogarla, como ya están haciendo en las comunidades donde gobiernan juntos.

El plan cuatrienal de exhumaciones ha permitido recuperar, según ha informado el ministro, los cuerpos de 4.500 víctimas gracias a la movilización de más de 15 millones de euros: el 57% destinado a comunidades autónomas y el 37% a ayuntamientos, ya que desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática es la Administración la que asume todo el proceso de localización e identificación de los represaliados que aún yacen en fosas y cunetas. Torres anunció que llevará al Consejo de Ministros el próximo 23 de abril la constitución de tres comisiones de trabajo: una para estudiar las medidas de reparación económica a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura; otra sobre “Memoria y reconciliación con el Pueblo Gitano de España” y una tercera para analizar posibles casos de vulneración de derechos humanos entre 1978 y 1983, ya en democracia. Esta última obedece a una disposición adicional de la norma que el PP atribuyó a EH Bildu —pese a que nace de una enmienda del PSOE y Podemos a su propio texto— para los GAL, aunque la secretaría de Estado de Memoria Democrática ya aclaró que se refiere a casos como el de Yolanda González, asesinada por la extrema derecha en 1980.

El Gobierno ultima también, con el Ministerio de Hacienda, un “decreto de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados” durante la dictadura. El ministro comunicó que se ampliará un año, hasta 2025, el plazo para las solicitudes de nacionalidad española para descendientes del exilio con los nuevos criterios recogidos en la Ley de Memoria Democrática. Torres también aseguró que se abrirá un expediente sancionador al concejal de Cultura de Burriana (Castellón) y diputado autonómico en las Cortes Valencianas, Jesús Albiol, de Vox, quien ha retirado una placa de homenaje a víctimas del franquismo en la localidad. Albiol argumentó que la placa “respondía a un uso político de las víctimas de la Guerra Civil, señalando a los buenos y a los malos” y que contenía datos incorrectos.

El diputado del PP Pedro Muñoz dedicó buena parte de su primer turno de intervención en la comisión a acusar al Gobierno de blanquear a EH Bildu y a criticar la ley de amnistía, y el segundo, al caso Koldo. Aseguró que su partido rechaza “el golpe del 34, el del 36 y el de 2017″, en alusión al procés, y despreció la Ley de Memoria al considerar que “tira por la borda” la Transición y levanta “un muro maniqueo entre españoles”. Carlos Flores, de Vox, presumió de los pactos autonómicos con el PP para derogar las leyes regionales de memoria allá donde gobiernan en coalición y prometió “dar la batalla cultural” contra las normas “del resentimiento” que, según él, solo atienden a las víctimas de un bando y pretenden derribar “la cruz más grande del mundo”, en alusión a la que preside el Valle de Cuelgamuros, antes conocido como Valle de los Caídos.

El ministro lamentó “la involución” que supone que el PP y Vox estén derogando las leyes autonómicas de memoria y recordó que la ley estatal acoge a víctimas sin distinción de bando, pero que las del bando vencedor ya fueron exhumadas y reparadas durante la dictadura franquista. “Dígame”, pidió al diputado de Vox, “en qué fosa hay víctimas del bando vencedor porque actuaremos inmediatamente”. Tanto Torres como el diputado socialista Raúl Díaz recordaron, asimismo, que la ley no supone ataque alguno a la Transición, que alaba en su exposición de motivos y que no hay plan alguno para derribar la cruz del Valle de los Caídos, sí para aprobar un decreto que regule su organización y funcionamiento para sustituir al actual, aprobado durante la dictadura franquista. Un grupo de expertos sigue trabajando para atender a las familias que reclaman los restos de 160 víctimas enterradas sin su consentimiento en el mausoleo. De momento, ya ha logrado identificar y entregar a sus parientes 11 de ellos, pese a la ofensiva judicial de grupos antimemorialistas y profranquistas que han tratado de paralizar en varias ocasiones los trabajos.

El diputado de Sumar Íñigo Errejón reclamó al Gobierno que colabore con la querella abierta en Argentina contra los crímenes del franquismo, que se avance en el proyecto de ley sobre los casos de bebés robados y en la conversión del Valle de Cuelgamuros, “un mausoleo a un genocida”, en un lugar de memoria. Cuando recordó que hoy hay quien acude al monumento a “hacer el saludo fascista y hacer el payaso”, la diputada de Vox Lourdes Méndez Monasterio le replicó, según Errejón: “Payaso tú”. El diputado respondió, a su vez: “Si usted se da por ofendida, lo descubrirá después en casa, pero me acaba de hacer un gran regalo”.