¿Qué implica para Puigdemont la renuncia a ser eurodiputado?

La decisión de Carles Puigdemont de presentarse a las elecciones catalanas del 12 de mayo y su anunciada renuncia a las europeas del 9 de junio tiene un efecto directo: en el momento en el que deje el acta del Parlamento de Estrasburgo, el líder de Junts perderá la inmunidad que protege a los eurodiputados y que, hasta ahora, le ha servido para frenar la orden europea de detención lanzada por el Tribunal Supremo. Al quedarse sin ese blindaje, el alto tribunal podría activar una nueva euroorden contra él y se arriesgaría a ser detenido en cualquier punto de la UE.

No obstante, esta consecuencia tiene matices. El primero es la ley de amnistía, que prevé que se levanten de forma “inmediata” las medidas cautelares y las órdenes de detención, lo que impediría su arresto tanto dentro como fuera de España, por lo que ya no necesitará el blindaje de la inmunidad. La previsión del Gobierno es que esté definitivamente aprobada en la segunda quincena de mayo, por lo que el Tribunal Supremo debería alzar en las siguientes horas o días la orden de detención nacional que mantiene contra el expresident y no podría reactivar la euroorden. Fuentes jurídicas señalan que este alzamiento de medidas, en teoría, debe ser casi automático, al margen de que el tribunal estudie luego si la amnistía es o no aplicable a Puigdemont en los dos meses de plazo que fija la ley. Con todo, el texto establece que son los jueces los que tienen que levantar las cautelares, por lo que la decisión estará en manos del Supremo.

Si la Sala Penal deja sin efecto la orden de detención, Puigdemont podrá moverse dentro y fuera de España aunque no tenga la inmunidad de los eurodiputados. La designación del nuevo presidente de la Generalitat puede alargarse hasta la última semana de junio (la constitución de la Cámara tiene que ser como máximo el 10 de junio y, a partir de ahí, hay 10 días hábiles para investir al jefe del Govern), por lo que el líder de Junts llegaría a tiempo de asistir sin riesgo a ser detenido a la sesión de investidura del Parlament si tiene los votos necesarios, que es el compromiso que adquirió este jueves en su comparecencia en la localidad francesa de Elna.

Pero para entonces, lo previsible es que el Supremo no haya comunicado todavía si aplica la amnistía a Puigdemont, que tiene dos causas abiertas: la del procés, donde está procesado por malversación agravada y desobediencia; y la de Tsunami Democràtic, en la que se le investiga por terrorismo. Desde el momento de la entrada en vigor de la ley, el tribunal tiene dos meses para decidir entre tres opciones: amnistiarle; elevar una cuestión a la justicia europea o al Tribunal Constitucional; o rechazar aplicar la medida de gracia al expresidente catalán en alguno de los dos procedimientos. Los dos primeros escenarios garantizan que Puigdemont pueda ejercer sin riesgo a ser detenido, al menos hasta que haya respuesta de la justicia comunitaria o del tribunal de garantías. Pero una hipotética negativa del Supremo a aplicar la amnistía le dejaría expuesto y tendría que comparecer ante la justicia o afrontar una nueva orden detención.

Tras su renuncia a ser eurodiputado, tanto si es investido presidente de la Generalitat como si se queda en diputado autonómico raso, el líder de Junts ya no estará aforado ante el Supremo, sino ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), una baza que con seguridad intentará jugar su defensa para cuestionar que el alto tribunal siga siendo el competente para juzgarle. No obstante, la causa de Tsunami seguirá en manos del Supremo mientras se investigue como terrorismo y fuentes jurídicas recuerdan que los delitos cometidos fuera de España por aforados también corresponden al alto tribunal, un requisito que la Sala Penal cree que cumple la malversación del procés (desvío de fondos para la financiación del referéndum del 1-O).

La mayor amenaza para Puigdemont al renunciar a ser eurodiputado se presentaría en el caso de que no obtenga votos suficientes para ser investido, decida quedarse en Bélgica a la espera de la amnistía y el Supremo opte por no aplicársela y dicte una nueva euroorden. No obstante, el riesgo de esa decisión es, hasta cierto punto, limitado. El expresidente catalán ya estaba a punto de perder de forma definitiva la inmunidad para la causa del procés (se la levantó la Eurocámara, lo confirmó el Tribunal General de la UE y está pendiente de un último recurso) y, en el caso de Tsunami, la colaboración de la justicia belga con la española se prevé difícil si se le reclama por terrorismo.