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El Colegio de Abogados de Madrid sale en defensa de la pareja de Ayuso, que admitió ser un defraudador fiscal

Considera de “extrema gravedad” que la Fiscalía respondiera con datos de un sumario a las denuncias falsas del Gobierno madrileño

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras el Consejo de Gobierno, el jueves en Leganés.Foto: ÁLVARO GARCÍA | Vídeo: EPV
José Manuel Romero

El Colegio de Abogados de Madrid ha amenazado con tomar el lunes “las medidas pertinentes” ante lo que considera una revelación de datos “de extrema gravedad” por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid relacionados con el contribuyente Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, desde la primavera de 2021. González Amador intentó presuntamente engañar a la Agencia Tributaria al imputarse unos supuestos gastos basados en facturas falsas y en servicios nunca prestados. De esta manera, pretendió ahorrarse 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021, cuando sus empresas sextuplicaron sus ingresos gracias a la mediación en la compra de mascarillas durante la pandemia.

El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, reveló el miércoles por la noche un correo electrónico que el fiscal Julián Salto, encargado de todo el caso relacionado con los delitos fiscales de González Amador, envió al abogado para comunicarle que ya había presentado la denuncia contra su cliente en el juzgado y, por tanto, podía acogerse a un acuerdo para reducir la pena que le correspondía.

El propio Miguel Ángel Rodríguez denunció horas después, a través de las redes sociales, que el fiscal Julián Salto recibió “órdenes de arriba” y retiró esa propuesta de acuerdo. Cuando la noche del miércoles los medios de comunicación quisieron conocer si la denuncia del jefe de gabinete de Ayuso era cierta, la Fiscalía Provincial de Madrid evitó contestar. Sin embargo, al día siguiente emitió una nota en la que detallaba todo el procedimiento relacionado con los hechos. En ella, se informaba sobre un correo electrónico enviado en febrero, en el que el abogado de Alberto González Amador admitía en nombre de su cliente la comisión de los dos delitos fiscales y anunciaba su intención de llegar a un acuerdo para resarcir el daño y, así, acogerse a una reducción de la pena en dos grados.

El Colegio de Abogados de Madrid, cuyo decano es Eugenio Ribón, ha convertido ahora el caso del fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en una causa contra la Fiscalía de Madrid por una supuesta revelación de secretos. No aclara en su nota si también tomará medidas contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el primer protagonista de la filtración de un correo electrónico, el último, entre el abogado de González y el fiscal Salto. Este órgano recuerda en su comunicado que el Estatuto de la Abogacía establece “sin paliativos, el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendidos”.

Sin embargo, nada dice la nota acerca de la filtración del primer correo conocido sobre este caso: el que difunde el jefe de gabinete de Ayuso la noche del miércoles, con el añadido de acusar a la Fiscalía de ordenar retirar la oferta de acuerdo, lo que se demostró falso gracias a la información facilitada por la Fiscalía de Madrid un día después.

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El Colegio de Abogados sigue explicando que “la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del ministerio fiscal”. Nada dice acerca de que el abogado de González Amador facilitase al Gobierno de Madrid, y este trasladase a los medios de comunicación uno de los correos que se cruzó con la Fiscalía.

El decano del Colegio de Abogados, Eugenio Ribón, se puso el jueves en contacto con la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, para expresarle su protesta por la información facilitada a los periodistas para aclarar si la denuncia del Gobierno regional era cierta. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se reunirá este viernes con Ribón para tratar este asunto.

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