La Fiscalía firmó el 13 de febrero una denuncia por dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil contra un grupo de cinco personas que incluye a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según un escrito adelantado por eldiario.es y al que accedió EL PAÍS. El total de lo defraudado a través de una trama de facturas falsas ascendería a 350.951 euros, según los cálculos de Hacienda, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, en los que los denunciados realizaron negocios relacionados con la pandemia del coronavirus, siendo el principal cliente el gigante sanitario Quirón.

“El contribuyente, conocedor de sus obligaciones tributarias, de forma consciente y voluntaria, ha presentado autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades, por los periodos impositivos comprendidos en el año 2020 y 2021, no veraces, dejando de ingresar con su comportamiento fraudulento la cuantía de 155.000 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2020 y de 195.951,41 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2021 en el Erario Público”, resume la denuncia.

Las investigaciones se centran en la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medio Ambiente, cuyo administrador único, según la denuncia, era González Amador. En total, sus compañías habrían presentado 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros, según la investigación.

“Se ha detectado que dicha sociedad, con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios, llevó a cabo determinadas conductas, con la única finalidad de reducir dicha tributación, deduciéndose indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados, facturas que fueron giradas por las mercantiles MKE Manufacturing SA de CV, Gayani LTD, Purpura Star SL, Baluarte Desarrollo de Centro Especial de Empleo SL, Desarrollo de CEE El Manantial SL, Bianconera Spa SL y Ginmosur SL”, se lee en el escrito, que, además, detalla lo siguiente.

Primero, que “en el ejercicio 2020, se dedujo la factura por importe de 620.000 euros emitida por la sociedad mexicana Mke Manufacturing SA de CV en la que actuaba como representante Maximiliano Eduardo Niederer González, empresa que no realizó ningún servicio o trabajo a la entidad Maxwell”.

Además, que en el ejercicio 2021, a juicio de los investigadores, se habría deducido “indebidamente” una factura “por un importe de 922.585,63 euros emitida por la sociedad costarricense Gayani Ltd”; cuatro “de Purpura Star SL (...) por importe cada una de ellas de 12.800 euros”; una “emitida por la sociedad Baluarte Desarrollo Centro Especial de Empleo (...) por importe de 20.000″; una “emitida por la empresa Desarrollo Social de CEE el Manantial SL (...) por importe de 21.200 euros)”; “cinco facturas emitidas por la sociedad Bianconera de Servicios Profesionales” por 66.000 euros; una de “sociedad Bianconera SPA SLU (...) por importe de 10.500 euros”; y otra de Ginmosur SL por 11.495.

Con ello, aseguran los investigadores, “Alberto González [buscaba] con esa conducta un ahorro fiscal al trasladar parte la actividad a una sociedad vinculada con él, con la finalidad de generar bases imponibles negativas en Masterman&Whitaker SL a compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener”. De esta manera, en 2021, Maxwell Cremona facturó algunos de sus servicios a su principal cliente, Quirón Salud, haciéndolo a través de la empresa Masterman & Whitaker SL, de la que es socio único y administrador la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Los precedentes

Las relaciones de Ayuso con el mundo sanitario son muy previas a su llegada a la primera línea de la política. Su padre, empresario del sector, ya estuvo en el centro de la polémica tras conseguir una empresa participada por él un aval de 400.000 euros de la entidad semipública Avalmadrid que nunca se devolvió al completo, y en cuyo otorgamiento vio trato “preferente” e “irregular” una comisión parlamentaria (la fiscalía no vio ningún tipo de delito).

Del mismo modo, el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, obtuvo una comisión de casi 300.000 euros por proporcionar a la empresa Priviet las mascarillas que necesitaba para cumplir con un contrato valorado en 1,5 millones de euros que había firmado con la Administración que preside su hermana, sin que la Fiscalía viese tampoco problema alguno. Finalmente, ahora estalla este caso que afecta a la pareja de la presidenta desde 2021.

La relación sentimental entre González Amador y Ayuso, divorciada tras casarse en 2008, se conoció en mayo de ese año, cuando la revista Lecturas publicó unas fotografías robadas de ambos de vacaciones en Ibiza. Entonces, trascendió que el empresario era técnico sanitario, que estaba divorciado, y que tenía tres hijos. De esta manera, los presuntos delitos se habrían cometido cuando ya la pareja estaba formada, pues se corresponderían con las declaraciones hechas en 2021 y 2022 sobre los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. Desde finales de 2023, viven juntos. El verano pasado, la política sufrió un aborto espontáneo.

Las reacciones

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, consultado por este diario, ha preferido no hacer ninguna valoración del asunto por el momento, pero sí lo ha hecho la propia Ayuso, que ha admitido que conocía la investigación que Hacienda estaba llevando a cabo a su pareja y la ha desvinculado de su responsabilidad política. “Aquí no ha habido tratas, ni redes, ni nada. Cualquiera que ha sido autónomo y empresario sabe que hay inspecciones. Esto no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid”, ha asegurado durante su visita a Castelldefels (Barcelona). Además, Ayuso ha cargado contra los medios y contra el Gobierno central, de quienes asegura estar sufriendo una persecución constante: “Me consta que de La Moncloa están llamando a los medios para pedir más madera. Esto era algo que me esperaba. Desde hace cinco años vivo algo similar. Primero fue mi padre, luego mi hermano, mi madre, mis primos, mi barrio, mi expediente académico”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha intentado desligar de la polémica a la baronesa de su partido. “Si hay una inspección de la Agencia Tributaria que afecta a la pareja de la señora Isabel Díaz Ayuso, la pareja de Díaz Ayuso tendrá que responder ante la Agencia Tributaria”, ha dicho durante una entrevista en Onda Cero. “Que yo sepa, la señora Díaz Ayuso no tiene ninguna investigación en la Agencia Tributaria”, ha añadido.

Por su parte, la oposición ha pedido ya explicaciones a la presidenta de Madrid. “Ayuso debe aclarar urgentemente si el piso en el que vive lo pagó con dinero procedente del fraude fiscal”, ha reclamado Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid. “Mientras la gente se moría, su pareja hacía fraude fiscal para agrandar sus beneficios en 350.000 euros y su hermano se embolsaba 234.000 por contratar [en realidad lo hizo la empresa Priviet] con la Comunidad de Madrid”.

“Traslado mi confianza total en la justicia y en la agencia tributaria”, ha reaccionado Juan Lobato, el líder del PSOE en la Comunidad de Madrid. “Antes de pedir responsabilidades a la señora Ayuso, lo que le voy a exigir es que dé todas las explicaciones necesarias”, ha seguido. “Que nos diga si sabía o no algo de esto y de cómo ha podido beneficiarle, de cómo, por ejemplo, la compra de ese piso de un millón de euros ha podido realizarse en parte con dinero defraudado a todos los españoles”, ha añadido sobre la vivienda que hasta ahora ha compartido la pareja en el centro de Madrid. “Que nos explique si sabía o no algo de esto”.

Una línea argumental que también ha seguido Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. “Sanidad, educación, seguridad, dependencia… Servicios públicos a los que el liberalismo debilita y el fraude mata”, ha escrito en la red social X (antes Twitter). “Urgen las explicaciones de la presidenta: ¿lo sabía?”.

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