Feijóo confía en que las instituciones europeas paren los “despropósitos” de la ley de amnistía

La ley de amnistía avanza y al Partido Popular se le acaban los recursos, de ahí que hayan decidido intensificar su lucha en la UE contra la medida de gracia a los encausados del procés que han pactado PSOE, Junts y ERC. Este jueves, en el congreso de los populares europeos en Bucarest para entronizar a su candidata a presidir la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el caso Koldo, en el que la Audiencia Nacional investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia, y por su acuerdo de amnistía con los independentistas catalanes de Junts, y ha vuelto a pedir que Europa y su familia política le sostengan para luchar contra la medida. “Una mayoría creciente de españoles ven en el PP y en las instituciones europeas la garantía para parar estos despropósitos, hoy no podemos defraudarles”, ha pedido Feijóo. En paralelo, los populares confían en que los jueces españoles frenen la aplicación de la medida de gracia.

El presidente de los populares europeos, el alemán Manfred Weber, ha recogido el guante y ha acusado al jefe del Ejecutivo español de dejarse manejar por los independentistas y por el expresident catalán Carles Puigdemont, hoy eurodiputado y uno de los beneficiarios potenciales de la ley de amnistía. “Sánchez ha quedado reducido a una marioneta de Puigdemont”, ha clamado Weber, que ya tuvo un enganchón con el presidente español en diciembre, cuando Sánchez acusó al líder del PPE de amparar los pactos del PP con Vox y le preguntó si estaría de acuerdo con que en Berlín volvieran a ponerse los nombres de líderes del Tercer Reich en calles y plazas, como ha querido hacer Vox en España con personajes del franquismo.

“Hoy, un Gobierno europeo va a dejar impunes delitos gravísimos contra el corazón de la Unión Europea. Un Gobierno cada día más acorralado y más fácil de extorsionar por quienes ponen como precio el Estado de derecho, eso es la amnistía que el Gobierno de España está pactando en este momento con los secesionistas”, ha dicho Feijóo en español en su intervención en el plenario del congreso en Bucarest. “Todos los integrantes de la delegación española nos sentimos reconfortados al sabernos al abrigo de una Europa que no puede permitir que fructifiquen los ataques al Estado de derecho y a la independencia del Poder Judicial y que un primer ministro europeo consiga su puesto en la impunidad judicial”, ha añadido el presidente del PP.

Mientras insiste en la estrategia europea, en España el PP tiene la confianza puesta en la judicatura para que frene la aplicación de la norma. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, advirtió este jueves en lo que sonó como un aviso a navegantes que serán los jueces quienes tengan la última palabra sobre la puesta en marcha de la ley de amnistía, porque les corresponde a ellos decidir cómo se aplica y a quién puede beneficiar y a quién no. Los populares son conscientes de que los sectores conservadores de la justicia han dado muestras de su rechazo a la medida de gracia y de su malestar con el Gobierno. El pasado noviembre, centenares de jueces se manifestaron frente a los juzgados contra la norma. De hecho, la última enmienda transaccional pactada entre el PSOE, Junts y ERC para aprobar definitivamente la proposición de ley de amnistía, que se votó este jueves, está pensada para evitar que Carles Puigdemont quede fuera de la medida de gracia tras el proceso que sigue contra el expresidente catalán el Tribunal Supremo. El alto tribunal decidió la semana pasada abrir una causa penal contra el líder de Junts por terrorismo.

“A quien le corresponde aplicar la ley de amnistía es a los jueces y tribunales españoles”, destacó este jueves Cuca Gamarra en el patio del Congreso, “y no me cabe ninguna duda de que lo harán en el marco del Estado de Derecho”. “Les corresponde a ellos, no cabe la autoaplicación de la ley de amnistía, como hoy han pretendido aprobar a través de una exposición de motivos los impulsores de esta ley. Serán los tribunales españoles a quienes corresponda la aplicación dentro del principio de jurisdicción, que nadie puede derogar ni amnistiar”, subrayó a la pregunta de si el PP tiene expectativas en que la ley no se termine aplicando porque los jueces la frenen.

En su intervención en la Comisión de Justicia, la secretaria general de los populares insistió en sugerir que no es seguro que la ley de amnistía se aplique o al menos que beneficie a Puigdemont. “El Estado español, con toda su determinación, volverá a despertarles de esta ficción”, avisó a los grupos proponentes. “Nuestra legislación es plenamente europea. Se ajusta al Convenio Europeo de Derechos Humanos y nuestros tribunales la aplicarán directamente o plantearán las cuestiones que consideren oportunas tanto en los tribunales internos como en los de la UE. Al amparo de sus derechos pero también de los derechos de todos”.

El PP sabe que para que los tribunales europeos les den la razón es importante el informe de la Comisión de Venecia, cuyo primer borrador ha dejado algo frío al partido conservador, que reconoce que el Gobierno lo ha utilizado en su beneficio. Los populares esperan ahora que este organismo consultivo haga un dictamen final “más contundente” sobre la norma que el borrador ya conocido, según fuentes parlamentarias populares.

Los populares van a dar la batalla en la UE contra la amnistía, pero la Comisión Europea ―que ya ha dicho que analizará la medida tras las peticiones recibidas― solo se pronunciará cuando esté completa con las enmiendas que se aprueben y para velar que no contraviene los tratados europeos. El PP confía, como apuntó este miércoles el dirigente popular Esteban González Pons en Bucarest, en que el Tribunal de Justicia de la UE tumbe la medida, pero para eso hace falta un recurso. “La Comisión está analizando el borrador, seguimos en contacto con las autoridades españolas”, ha dicho un portavoz del Ejecutivo comunitario en Bruselas. “Lo analizamos muy cuidadosamente y seguimos la evolución. Concluiremos nuestro análisis una vez que sea adoptado el texto final por el Parlamento español, un proceso que está aún en curso”, ha añadido.

Ya el miércoles González Pons y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidieron ayuda por la ley de amnistía y reclamaron mano dura con el Gobierno español. “Pido al Grupo Popular Europeo que no haya compadreo con Pedro Sánchez, que ha vinculado al presidente del grupo [popular] con los nazis”, lanzó la presidenta madrileña ante cientos de delegados y ante Von der Leyen, la jefa del Ejecutivo comunitario que quiere repetir mandato y que tiene buena sintonía con Sánchez. “No se le puede blanquear nunca más”, añadió Díaz Ayuso.