Junts reivindica haber logrado una amnistía acorde a “los estándares europeos” y que burla el Código Penal español

Junts per Catalunya llevaba semanas instalado en el silencio y el secretismo, sin apenas declaraciones públicas de ningún cargo del partido, mientras han durado las negociaciones con el PSOE para perfilar el alcance de la ley de amnistía. Tan pronto como este miércoles se ha hecho público que ya existía un acuerdo formal con los socialistas y con Esquerra, Junts alzó la voz para reivindicar que sus demandas han terminado alumbrando “una ley integral, que incluye a todo el mundo y que es de aplicación inmediata”. El argumentario de Junts pone énfasis en la idea de que la prórroga de la negociación ha posibilitado avanzar dos meses los efectos la amnistía. Se aplicará desde el 1 de noviembre de 2011 en lugar de hacerlo a partir del 1 de enero de 2012, que era la vigencia que tenía asignada en el redactado inicial. La intención es asegurar el alivio judicial también para los encausados por el Tribunal de Cuentas. Además, “incluye los delitos de terrorismo y de traición adaptados a los estándares europeos y no al Código Penal español”. Esta era una exigencia crucial de Junts, toda vez que fundamentó sus recelos sobre la eficacia de la amnistía en las maniobras judiciales relacionadas con los casos Tsunami y Volhov, donde se investiga la posible relación de Carles Puigdemont con un caso de terrorismo y alta traición al Estado.

La idea, precisan desde Junts, es esquivar las disposiciones del Código Penal español y adoptar el marco legal europeo para determinar qué delitos de terrorismo entran en la amnistía. Sobre el papel, este mecanismo permite limitar la capacidad de intervención de jueces como Manuel García-Castellón, al que Junts le atribuye una concepción elástica del concepto terrorismo. Se circunscribe este tipo de delito a aquellos supuestos que “hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, que aluden al derecho a la vida y a la prohibición de la tortura, respectivamente.

Tras su negativa a votar la amnistía en la primera ronda en el Congreso, el pasado 30 de enero, los negociadores de JxCat, con Míriam Nogueras a la cabeza, han tratado de introducir retoques en el texto legal con una doble finalidad: presentar una ley que incluya más garantías para los procesados por causas judiciales vinculadas al procés, y poder desmarcarse de la ley que Esquerra dio por buena hace cinco semanas. El acuerdo de este miércoles fue anunciado con un recado para los republicanos: “Gracias a que Junts aguantó la posición y votó que no, hoy tenemos una ley con garantías y hemos podido incorporar en la ley todas las mejoras de la Comisión de Venecia”. El borrador del dictamen del organismo dependiente del Consejo de Europa, hecho público esta semana, se pronuncia sobre la proposición de ley de amnistía a los encausados del procés y encuentra aspectos positivos en la norma, como el objetivo de “reconciliación política”.

Sellado el pacto político para aprobar la amnistía, Junts lanza un mensaje al poder judicial: “Los jueces que no quieran aplicar esta ley tendrán que prevaricar”. La formación insiste en que el nuevo redactado cumple con la expectativa que ha generado con su estrategia política: “Nos comprometimos a lograr una amnistía integral, una amnistía que no deje a nadie fuera, y votaremos una amnistía integral y que no deja a nadie fuera”.