La fiscal de Extranjería: “Puedes alejar la frontera, pasar el problema a otro país, pero la inmigración seguirá”

Beatriz Sánchez asumió el cargo de Fiscal de Sala de Trata de Personas y Extranjería en mayo de 2022 y apenas un mes después se produjo la tragedia de Melilla en la que al menos 23 personas murieron intentando entrar en España. Sánchez asumió unas diligencias que acabó archivando porque no encontró indicios de delito en la conducta de los agentes españoles. Contundente en su defensa de que su trabajo debe sustentarse en las pruebas, recuerda también lo duros que fueron aquellos meses. “Desde el punto de vista humano, fue desgarrador tratar con personas que han sufrido tanto para llegar hasta aquí. Tuve que parar algún interrogatorio porque se echaban a llorar”, recuerda al finalizar la entrevista. Desde entonces, multitud de episodios requieren su atención, aunque Sánchez tiene una verdadera vocación: la lucha contra la trata, a la que llama la esclavitud del siglo XXI. “La identificación de víctimas quizá no parece muy alta, pero que exista una sola persona víctima de trata de seres humanos ya es terrible”, defiende.

Pregunta. Ha estado esta semana en el aeropuerto de Barajas para comprobar la situación de los solicitantes de asilo. ¿Qué ha visto?

Respuesta. [Resopla] Es una pregunta complicada. Cuando he ido, la presión ya había bajado respecto a días anteriores y no había hacinamiento, pero las condiciones son claramente mejorables. No puedo dar más detalles porque aún tengo que remitir un acta a la Fiscalía General del Estado, pero lo que le puedo decir es que las condiciones actuales solo son admisibles si se trata de momento crítico y urgente. Pero situaciones como esta pueden repetirse. Creemos que tienen que existir unas instalaciones dotadas adecuadamente que puedan ser, por ejemplo, modulables, para estar preparados para cuando vuelva a pasar.

P. España, país receptor de inmigración irregular hace más de 30 años, parece tener una crisis migratoria tras otra. Y, a veces, no es tanto por el número de personas, sino por la respuesta que damos…

R. España, por su posición geográfica, va a seguir teniendo una presión migratoria importante procedente de África y también de países iberoamericanos. Esto va a ser una constante y se deben adoptar medidas con carácter de continuidad que garanticen la dignidad y los derechos fundamentales de los inmigrantes en general y en particular de los solicitantes de asilo. Decir que hay que proteger a los inmigrantes es impopular, pero es que el verdadero problema migratorio no es, como dicen algunos, que quieran venir a invadirte, sino la situación en la que se encuentran algunos países que viven en la riqueza en comparación con otros, que viven en una absoluta pobreza. No se puede negar algo que va a seguir sucediendo y la única solución posible es adoptar medidas en los países de origen desde un punto de vista de justicia y no de mera beneficencia. Puedes alejar la frontera, puedes pasar el problema al siguiente país pagándole, dándole medios, pero el problema seguirá, porque la gente no tiene nada que perder si sus países no les ofrecen futuro.

P. No le veo muy a favor de la política migratoria europea de externalizar fronteras.

R. Obviamente no.

P. Junts ha vuelto a agitar el debate de la inmigración en Cataluña y apuesta, entre otras cosas, por la expulsión de multirreincidentes. ¿Qué le parece este planteamiento?

R. Primero tengo que leer cuál es la propuesta, pero creo que nuestra ley y nuestro Código Penal ya prevén las situaciones en las que una persona puede tener sustituida su pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional. Y eso es inmodificable por una comunidad autónoma.

Emparejar la inmigración con la delincuencia. Es una premisa que a mí me parece errónea e inaceptable.

Beatriz Sánchez

P. ¿Pero se están ejecutando esas expulsiones? ¿Por qué en Cataluña se identifica como un problema?

R. Nosotros tenemos la obligación de solicitar, cuando procede, la sustitución de pena por la expulsión. Pero tienen que cumplirse unos requisitos muy tasados, por ejemplo, en el caso de extranjeros residentes. O que se hayan cometido delitos muy concretos en el caso de ciudadanos comunitarios. El porqué no se ejecutan expulsiones en el porcentaje que se debería es porque no se les puede documentar a través de sus países de origen. Durante años, Cuba, por ejemplo, no ha aceptado la devolución de sus nacionales, así que es evidente que este asunto, no solo depende de la decisión de un juez, ni siquiera de las autoridades competentes. En cualquier caso, se está trasladando a la sociedad un concepto equívoco, el emparejar la inmigración con la delincuencia. Es una premisa que a mí me parece errónea e inaceptable.

P. ¿Hay datos que sostengan o desmonten esa percepción?

R. Los datos son siempre sesgados dependiendo de cómo se utilicen y hay que tener en cuenta múltiples variables. En cualquier caso, no hay datos para poder afirmar bajo ningún concepto que entre los inmigrantes hay una mayor incidencia en la comisión de conductas delictivas.

P. Tras la derivación de miles de migrantes de Canarias a la Península, han aparecido cientos de supuestos menores en centros de adultos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Dónde se falla?

R. La deficiencia está sencillamente en los medios que se tienen para poder hacer una buena valoración inicial desde el momento que llegan. Necesitamos medios humanos y también técnicos que permitan hacer un diagnóstico provisional ante las dudas, porque en muchas ocasiones vienen en una situación de tal deterioro físico que les hace parecer mayores y a la semana te das cuenta de que son verdaderamente niños. También se necesitan establecimientos más adecuados para que estas situaciones se puedan detectar con mayor facilidad. El hacinamiento, tener a personas en naves, en lugares que no permitan un tratamiento individualizado, dificulta la gestión. Es toda una cadena que requiere recursos ingentes y un compromiso de Europa.

P. España lleva 15 años sin regular su ley de asilo, ¿hay que promover una nueva ley?

R. Obviamente. Han pasado muchos años y la evolución del fenómeno migratorio es evidente debido a muchísimas causas y circunstancias y, además, hay una cuestión fundamental y es que no se ha traspuesto la directiva comunitaria. Hay que atender las nuevas realidades que se están presentando y contemplar nuevas vulnerabilidades, como las crisis provocadas por el cambio climático.

P. ¿Y le consta que se esté trabajando en ello?

R. No me consta. Pero estoy convencida de que son conscientes de la necesidad, lo que pasa que el panorama parlamentario a veces no permite el abordaje de determinadas normas.

P. Usted investigó la tragedia de Melilla y no encontró ningún indicio de delito en la actuación de las fuerzas de seguridad españolas…

R. Yo como fiscal archivo porque lo único que valoro es la actuación de los agentes españoles. Y no pude acreditar, con todas las diligencias que se practicaron, que la actuación de la Guardia Civil, que estaba en el otro lado de la valla y que no veía lo que estaba pasando en el interior del puesto fronterizo, fuese delictiva. El único extremo que se apreció y se puso en conocimiento de las autoridades, para que se adoptaran las medidas necesarias, es que algunos de estos agentes tiraron piedras, aunque no se acredita que dieran a nadie.

Obviamente, hay que promover una nueva ley de asilo

Beatriz Sánchez

P. Esto podía ser objeto de expediente disciplinario, ¿lo ha sido?

R. Lo ha sido, pero ha terminado sin sanción.

P. En su decretó avaló los 470 rechazos en frontera, mientras que el Defensor del Pueblo los consideró ilegales por ser colectivos y no tener en cuenta las circunstancias individuales. ¿Por qué siguen existiendo tan diferentes criterios jurídicos sobre el mismo hecho?

R. Este es procedimiento que está legalmente establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por el Tribunal Constitucional. Lo que a mí me dicen todos los agentes de la Guardia Civil y de la Policía a los que tomé declaración, es que en el interior del puesto fronterizo había un funcionario marroquí y otro español, y que fueron entrando uno a uno y que se que se hizo un diagnóstico en ese momento de la situación de vulnerabilidad. Y ninguno entraba en los supuestos que prevé la ley como excepcionales. Y no tengo ningún dato, ni testimonial ni videográfico, que me indique lo contrario. Yo puedo tener sospechas de lo que sea, y no me refiero específicamente a este caso, pero yo tengo que ir a un tribunal con pruebas.

P. Que en este caso son los testimonios de los propios agentes de la Guardia Civil.

R. Y las imágenes, que no me dicen lo contrario. Yo no veo pasar a 50 personas a la vez [para considerarlo una expulsión colectiva].

P. Se devolvió a casi 500 personas en cuestión de horas

R. Fueron seis meses de trabajo exhaustivo. Cada uno puede tener una opinión al respecto, pero de lo que se trata es de tener pruebas. No es lo mismo lo que puede decir el Defensor del Pueblo, que lograr las pruebas para mantener una acusación. Uno puede ver conductas que son reprochables socialmente, pero que no son delictivas. Y a veces hay que tener la valentía de decir que algo que parece tan inadecuado no tiene un encuadre en ninguna conducta delictiva. Esta fue una investigación honesta y quien conoce mi trabajo sabe que me caso con poca gente.

P. En su decreto también afirmó que era necesario abrir vías para pedir asilo, como las peticiones en delegaciones diplomáticas Ha pasado ya más un año y medio de aquel suceso y no ha cambiado nada. Hay un superviviente de esa tragedia que lleva un año esperando a que su petición de asilo en la embajada de Rabat sea atendida. ¿Qué hace falta para que este mecanismo se tome en serio?

R. No se ha mejorado. Yo puse de manifiesto que varias de estas personas, como se acreditó posteriormente, tenían derecho a protección internacional. Es un problema y se pueden adoptar medidas que eviten que la gente tenga que saltar una valla. Pero tenemos unas políticas migratorias que no diseño yo. Como todo ciudadano, tenemos nuestra opinión al respecto, pero el porqué no se adoptan medidas creo que tiene que preguntárselo al Ministerio del Interior.