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El Defensor del Pueblo apunta “trato degradante” a los solicitantes de asilo de Barajas

Es la misma observación que se hizo en el puerto grancanario de Arguineguín, donde se hacinó a cientos de migrantes en 2020. La institución pide a Aena que se coordine con Policía, la Oficina de Asilo y Migraciones para ofrecer una acogida digna

María Martín
Solicitantes de asilo Madrid
Solicitantes de asilo en una de las salas de Barajas el pasado 17 de enero.

Pasan los días, los meses, se improvisan medidas, pero la situación de las personas que piden asilo en el aeropuerto Madrid-Barajas continúa siendo indigna y problemática. El último toque de atención ha venido, una vez más, del Defensor del Pueblo que, en su visita del pasado 19 de enero a las salas en las que se hacinan los solicitantes de asilo, comprobó, entre otras cosas, que mujeres y niños duermen en colchonetas en el suelo y que se ven obligados a comer en el suelo por la falta de mobiliario. “La única ducha se encuentra fuera de servicio desde hace dos semanas, carecen de kits de higiene básicos y de material de higiene femenino”, señala en su última resolución publicada este martes. Tampoco tienen acceso a un teléfono para comunicarse con sus familias, abogados o el propio defensor. “Pasé 16 días sin cepillo de dientes, sin teléfono, durmiendo en el suelo. Había muchísima suciedad”, contaba a EL PAÍS una madre colombiana con dos niños de tres y ocho años. “Me vino la regla y estuve cuatro días sangrando con solo dos compresas”, explicó. La institución, cuyos técnicos llevan visitando las salas desde julio, considera ahora que se podría estar sometiendo presuntamente a estas personas “a un trato degradante, menoscabando su integridad moral”. Es la misma observación que hizo en 2020 tras visitar el muelle grancanario de Arguineguín en 2020, el símbolo de la deficiente gestión de la crisis migratoria en Canarias.

El Defensor ha reclamado medidas a los responsables de poner orden en el caos que ya empezó a gestarse en verano. La institución pide a todos los departamentos y ministerios competentes que se coordinen para garantizar a los solicitantes el derecho a la integridad física y moral y la protección de su salud, el tiempo que permanecen en el aeropuerto. Ángel Gabilondo también demanda a AENA que colabore para encontrar soluciones, pues gestiona y mantiene las instalaciones donde se encuentran las salas de asilo e inadmitidos del aeródromo madrileño. Gabilondo también reclama a la Policía que autorice la entrada excepcional en territorio por razones humanitarias a los perfiles más vulnerables y ha reiterado al Ministerio de Migraciones, departamento al que esta crisis le está pasando de perfil, que debe coordinarse con Policía para garantizar que los solicitantes a los que se les deje entrar en territorio tengan citas para pedir asilo en la provincia en la que sean alojados. Tanto AENA como Migraciones consideran que el asunto no es de su competencia.

El caos en Barajas viene de largo. Ya en verano empezó a detectarse un repunte de viajeros que utilizaban su escala en España para pedir asilo e intentar entrar en territorio español. Primero, fueron refugiados somalíes que lograban llegar a Madrid tras comprar un pasaporte de Kenia, país al que hasta el 20 de enero no se le exigía un visado de tránsito para hacer escala en aeropuertos españoles. Los centenares de somalíes que utilizaron esta fórmula para poder pedir protección ya dispararon la alertas de las autoridades y se dieron los primeros problemas de hacinamiento. Más tarde, Barajas se convirtió en un destino atractivo para más personas queriendo emigrar sin subirse a una patera. Senegaleses, marroquíes, mauritanos, nepalíes... empezaron a desfilar ante los policías para pedir asilo. La falta de agentes para hacer las entrevistas necesarias para decidir si la petición se acepta a trámite dilató todos los plazos, que pasaron de días a semanas, y la gente empezó a acumularse. El 22 de diciembre tres jueces pidieron a al policía y al Ministerio del Interior “medidas urgentes” para acabar con el hacinamiento. “El aumento de llegadas al puesto fronterizo ha provocado un empeoramiento de las condiciones de habitabilidad de las salas, un hacinamiento sin precedentes y un deterioro de los estándares de higiene y salubridad mínimos”, mantiene el Defensor del Pueblo.

Los números son inéditos, pero deberían ser manejables en un aeropuerto que aspira a recibir 90 millones de pasajeros en 2031. Solo en el mes de enero se han tramitado 864 solicitudes de protección internacional y se ha devuelto a 108 personas, según datos facilitados por Interior. En las salas se han llegado a hacinar 400 personas. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), que lidera las denuncias contra las condiciones en las que trabajan los agentes, mantiene que hay personas de Malí (con un claro perfil de refugiado) que están allí encerrados desde el 5 de enero.

El Gobierno fue tomando medidas, pero la situación no mejora o, como refleja, el defensor, “ha empeorado de forma ostensible”. Hace una semana, Cruz Roja que prestaba asistencia a los recién llegados y se ocupaba de la limpieza, renunció a seguir trabajando en el aeropuerto. “Es urgente que se habilite un espacio adecuado y en condiciones dignas”, mantienen en el Defensor del Pueblo. El número de personas que se encuentran a la espera de esta decisión (que se resuelva su petición de asilo ) es tan importante que se comprende las dificultades existentes para atender adecuadamente sus solicitudes. Y aunque se les presta atención con la máxima dedicación, esta resulta insuficiente para dar una respuesta adecuada a todas y cada una de esas personas”, añade.

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Este martes se ha abierto una cuarta sala (aún sin ducha) para los solicitantes en la terminal 1 que puede albergar a 162 personas. La limpieza corre a cargo ahora de la Dirección General de la Policía. Interior ha reforzado el personal y ahora hay 54 policías cubriendo los diferentes turnos. Hay, sin embargo, solo dos funcionarios de la Oficina de Asilo (antes no había ninguno) que coordinan y apoyan a los agentes, pero que no realizan entrevistas. En paralelo, Interior y Exteriores buscan cómo “evitar el uso fraudulento de las escalas en Madrid con destino a países que no requieren visado de entrada y que son utilizadas para tratar de entrar en España de manera irregular”. Primero le impusieron un visado de tránsito a Kenia, el pasado 20 de enero, y, el próximo 19 de febrero, se aplicará a Senegal. Se descarta, de momento, una medida similar con Marruecos, a quien sí se le ha pedido que refuerce los controles de los vuelos que salen de Casablanca con destino a España. Y, aunque de esto no se hace publicidad porque las autoridades consideran que ejerce un “efecto llamada”, se ha empezado a autorizar la entrada en territorio de los perfiles más vulnerables (mujeres, familias con niños...).

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Sobre la firma

María Martín
Periodista especializada en la cobertura del fenómeno migratorio en España. Empezó su carrera en EL PAÍS como reportera de información local, pasó por El Mundo y se marchó a Brasil. Allí trabajó en la Folha de S. Paulo, fue parte del equipo fundador de la edición en portugués de EL PAÍS y fue corresponsal desde Río de Janeiro.
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