Dos pinganillos y 10 teléfonos móviles para copiarse en las últimas oposiciones de Prisiones

Domingo 4 de febrero. 9.30 de la mañana. Aula 16 de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. Parte de los 10.182 opositores que aspiran a hacerse con una de las 726 plazas de ayudantes de Instituciones Penitenciarias que oferta el Ministerio del Interior llevan cerca de media hora haciendo la primera de las pruebas, un examen de tipo test con 120 preguntas. De repente, el silencio de la sala es roto por una voz que va dando las respuestas correctas a las preguntas: “44 C, 45 A...” El consiguiente revuelo se incrementan cuando los encargados de controlar el desarrollo de la prueba se dirigen hacia el supuesto origen de la alocución y piden a una joven que está haciendo el ejercicio que abandone el aula. La expulsada lleva un pequeño pinganillo en la oreja oculto bajo el pelo que, al desconectarse del teléfono móvil que también lleva irregularmente, es el que ha provocado que el altavoz de este últimos dispositivo se activara y se oyera las respuestas que alguien le iba dictando desde fuera.

El revuelo continúa durante unos minutos más al detectarse que ella no es la única que, presuntamente, está haciendo trampas. También se echa del aula a otras personas que portan teléfonos móviles pese a la prohibición. En total, una docena de personas ―dos por estar usando pinganillos y otras 10 por tener encendidos sus móviles― se les interrumpe el examen y son obligados a abandonar las aulas durante la jornada, según confirman fuentes de Instituciones Penitenciarias. La pruebas se celebraron en Madrid (donde concurrieron 9.655 candidatos) y Las Palmas (donde fueron 527).

El incidente ha provocado un alud de críticas por parte de los opositores. A través de la red social TikTok se ha difundido un vídeo de menos de un minuto sobre lo que se califica de “escándalo”. Los chats de aplicaciones de mensajería instantánea utilizados por los que se han presentado al examen también han servido para mostrar, en los últimos días, su malestar por lo ocurrido. “Ha sido un desastre”, se quejaba una de las opositoras a través de un audio de voz en el que apuntaba que había perdido la concentración e, incluso, se había puesto a llorar por lo ocurrido. “Ha venido una del tribunal y me ha dicho, ‘no te preocupes, puede ser que se anule el examen’. [...] Ha sido todo loco, de película”, añadía al describir su experiencia.

Uno de los sindicatos de prisiones, Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), difundía este martes una nota de prensa en la que criticaba la “mala organización” de las pruebas con un “retraso importante” en el inició de las mismas, así como las supuestas desigualdades en el desarrollo del examen según el aula al permitirse en algunas portar el móvil “en modo avión [sin posibilidad de recibir tráfico de datos]” y usarlo durante los descansos, y en otras estuviera prohibida tenerlos. Este sindicato también hace referencia al incidente del pinganillo. “El revuelo formado en ese momento fue, como es de imaginar, de gravedad, provocando en los allí presentes desconcentración pérdida de motivación (llegando a dudar sobre seguir o no haciendo el examen), así como desconfianza en la limpieza del proceso e incertidumbre al no saber nunca cuántos de ellos habrán conseguido superar la prueba de esa manera”. TAMPM reclama a Interior adoptar en el futuro medidas, como la obligación de que los opositores que tengan el pelo largo se lo recojan para que no puedan ocultar artilugios de escucha en las orejas y la retirada de todos los teléfonos móviles.

Este miércoles, y tras publicar EL PAÍS el suceso, otras tres organizaciones sindicales ―ACAIP-UGT, CSIF y CGI― hacían público un comunicado en el que exigían al máximo responsable de Instituciones Penitenciarias la convocatoria de una reunión para que les diera “explicaciones sobre los hechos acaecidos” y las medidas que se vayan a adoptar. En el texto, los tres sindicatos, que denuncian un supuesto “hermetismo” de Interior, incidían en que este tipo de sucesos dañan “la imagen de la institución”.

No es la primera vez que las oposiciones al cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias se ven envueltas en la polémica. En enero del año pasado, los sindicatos de funcionarios mostraron su malestar por el enunciado de dos supuestos prácticos del examen realizado unas semanas antes al considerar que atentaban contra su imagen de estos por reflejar casos ficticios en los que cometían delitos. En uno de ellos se planteaba a los aspirantes una situación en la que el trabajador traficaba con droga dentro de la cárcel. El segundo describía un episodio de malos tratos a una reclusa. Entonces, los sindicatos reclamaron a Interior que para el futuro se redactaran supuestos prácticos sobre régimen disciplinario “que no supongan un nuevo intento de manchar la imagen del colectivo”.