Polémica por dos preguntas de la oposición de Prisiones

El enunciado de dos supuestos prácticos de la reciente oposición convocada por el Ministerio del Interior para cubrir 1.850 plazas del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias ha provocado un fuerte malestar entre los sindicatos de los funcionarios de prisiones al considerar que atenta contra la imagen de estos por reflejar casos ficticios en los que cometen delitos. En uno de ellos se planteaba a los aspirantes una situación en la que el trabajador trafica con droga dentro de la cárcel. El segundo describe un episodio de malos tratos a una reclusa, según los textos de las pruebas a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Fuentes de Instituciones Penitenciarias recuerdan que el proceso selectivo aún está abierto y declinan entrar a valorar estas críticas.

La prueba, realizada el pasado 18 de diciembre, planteaba a los aspirantes a funcionarios de prisiones 10 supuestos prácticos a partir de los cuales tenían que responder una serie de preguntas técnicas relacionadas con ellos. Los que han provocado el malestar entre los sindicatos eran el segundo y el séptimo de la prueba escrita. En el primero, el texto describe el cacheo por parte de funcionarias a una reclusa a la que se le requisa un teléfono móvil. Tras ello, el ejercicio recoge que la presa empuja a una de las trabajadoras “y se niega a entrar en la celda, adoptando una posición defensiva con los puños en alto”, por lo que tiene que ser reducida y esposada con las manos a la espalda.

“Al levantarla para trasladarla al departamento de aislamiento, una de las funcionarias le propina a la interna un golpe con la rodilla a la altura del pecho cuando ya no oponía resistencia”, añade el texto. La pregunta que inmediatamente después se plantea a los opositores que especifiquen “cuántos medios coercitivos, aplicados de conformidad a la legalidad vigente, han sido utilizados”, y les da cuatro posibles respuestas: uno, dos, tres o cuatro.

El segundo plantea el caso de la madre de un recluso que denuncia que un funcionario del centro penitenciario de Madrid V, en Soto del Real, ha introducido en el penal sustancias estupefacientes “destinadas al consumo de los internos”. El texto describe que la mujer, “ante su preocupación, y asesorada por el letrado del interno, interpone una denuncia contra el funcionario solicitando” ante Instituciones Penitenciarias que lo sancione y, posteriormente, ante un juzgado, por lo que el trabajador es detenido e ingresa en prisión. En el ejercicio se planteaba a los opositores si la madre tenía capacidad para presentar denuncia ante Interior y en qué situación administrativa quedaba el funcionario tras su encarcelamiento.

No es la primera vez que los supuestos planteados en la oposición de Prisiones plantean casos ficticios de ilícitos cometidos por funcionarios, según ha podido constatar este diario tras analizar los ejercicios de los tres años anteriores. En las pruebas de 2019 se recogía el supuesto de un funcionario que ofrece a reclusas determinados beneficios penitenciarios a cambio de que acepten mantener relaciones sexuales cuando salgan de permiso. Al año siguiente, uno de los ejercicios aludía al chantaje sexual de un trabajador penitenciario a una reclusa, a la que presiona con la amenaza de cambiarla de destino en prisión. Y en la oposición de 2021 se recogía el supuesto caso de un funcionario que introduce en la cárcel objetos prohibidos, entre ellos un teléfono móvil, para entregárselos a un recluso.

Sin embargo, han sido las preguntas de la oposición de diciembre pasado las que han provocado las críticas más airadas de los sindicatos, que mantienen desde hace años un enquistado enfrentamiento con Interior. Las organizaciones acusan al ministerio de no atender sus reivindicaciones laborales, entre ellas que se les dé la consideración de agentes de la autoridad, una antigua aspiración del colectivo por la que se agravarán las penas para aquellos que atenten contra su integridad y que dará a su testimonio presunción de veracidad. Este año hay elecciones sindicales para renovar a los representantes de los funcionarios de prisiones.

“Visión distorsionada”

Para Francisco Llamazares, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), las polémicas preguntas de la oposición “trasladan una visión distorsionada y fuera de la realidad” sobre los trabajadores penitenciarios. Llamazares acusa a “los responsables de elaborar dichas preguntas” de desconocer la normativa interna y las leyes. En la misma línea, Jorge Vilas, responsable nacional de Prisiones de la CSIF, tilda los textos de “nueva falta de respeto” de Interior hacia los funcionarios. “Existen miles de posibilidades de redactar supuestos prácticos sobre régimen disciplinario que no supongan un nuevo intento de manchar la imagen del colectivo”, señala Vilas, quien considera que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias “no cumple con su obligación de velar por la buena imagen pública de sus trabajadores”.

ACAIP-UGT, el sindicato mayoritario entre los funcionarios, elevó dos días después del examen una queja al ministro Fernando Grande-Marlaska en la que exigía que “no vuelva a repetirse una situación tan indeseada” y pedía adoptar medidas para que “los funcionarios integrantes de tribunales de oposición a los cuerpos de Instituciones Penitenciarias se formen convenientemente para la redacción de cada uno de los ejercicios”.