Un juez tumba el intento del PP de mantener viva la acusación contra la exalcaldesa de Maracena y su concejal

El secuestro de la concejal de Maracena (Granada) en febrero de 2023 perdió el pasado nueve de enero todos los flecos políticos que se le habían ido colgando durante la instrucción —hasta tres presuntos casos de corrupción municipal y la implicación del exalcalde, alcaldesa y un concejal como inductores del delito— para quedarse en un presunto caso de detención ilegal sin más aditamentos. En el auto que reducía el caso a eso, el juez impedía al Ayuntamiento personarse como acusación particular “por carecer de legitimación”. Pero el consistorio, en un intento de mantener viva esa vía política, recurrió esa falta de legitimación y pidió volver a ser parte del proceso. “¿Y si se acaba demostrando que la detención de Vanesa Romero fue fruto de la corrupción urbanística, sea de la gasolinera Repsol o cualquier otro asunto?”, dice el recurso. El juez ha dictado esta semana un auto en el que, haciendo referencia a una decisión de la audiencia provincial previa, despacha en una línea esa pretensión: “No ha lugar a la personación interesada”, dice, en un auto contra el que aún se puede interponer recurso de reforma.

En noviembre de 2023, la Audiencia Provincial dictó que no existía ninguna razón para seguir investigando a los políticos involucrados tampoco ni ningún caso de presunta corrupción política. En su auto de hace unos días, el titular del juzgado de Instrucción 5 de Granada, Josep Solá Fayet, hace suya esta consideración y asume por ventilado la derivada de la corrupción. Esto último es algo que se deriva de unos documentos que la concejal secuestrada, Vanesa Romero, llevaba en su vehículo el día del secuestro. Según contó ella en su declaración judicial, eran expedientes municipales que consideraba podrían demostrar tejemanejes por parte de los responsables municipales. La Audiencia resolvió que “las conclusiones policiales [que dejaban ver que podía haber corrupción] están basadas en el parecer del Instructor. Son suposiciones o sospechas obtenidas en exclusiva de las declaraciones de la Sra. Romero”.

Por otro lado, sobre una presunta participación en el secuestro del exalcalde de la localidad y hasta esta semana número tres del PSOE andaluz, Noel López, de la entonces alcaldesa Berta Linares y de su concejal, el juez Solá determinaba hace algo más de dos semanas que tras una “exhaustiva y minuciosa práctica de diligencias” para verificar o no el relato del secuestrador confeso, que mencionó una cita entre esos tres políticos y él mismo donde surgió la idea del secuestro, no existía ningún indicio “que corrobore o ampare siquiera de forma mínima” esa reunión fundacional.

Con esas trazas, y todo reducido a un secuestro, el Ayuntamiento no tenía parte en el asunto, concluyó el juez. Pero el alcalde, Julio Pérez (PP), no lo ha visto así y ha recurrido esa falta de legitimación. El consistorio maracenero, gobernado desde las últimas elecciones municipales por el Partido Popular gracias a una coalición con tres partidos locales, ha contratado para su recurso al despacho madrileño Bárbara Royo abogados.

En un escrito especialmente duro contra el juez, la abogada Royo García escribe que frente a la opinión del juez el Ayuntamiento no está legitimado en la causa, “muy al contrario, está legalmente legitimado. La explicación es de extraordinaria simpleza”. Y, a pesar de ser un asunto zanjado por el juez, continúa “en el caso de que Doña Berta Linares Carmona y Don Antonio García Leyva hubiesen presuntamente inducido a Don Pedro Gómez Rosa (el secuestrador confeso) a asaltar y detener ilegalmente a Doña Vanesa Romero Urbano por razones vinculadas directa e incuestionablemente con su labor como alcaldesa y concejal del ayuntamiento de Maracena, es claro y manifiesto que el consistorio tiene legitimidad absoluta para personarse en las presentes diligencias. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. No se puede entender la totalidad de los aspectos de la detención ilegal si eliminamos al Ayuntamiento de Maracena de la ecuación”.

En su escrito, y sin aportar nuevas pruebas, la abogada insiste en que existe un delito urbanístico detrás del secuestro y que por tanto, el secuestro está “vinculado, qué duda cabe, con su labor como alcaldesa y concejal del Ayuntamiento de Maracena”. Bárbara Royo García se queja también en su recurso de que al dejar fuera al Ayuntamiento como acusación se le impide recurrir el sobreseimiento de Berta Linares y Antonio García Leyva. Según su escrito, “las pesquisas encabezadas por la Guardia Civil no están conclusas” —el juez abrió un procedimiento abreviado para agilizar el juicio por secuestro por lo que es posible que existan asuntos por investigar sobre esta parcela aunque no existe más investigación en el resto de flecos— “y, por tanto, el sobreseimiento libre, que actúa como cosa juzgada, dicho con todo el respeto en el uso del ejercicio de defensa, nos parece de un precipitado atrevimiento incomprensible, por no calificarlo de otra forma”.

Uno de los afectados, Antonio García Leyva, concejal socialista de Urbanismo en el momento del secuestro y ahora en la oposición municipal, ha explicado a EL PAÍS que “todo lo ocurrido en estos meses tiene una línea argumental muy bien organizada para sacarnos del gobierno municipal. Primero, tuvimos un linchamiento mediático muy grande, sobre todo por algunas personas que se cebaron en sus programas de televisión contra nosotros, sin dar una mínima opción a la presunción de inocencia”, continúa, “y ahora resulta que el Ayuntamiento, para mantener vivo un caso que ya no se sostiene, da de lado al letrado municipal y contrata a una abogada madrileña que, además, es pareja de uno de los presentadores de esos programas que tanto nos atacaron. Qué extraña casualidad”. Y concluye, “lo cierto es que la justicia ha determinado ya que este asunto no tiene más recorrido, diga lo que diga el Ayuntamiento”.

La exalcaldesa denuncia al marido y hermano de la concejal retenida

Berta Linares, la exalcaldesa de Maracena, ha presentado sendas denuncias por amenazas contra el marido y el hermano de Vanesa Romero, la concejal retenido por Pedro Gómez, expareja de Linares en febrero del año pasado. Según ha relatado Linares ante la Guardia Civil de su localidad, el viernes pasado a las cinco de la tarde, cuando acudía a recoger a sus hijas al colegio donde estudian, se acercó a ella el marido de la exconcejal. Berta Linares acusa a este de golpear el coche donde esperaba a las niñas, que presenciaron la escena, mientras le gritaba “hija de puta, baja la ventanilla”. Según Linares, esta no es la primera vez que el marido de Romero la acosa de esa manera. Además, añade en la denuncia, hace un par de meses, cuando ella cruzaba una calle, “el denunciado que iba montado en su coche, aceleró con la clara intención de atemorizarla”.

Horas después de esas presuntas amenazas, Linares recibió un mensaje de Whatsapp desde el teléfono del hermano de Vanesa Romero. Según describe la denuncia, en el mensaje se podía leer “Tic toc”, “Solo tiempo”, “Yo estoy aquí”, “Judas 14.30 Versículo 15″. Esto alude a la idea de que, según la Biblia, los pecadores e impíos pagarán finalmente su culpa. En un segundo mensaje, que borró, Linares explica que le escribió “Te vas a cagar”.