Robles y Albares discreparon sobre la participación de España en la misión de la UE en el mar Rojo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, fue tajante el pasado jueves en el Congreso: “España en ningún caso va a vetar [la misión de la UE en el mar Rojo], una misión que aún no está definida, pero ha dicho desde el principio que no va a participar”. Mucho más cauto se ha mostrado su colega de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien en los últimos días se ha limitado a subrayar que “no se prevé la participación” de España en esta misión y que nuestro país “no tiene por qué participar” en la misma, lo que no significa que no pudiera llegar a hacerlo en el futuro.

La diferencia es de matiz, pero refleja la distinta posición de los responsables de Defensa y Exteriores ante una de las misiones militares más comprometidas a las que se ha enfrentado la UE: el despliegue de una flota de guerra para proteger a los buques que navegan por el mar Rojo de los ataques de las milicias hutíes, aliadas de Irán, que controlan buena parte de Yemen.

El asunto empezó con mal pie: el secretario de Estado de Defensa, Lloyd Austin, anunció el 19 de diciembre en Baréin, cuartel general del mando estadounidense en la región, el lanzamiento de una operación militar en el mar Rojo, denominada Guardián de la Prosperidad, en la que participarían una docena de países, incluida España. Robles, a quien nadie le había consultado, no ocultó su enojo. Replicó que España es “soberana para tomar sus decisiones” y anunció que no participaría en una misión de ese tipo “de forma unilateral”; dejando abierta la puerta a hacerlo en el marco de la OTAN o la UE.

La condición impuesta por Robles pareció cumplirse al día siguiente, cuando el alto representante de la UE, Josep Borrell, convocaba una reunión extraordinaria del Comité Político y de Seguridad (COPS) en la que se acordaba que los europeos contribuirían a la Operación Guardián de la Prosperidad a través de Atalanta, la misión de lucha contra la piratería en las costas de Somalia. Fue en ese momento cuando se evidenció la falta de coordinación entre Albares y Robles: solo 24 horas después, España vetaba en un comité técnico una decisión que ya había recibido luz verde por parte de los embajadores políticos en Bruselas.

Defensa puso pie en pared al sentirse arrastrada a un teatro de operaciones imprevisible sin que existiera, a su juicio, un análisis previo riguroso. Para empezar, el peso de la Operación Atalanta recaía desproporcionadamente en España. No solo su cuartel general está en la base de Rota (Cádiz), sino que el único buque que la mantuvo activa durante las navidades fue la fragata española Victoria. Además, después de tres años sin un ataque, los actos de piratería han repuntado desde noviembre y en estos momentos hay cinco secuestros en curso. Para dificultar aún más la tarea a los buques europeos, las autoridades somalíes les han prohibido entrar en sus aguas territoriales sin autorización expresa, como forma de presión para que la UE acepte combatir la pesca ilegal, lo que está fuera del mandato de Atalanta. Defensa alegó, además, que el adiestramiento y el armamento de los buques enviados al Cuerno de África es adecuado para luchar contra los esquifes de los piratas, pero no contra los misiles y drones de los hutíes. Si la UE quería sumarse al dispositivo militar en el mar Rojo, debía hacerlo con una nueva misión diseñada ad hoc, concluyó.

Las chipas saltaron entre Exteriores y Defensa cuando Robles dio un paso más y anticipó que, aunque hubiera una nueva misión europea, España no participaría en la misma. El motivo que adujo es que España es el mayor contribuyente a las misiones militares de la UE y otros países deben asumir su responsabilidad. Pero hay más motivos: Defensa sigue pensando que la situación en el mar Rojo es explosiva, con un alto riesgo de escalada bélica, y la misión de la UE, que debe aprobarse el 22 de febrero, no está suficientemente perfilada.

Para acelerar su puesta en marcha, está previsto que cuelgue de la operación Agenor, liderada por Francia en el estrecho de Ormuz y con cuartel general en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). Los buques europeos ―Francia, Alemania, Italia y Bélgica han anunciado su participación— estarían autorizados para hacer uso de la fuerza en legítima defensa ampliada; es decir, no solo para hacer frente a los ataques contra ellos, sino también contra los cargueros a los que presten protección. Podrían, por tanto, interceptar drones y misiles en alta mar y también las lanchas de los hutíes, pero no lanzar ataques preventivos o de represalia contra los emplazamientos en tierra desde donde les atacan. “Es como boxear con las manos atadas”, en expresión de un capitán de navío.

En Exteriores, el anuncio de Robles pilló por sorpresa y se interpretó como un intento de imponer la política de hechos consumados y no dejar margen de maniobra a otras opciones. El departamento dirigido por Albares, según las fuentes consultadas, era partidario de contribuir de alguna forma a garantizar la libertad de navegación por una ruta vital para el abastecimiento de productos esenciales, como hidrocarburos, para los mercados europeos. Es decir, que España participara en la futura misión europea o, al menos, no lo descartara de antemano.

Como sucede cuando Exteriores y Defensa discrepan, la última palabra la tiene el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez zanjó el asunto en la entrevista publicada por EL PAÍS el pasado 14 de enero. Preguntado si España se sumaría a la misión europea en el mar Rojo, respondió: “No nos vamos a oponer a que el Consejo de la UE ponga en marcha esta nueva misión, pero nuestra intención no es participar”.

Hasta ese momento, el presidente se había mantenido un paso atrás, reclamando una nueva misión de la UE, pero sin aclarar si España participaría en ella. Sin embargo, el 12 de enero se produjo un hecho que cambió por completo el escenario: Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron su primer ataque contra bases hutíes en Yemen. Aunque el Pentágono subrayó que se trataba de una acción bilateral que no implicaba a los otros socios de Guardián de la Prosperidad, el mar Rojo es demasiado estrecho ―32 kilómetros en Bad el Mandeb― para diferenciar a los buques de guerra occidentales que navegan por sus aguas. España no se sumó al comunicado que suscribieron una veintena de países en apoyo a la operación militar de Londres y Washington, como tampoco lo ha hecho a los posteriores con motivo de nuevos bombardeos. Un silencio políticamente elocuente.

Aunque Sánchez no descartó que España pudiera enviar oficiales de enlace a la Operación Guardián de la Prosperidad, fuentes de Defensa lo descartan, porque hacerlo implicaría participar en la misma, aunque fuera testimonialmente. Y España no está ni se la espera.