El Gobierno asegura que no hará más cambios en la amnistía pese a la presión independentista

Tras una acelerada tramitación, el Congreso de los Diputados se dispone a aprobar este martes la propuesta de ley de amnistía. Para entrar en vigor le faltará todavía su tránsito por el Senado, bajo el control del PP, que prevé estirar el asunto dos meses más y recabar informes y opiniones críticas con las que alimentar su campaña contra la iniciativa. Los independentistas tratan ahora de apurar las horas antes del pleno extraordinario del Congreso para que el Gobierno acceda a introducir más cambios en el texto aprobado el pasado martes en la Comisión de Justicia de la Cámara.

Junts y ERC —con especial intensidad en el caso de los primeros— no se dan por satisfechos con la enmienda que el PSOE aceptó en la comisión y que permitirá aplicar la medida de gracia a los acusados por terrorismo cuyas conductas no hayan producido “violaciones graves de los derechos humanos”. Ambas formaciones insisten en no dejar fuera ninguna de las acusaciones judiciales que incluyan la imputación de terrorismo. Pero fuentes del Gobierno aseguran que el margen para introducir nuevas modificaciones quedó agotado la pasada semana y que no van a ceder a más pretensiones de sus aliados.

La tramitación de la ley está ofreciendo un espectáculo insólito: un duelo soterrado y a distancia entre los promotores de la iniciativa y un juez de la Audiencia Nacional. Fue la insistencia del magistrado Manuel García-Castellón de imputar por terrorismo al expresident Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ambos huidos en el extranjero, la que llevó al PSOE a aceptar la pasada semana que la amnistía pueda cubrir también presuntos delitos de terrorismo “siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, no hayan causado violaciones graves de los derechos humanos”. Para especificar en qué consistirían esas violaciones, en el texto se incluyó la apelación a los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tres días después, García-Castellón emitía otro auto para formular nuevas acusaciones de terrorismo contra los dos líderes independentistas, vinculándolos a graves agresiones a policías en el otoño de 2019 e invocando el mismo artículo 2 del convenio europeo. La perseverancia del juez en sostener contra viento y marea sus acusaciones ha provocado a su vez un nuevo arreón del independentismo para presionar al Gobierno.

Junts y ERC quieren ir todavía más lejos que en el texto aprobado la pasada semana y suprimir cualquier alusión al terrorismo cuando se citan las conductas que quedarían fuera del alcance de las medidas de gracia. Las dos formaciones han pactado una enmienda, que mantienen viva ante el pleno del martes, por la que continuarían fuera de la amnistía las “violaciones graves de los derechos humanos”, pero suprimiendo la alusión al terrorismo. Ambos argumentan que de ese modo evitarían que García-Castellón o cualquier otro juez tipifique como terrorismo conductas que nunca se habían calificado como tales para impedir así la aplicación de la ley.

El partido de Puigdemont mantiene además otra enmienda en solitario en el mismo sentido. Juristas que asesoran a Junts salieron este fin de semana a argumentar la necesidad de esas nuevas modificaciones para blindar la ley ante lo que prevén como una clara hostilidad judicial. “La amnistía solo será si elimina el terrorismo de las exclusiones”, declaró a ElNacional.cat el profesor Josep Pagès, exdiputado en el Congreso y asesor del partido en las negociaciones sobre la ley. “No ha habido ningún acto de terrorismo durante el procés independentista catalán, es una invención y una ficción del poder judicial”. Pagès añadía la advertencia de que ignorar las exigencias de Junts supondría “una decisión muy arriesgada para la continuidad de la legislatura”.

Al tiempo, en otro digital de la órbita independentista, VilaWeb, el abogado personal de Puigdemont, Gonzalo Boye, otra de las voces de gran peso en Junts sobre cuestiones jurídicas, remachaba: “Si el texto queda como ahora, evidentemente tiene un agujero negro o una brecha para jueces como García-Castellón”. Y pronostica que, en ese caso, los acusados de terrorismo serían “una lista larguísima de personas”.

Junts afirma que va a redoblar su presión ante el Gobierno hasta el último minuto. Tienen día y medio por delante, ya que el pleno no comenzará hasta las 15.00 horas del martes, con ese único punto en el orden del día. Pero el Gobierno asegura que no hay previstas más negociaciones y de momento transmite firmeza en su negativa a nuevas modificaciones. El Ejecutivo vivió momentos comprometidos la pasada semana tras improvisar un cambio de última hora que volvía a contradecir posiciones anteriores presentadas como inamovibles: que la propuesta de ley no se podía tocar más y que la exclusión de los delitos de terrorismo con una condena firme —según la redacción inicial del texto— era una “línea roja” que los socialistas no iban a franquear.

La posibilidad de llegar a acuerdos para introducir más retoques en la ley choca con una cuestión técnica. Cuando un texto legislativo aprobado en comisión se somete al refrendo del pleno, el reglamento del Congreso solo permite enmiendas transaccionales —o sea, pactadas entre dos o más grupos— si cuentan con el apoyo unánime de todas las formaciones. Un imposible en este caso dada la oposición frontal a la amnistía de PP y Vox. Por tanto, las modificaciones solo podrían ser aprobadas si los socialistas se adhiriesen a algunas de las enmiendas de los independentistas, renunciando a cualquier aportación propia. Fuentes del Gobierno aluden a esa circunstancia para reforzar su mensaje de que no se plantean acceder a las exigencias de sus aliados.

Hay otras dos cuestiones sobre las que Junts está poniendo el acento y que el Ejecutivo también afirma que, al menos por ahora, no tiene intención de aceptar. Una de ellas pretende afianzar la posibilidad, ya contemplada en principio en el texto, de que la amnistía sea aplicable a personas que colaboraron o asesoraron a dirigentes independentistas. Esa cláusula está pensada para casos como el de los mossos que prestaron escolta a Puigdemont en Bruselas. Con la redacción más laxa que propone Junts, el Gobierno teme que se abra la puerta a que puedan acogerse a las medidas de gracia personas implicadas en otros casos sin relación directa con el procés. Desde hace semanas uno de esos asuntos con los que se ha especulado es el del abogado Boye, procesado por blanqueo de capitales por su actuación cuando defendió al narco gallego Sito Miñanco y que sus allegados presentan como una venganza por trabajar para Puigdemont.

El Ejecutivo también rechaza en principio otra de las exigencias que mantiene Junts en pie: la de introducir una disposición para que en caso de que un juez plantee una consulta a los tribunales europeos —la llamada cuestión prejudicial— ante la demanda de una persona que quiera acogerse a la amnistía, esta no pueda ser suspendida. Ahí las versiones del Gobierno y de Junts difieren radicalmente. Los primeros sostienen que la legislación europea obliga a esa suspensión, mientras que los juristas de la formación catalana lo niegan tajantemente.

Otra de las enmiendas que sigue esgrimiendo Junts es la que pide anticipar el periodo que abarcaría la amnistía a los actos cometidos desde noviembre de 2011 y no enero de 2012, como figura ahora.