Sánchez intenta ajustar la relación con Junts

La semana ha sido dura para el Gobierno. Pese a los buenos datos económicos —la EPA mostró un dato récord de casi 800.000 ocupados más en 2023 y el turismo también pasó por primera vez de los 84 millones— el foco político sigue en la ley de amnistía y los cambios de última hora sobre la inclusión del delito de terrorismo que pactó el PSOE con ERC y Junts la noche antes. Como siempre, el acuerdo fue in extremis, aunque esta vez con una novedad importante: nunca antes se habían sentado juntos en una cita negociadora representantes de los dos partidos independentistas, enemistados a muerte tras su ruptura en el Govern. La forma en la que se negoció esa última enmienda a la ley —en total secreto— y después se conoció —los independentistas llevaron la iniciativa comunicativa— ha generado debate interno en el Gobierno y ha provocado algunas decisiones. “Es evidente que debemos mejorar los procesos de negociación. Estamos en ello”, admiten en el Ejecutivo.

En La Moncloa quieren evitar que cada pequeño acuerdo o avance parezca una revolución que rompe todos los consensos o una “humillación”, la palabra que más usa Alberto Núñez Feijóo. Pero también están convencidos de que el desgaste no es tan grande como se podría pensar porque la amnistía, como señaló el CIS, no es una prioridad para la mayoría de los españoles. De hecho, los sondeos siguen colocando al PSOE cómodamente por encima del 30%, uno de los pocos partidos socialdemócratas europeos que alcanza esa cifra. “Para desgaste, el que tiene el PP en la oposición”, contesta un miembro del Ejecutivo con la idea andreottiana de que el poder desgasta... al que no lo tiene.

Los partidos independentistas se quejan en privado de que La Moncloa se pone líneas rojas que no están seguros de si tendrán que cruzar. En el Ejecutivo insisten en que han mantenido, y piensan seguir haciéndolo, la más importante para ellos: no amnistiar el terrorismo que causa “graves violaciones de los derechos humanos”; es decir, según el Gobierno, lo que siempre se ha conocido en España como terrorismo, el de ETA o el yihadista.

Félix Bolaños ya dejó muy claro esta semana que para el Ejecutivo, en el procés no hubo terrorismo; respondía así al intento del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de procesar por terrorismo a Carles Puigdemont, líder de Junts, y a Marta Rovira, secretaria general de ERC.

El Gobierno y los partidos independentistas interpretan en privado que García-Castellón intentó en noviembre torpedear la investidura de Pedro Sánchez con el auto en el que implicaba a Puigdemont en una causa por terrorismo justo en la semana decisiva de la negociación, y ahora quiere hacer lo mismo con la ley de amnistía. En todo caso, fuentes tanto del Ejecutivo como de Junts y ERC creen que ya no habrá más cambios en la proposición de ley —aunque nada es definitivo hasta la votación del próximo martes— porque no se puede ir siempre detrás del juez y sobre todo porque confían en que la instrucción quedará en nada. El juez, explican, está haciendo cosas muy extremas, como tratar de demostrar que hubo intención de matar.

El Gobierno es pues consciente de que tiene que hacer cambios importantes en la relación con los independentistas, en la forma de negociar y también de contar los acuerdos. Sobre todo porque ahora vienen más hitos negociadores, en especial los Presupuestos, y esta agonía permanente no es sostenible. Pero también insisten las fuentes consultadas en que la única votación que ha perdido el Gobierno hasta ahora ha sido por Podemos —el decreto sobre el subsidio de desempleo— y no por los partidos independentistas.

Junts aprieta, pero no ahoga. Y al final vota siempre en el bloque de la mayoría, como se vio esta semana también en la diputación permanente del Congreso, donde apoyó al Gobierno para rechazar varias comparecencias. Ahí hay menos foco mediático, pero es donde se ve si un socio es leal o falla.

“Tenemos que desarrollar una cultura de la negociación con un nuevo operador político”, resume un miembro del Ejecutivo que plantea la idea de que esto está empezando y el PSOE y Junts están aún engrasando su relación tras años de silencio.

Las críticas de Page

Lo que sí quedó claro durante la semana, con la dura reacción contra las críticas de Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, es que Sánchez tiene a la gran mayoría del partido detrás, apoyando la amnistía, como quedó meridiano en la consulta interna en noviembre, con un 87% de respaldo.

Ahora los socialistas tienen mucha confianza en que también se resuelva de una vez la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque están convencidos de que con la Comisión Europea de mediadora, el PP no podrá volver a echarse atrás. Ese pacto daría un nuevo tono a la legislatura, y consolidaría la idea de que el PP asume su papel de oposición que pacta lo imprescindible, como ya hizo con la reforma del artículo 49 de la Constitución. Esto daría aire al Ejecutivo, pero el asunto principal sigue siendo el que esta semana ha desatado algunas alarmas: la relación con Junts y evitar este ritmo de sobresalto permanente.