El Comisario de Justicia de la UE cita a Bolaños y González Pons el miércoles para abordar la renovación del Poder Judicial
Bruselas pone un plazo máximo para las negociaciones, que “no deberían exceder los dos meses”. Bolaños asegura que el Gobierno está dispuesto a ponerse “manos a la obra” e insta al PP a dejarse de “excusas” y resolver el bloqueo
El Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, ha citado el próximo miércoles, 31 de enero, en Bruselas, al ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, y al vicesecretario de organización del PP, Esteban González Pons, para comenzar a abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato permanece caducado desde hace más de cinco años. El formato mediador propuesto por el Ejecutivo europeo es un “diálogo estructurado” que debería avanzar rápido: Bruselas ha puesto un plazo máximo de dos meses para todo el proceso.
El Gobierno ha asegurado su disposición a ponerse desde ya “manos a la obra” y ha instado al PP a no poner más “excusas” para renovar de una vez el órgano de los jueces. “Esta tiene que ser la negociación definitiva. Se acabaron las excusas. No hay más excusas”, ha insistido Bolaños desde Bruselas, donde participa en una reunión informal de ministros de Justicia en la que también ha estado Reynders.
“La Comisión está dispuesta a realizar su papel para garantizar el cumplimiento con la ley de la UE”, ha dicho el Ejecutivo europeo en un comunicado. La base del trabajo de mediación serán las recomendaciones recogidas en los informes sobre el Estado de Derecho de la Comisión en 2022 y 2023: “Proceder con la renovación del CGPJ como cuestión prioritaria e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso para adaptar el nombramiento de los jueces miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos en consejos judiciales”, recuerda en su comunicado, en el que también indica que la mediación de Reynders buscará “garantizar la implementación de las dos patas de la recomendación de la Comisión”.
“Ustedes saben que durante varios años hemos estado pidiendo que podamos avanzar en esta implementación a través de la composición del CGPJ y luego la reforma de ese Consejo”, había recordado el propio Reynders esta misma mañana al entrar en la cita de ministros europeos junto a Bolaños.
Ambos habían mantenido ya la víspera una discusión “distendida” durante una visita de los ministros al museo de Bellas Artes de la capital belga, reveló Bolaños, según el cual Bruselas está muy preocupada por el “estropicio” del bloqueo del órgano de gobierno de los jueces.
Una situación que Bolaños confía en que quede resuelta incluso antes del plazo máximo que ha puesto la Comisión: “Espero que no agotemos esos dos meses, porque la situación de la justicia es desesperada”, ha dicho a periodistas: “El bloqueo al que tiene sometido a la justicia el Partido Popular está generando ya costes a los ciudadanos y retrasos en el servicio público de la justicia”.
El ministro ha asegurado que el Gobierno acude a la cita con la “mente abierta”, pero ha subrayado que el proceso debe seguir las pautas dictadas también por la Comisión en su informe: “La idea es que la renovación del Consejo es urgente, es la preocupación máxima de la Comisión Europea y del Gobierno de España. Lo urgente es cumplir la ley y es cumplir la Constitución y a partir de ahí, una vez que hayamos renovado el Consejo General del Poder Judicial, que es lo urgente y lo imprescindible para que la justicia funcione, (...)por supuesto que podemos hablar de otros asuntos”, ha recalcado.
Desde Madrid, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha agradecido a la Comisión su predisposición a “ayudar” a renovar el CGPJ con la cita fijada para el próximo el miércoles. “La fórmula de diálogo estructurado, que es la que ha acogido la Comisión, a propuesta del Partido Popular y mía, es una buena noticia para España”, ha dicho Feijóo. Eso sí, el jefe de la oposición ha hecho hincapié en que Reynders deberá impulsar “a su vez” la simultánea redacción de una nueva ley para “profundizar en la independencia del Poder Judicial” y “se prohíba que los políticos vayan sin solución de continuidad al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Constitucional”. Feijóo ha introducido así críticas al órgano de garantías cuando su composición no concierne a esta renovación y aprovecha para cargar contra Sánchez, a quien acusa de colonizar las instituciones, también las jurisdiccionales.
El CGPJ está formado por 20 vocales: 12 jueces y 8 juristas de reconocido prestigio. A todos los designan el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos (por eso es necesario el acuerdo de los dos principales partidos); aunque, en el caso de los 12 vocales jueces, las Cortes deciden a partir de una lista de candidatos elaborada por los propios jueces de carrera. El PP defiende, para renovaciones futuras, que los jueces elijan directamente, sin intervención de las Cortes, a los 12 vocales jueces del consejo. Aunque este viernes Feijóo ha extendido sus demandas más allá. “Espero que en la nueva ley del Consejo General del Poder Judicial quede claro que los ministros del Gobierno no pueden ser magistrados del Tribunal Constitucional y que el pacto que se derive del Consejo General del Poder Judicial se extienda a los demás órganos jurisdiccionales para que los políticos no puedan pasar de un Ministerio al Consejo General del Poder Judicial, a los Tribunales Superiores de Justicia, a la Audiencia Nacional o incluso al Tribunal Constitucional”, ha expresado.
Fuentes gubernamentales, por contra, pasan por alto la redacción de una nueva ley y ponen el foco en la “crisis institucional” provocada por el PP con el bloqueo del órgano. “El Gobierno trabajará para devolver al poder judicial la normalidad institucional y para que el CGPJ recupere el prestigio institucional que merece este órgano”, precisan.
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