Los exdirigentes de UGT Andalucía piden anular el juicio por un supuesto fraude de 40 millones
En el inicio del proceso por supuestas facturas falsas, las defensas reclaman su nulidad por filtraciones y pruebas ilícitas
La excúpula del sindicato UGT en Andalucía ha reclamado la nulidad del juicio que afronta desde este lunes por un presunto fraude de 40 millones mediante facturas falsas sobre cursos de formación, debido a la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de los entonces dirigentes y por considerar “ilícitas” las pruebas aportadas por un antiguo empleado. La vista oral, que tendrá 62 sesiones, llega con más de una década de retraso desde el inicio de las pesquisas judiciales. UGT, presente como responsable civil subsidiario del supuesto fraude, podría enfrentarse a una condena que pondría en riesgo su viabilidad como sindicato en la comunidad andaluza.
En el banquillo de la Audiencia de Sevilla se sientan cinco miembros de la excúpula sindical y 10 antiguos proveedores. Entre los primeros, el ex secretario general Francisco Fernández, el ex secretario general de administración Federico Fresneda, la anterior secretaria de gestión económica María Charpín y el ex consejero delegado de la entidad Soralpe Enrique Emilio Goicoechea. Sus abogados estiman que se han vulnerado sus derechos fundamentales por el inicio de las pesquisas judiciales, que partieron de la información obtenida por el extrabajador Roberto Alejandro Macías, más tarde condenado a prisión por revelación de secretos.
En paralelo, UGT también ha pedido al tribunal la declaración en calidad de testigo del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), para que explique el acuerdo al que llegó el sindicato con la Junta hace un año para pagar a plazos las ayudas no justificadas. UGT pide que tanto la Fiscalía como la Junta, acusación particular en el proceso, renuncien a reclamar los 40 millones supuestamente defraudados, ya que se ha comprometido a devolver a plazos y durante 25 años unos 36 millones de subvenciones sin justificar. El abogado de la Junta ha respondido que esta petición de UGT para que declare Moreno solo busca “el morbo mediático”.
La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel y 50 millones de multa para cada uno de los tres exdirigentes principales por un delito continuado de fraude en subvenciones en concurso con otro de falsedad en documento mercantil. La investigación denunció 14 expedientes de ayudas concedidas por la Junta andaluza al sindicato entre 2009 y 2011 para realizar más de 2.000 cursos o actividades de formación para parados.
El abogado de Fresneda, Luis López, ha tildado de “inquisitorial” la primera instrucción llevada a cabo por la magistrada Mercedes Alaya y ha resaltado que la información aportada por Macías fue obtenida de manera ilegal, y que este actuó “de mala fe”, por “venganza y odio” hacia UGT, por lo que el tribunal debería invalidarla como prueba. Fresneda considera que también sufrió la quiebra de su derecho a la inviolabilidad domiciliaria y al secreto de las comunicaciones.
La operativa denunciada por la instrucción judicial consistía en destinar fondos recibidos por subvenciones de la Junta a fines distintos de los originales —es decir, la práctica de acciones formativas para el personal ocupado y desocupado—, con la implicación de proveedores que facilitasen “la infraestructura documental y contable” que permitiera obtener estos fondos y desviarlos para sostener “los gastos corrientes del sindicato”.
La Unión General de Trabajadores recurrió hasta en 23 ocasiones a los tribunales contencioso-administrativo para eludir el pago de los reintegros de las ayudas millonarias. “Ha quedado demostrado que UGT no quiere pagar y por eso sigue pleiteando (…) El sindicato institucionalizó un fraude”, ha criticado en sala el fiscal de Anticorrupción Fernando Soto.
