Una jueza investiga al delegado del Gobierno en Madrid por el uso de gases lacrimógenos en las protestas de Ferraz

La titular del Juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid, Josefa Bustos Manjón, ha abierto diligencias previas por un presunto delito de prevaricación contra el delegado del Gobierno en Madrid y los mandos policiales que el 6 de noviembre ejecutaron las órdenes de cargar con lanzamiento de gases lacrimógenos contra los manifestantes en la cercanía de la calle de Ferraz, sede federal del PSOE, convocadas para protestar contra la inminente investidura de Pedro Sánchez y la tramitación de la ley de amnistía.

La jueza atiende así la denuncia presentada por la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces, que apunta contra el delegado gubernamental y los mandos policiales que “ejecutaron las órdenes dictadas para reprimir las protestas convocadas la tarde-noche del lunes 6 de noviembre (...) en la sede del PSOE en Madrid”. Según el texto de la denuncia, al que ha tenido acceso EL PAÍS y que acompañan con grabaciones de las protestas, aquel día “a partir de las 20 horas, se produce la carga de la policía contra las personas allí congregadas, llegando a utilizarse gases lacrimógenos para dispersar a la multitud de personas que mostraban su desacuerdo con las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno en funciones”.

En el auto, al que ha tenido acceso este diario, la jueza acuerda la apertura de diligencias previas para determinar la naturaleza y las circunstancias de aquel hecho y precisar “las personas que en él hayan participado” y se dirige contra el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre y contra los mandos policiales que ejecutaron las órdenes, así como “demás personas que resulten criminalmente responsables de los hechos”. La titular del juzgado ha trasladado la denuncia a la Fiscalía para que informe sobre la admisión de la misma.

La jueza abre diligencias solo por un presunto delito de prevaricación, uno de los cuatro a los que arguye la denuncia, que imputaba también a los denunciados un delito de disolución ilegítima de reunión pacífica, de lesiones, y de tortura y contra la integridad moral.

La asociación denunciante es contraria a la Ley de Memoria Democrática. Se opuso a la retirada de la medalla de oro al mérito al trabajo concedida al dictador Francisco Franco que anunció la vicepresidenta segundo del Gobierno, Yolanda Díaz, en julio de 2023. La misma entidad también pidió retirar el nombre de Dolores Ibárruri, Pasionaria, del callejero de Villanueva de la Serena (Badajoz).

La protesta del 6 de noviembre, con 3.800 asistentes según la Delegación del Gobierno, fue una de las más numerosas registradas desde que a principios de ese mes y hasta la actualidad, con seguimiento decreciente, han venido celebrándose en las proximidades de la sede federal del PSOE en Madrid. La manifestación de aquella noche, en la que parte de los manifestantes lanzaron bengalas y petardos, se saldó con tres detenidos, dos hombres por desobediencia y atentado contra la autoridad, y una mujer por este segundo delito. Un día después, el 7 de noviembre, el partido decidió cerrar sus oficinas en toda España ante la convocatoria de nuevas concentraciones “por seguridad” y ante el “cariz violento” que había adquirido la de la víspera.