El Gobierno andaluz omite el informe jurídico sobre la subida de sueldo de Moreno por decreto ley

El Gobierno andaluz que preside Juan Manuel Moreno ha omitido incluir en el expediente del decreto ley sobre la subida de sueldos de todos los altos cargos de la Junta de Andalucía el preceptivo informe jurídico sobre la medida. La oposición sospecha que no se trata de un olvido, sino de una “ocultación” intencionada porque cree que no avala la extraordinaria y urgente necesidad de la iniciativa. El Gobierno andaluz no ha querido dar una explicación.

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz, el órgano de gobierno de la Cámara en periodos inhábiles como el actual, ha convalidado el decreto con el apoyo de la mayoría absoluta del PP y la abstención del grupo socialista pese a que su portavoz, Josele Aguilar, ha hecho un duro alegato que no apuntaba a esa inhibición. El voto del PSOE se decidió en el último momento, según fuentes socialistas.

La iniciativa supone un incremento de salario de entorno al 15% para un total de 269 altos cargos de la Junta. El presidente, Juan Manuel Moreno, pasará de cobrar 71.667 euros anuales a 87.333, mas del 21% más. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha justificado la subida salarial en que “parece lógico buscar el equilibrio” con los sueldos de los diputados andaluces y de los representantes de otras comunidades autónomas. Hasta ahora, el sueldo de Moreno era el tercero más bajo, solo por encima del presidente de Cantabria (65.555 euros), y prácticamente a la par que el de Asturias (75.548 euros). Tras la revisión, el salario del dirigente popular se sitúa ligeramente por encima de la media, 87.206 euros, por detrás del de Castilla-La Mancha, Aragón, Madrid, País Vasco y Cataluña. La subida supondrá un impacto de 2,5 millones de euros en el Presupuesto.

Pero la crítica de los grupos de la oposición no ha sido tanto por el fondo, como por la forma de aprobar el incremento de las retribuciones: por decreto ley. Tanto la Constitución española como el Estatuto de Autonomía prevé esta vía “en caso de extraordinaria y urgente necesidad”. El Gobierno andaluz dedica varios párrafos en el texto de la norma a justificar estas prisas: “La necesidad de que las retribuciones estén adaptadas desde el inicio del ejercicio presupuestario”. El Ejecutivo autónomo pudo incluir estas subidas en el proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad aprobado el día 21 de diciembre, pero el temor a que el debate de las Cuentas girara sobre un asunto que en Andalucía siempre se ha acometido con complejos y de manera vergonzante, como admiten fuentes parlamentarias, le llevó a usar la vía más expeditiva. Además, el Gobierno de Moreno dio a conocer el decreto ley convalidado este miércoles el mismo día en el que se produjeron las dimisiones forzadas de dos altos cargos de la Consejería de Salud, para aminorar su impacto.

“El decreto ley es una excepción por razones de extraordinaria y urgente necesidad y eso no está avalado. ¿Dónde está el informe jurídico que avala esto? ¿Por qué no viene en el expediente del decreto? ¿No se incluye porque tiene visos de inconstitucionalidad?”, ha preguntado la portavoz de Por Andalucía —la marca regional de Sumar—, Inma Nieto. Este grupo ha votado en contra.

También el socialista Josele Aguilar ha asegurado que “no existe la extraordinaria y urgente necesidad” y se ha quejado de la omisión del informe del Gabinete jurídico de la Junta. “Se ha tramitado casi de manera clandestina, en fechas navideñas, seis días después de aprobarse el Presupuesto, con opacidad y cinismo”, ha afirmado el portavoz del PSOE quien ha tirado de hemeroteca para recordar lo que el hoy consejero de la Presidencia decía cuando estaba en la oposición en relación a los sueldos, dietas y pago de los alquileres de las viviendas de los altos cargos. Su contundencia contra el decreto-ley no se ha visto reflejada en el voto ya que los socialistas se han abstenido.

Tanto el portavoz de Vox, Manuel Gavira, como el del grupo mixto, José Ignacio García, de Adelante Andalucía, han defendido ampliar el debate sobre los sueldos en política, el primero para reducir las incompatibilidades y el segundo para comparar las retribuciones de los políticos con el sueldo medio de los andaluces (1.625 euros).

El portavoz del PP, Toni Martín, ha reconocido que “nunca es buen momento” para tomar una medida de este tipo y ha arremetido contra la oposición cuando esta le ha acusado de hacer “trampas” al asegurar que el sueldo de los portavoces parlamentarios es más elevado que el del presidente andaluz. Para llegar a esa conclusión, el PP suma las retribuciones fijas y las indemnizaciones para gastos de desplazamiento.

Fuentes jurídicas del Parlamento consideran que la norma podría ser anulada por el Tribunal Constitucional y critican “la utilización tan descarada de un instrumento normativo al servicio de intereses puramente personales de los políticos, que es algo muy diferente de los intereses políticos”. El tribunal de garantías no tendrá esa oportunidad porque nadie se plantea recurrirlo.