Conjura de togas contra la amnistía

El Poder Judicial ha iniciado una batalla política contra los poderes ejecutivo y legislativo, como nunca lo hizo antes en la reciente etapa democrática. Togados de toda España, muchos de ellos altos cargos de sensibilidad conservadora favorecidos en su día por el PP, lanzan desde hace dos semanas invectivas contra el Gobierno a cuenta de la futura ley de amnistía que borrará los delitos a todos los encausados por el ilegal proceso independentista catalán.

Jueces progresistas contrarios a estas protestas, porque consideran que comprometen la imagen de neutralidad de la Justicia, recuerdan que la ley del Poder Judicial castiga como falta grave la “censura a las autoridades y poderes públicos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esa condición”. Pese a estas limitaciones que impone la ley, las cúpulas judiciales conservadoras censuran estos días ―con pronunciamientos, firma de comunicados y protestas en la calle― a las autoridades y poderes públicos que han impulsado la ley de amnistía y acordado la investigación de casos de persecución judicial a políticos.

Un magistrado de sensibilidad conservadora resume así la pugna abierta entre los poderes del Estado: “De momento, vamos perdiendo… pero todavía hay partido”.

El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña instruyen casos con decenas de independentistas encausados a los que deberán aplicar la amnistía. Esos tres órganos prevén impugnar la futura ley, según altos cargos judiciales. Sus salas de gobierno han aprobado ya un comunicado contra el acuerdo político del PSOE y Junts, aunque sin citarlo: “El Estado de derecho en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional exige el absoluto respeto a la división de poderes”.

La tesis que encierra esa frase sostiene que la futura ley no respeta la división de poderes, pues el artículo 117 de la Constitución atribuye únicamente al Poder Judicial la competencia para “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”. Una amnistía, según esta teoría, deja en manos del legislativo la posibilidad de eliminar lo juzgado o por juzgar y, por tanto, no respeta la división de poderes. “Me sorprende este argumento”, replica un fiscal progresista, “porque la Constitución dice que los jueces ejercen la potestad jurisdiccional… con sujeción a la ley. Luego su límite está en la ley, en lo que diga el Parlamento”.

Algunos jueces, minoritarios en las salas de gobierno de la Audiencia Nacional o de los tribunales superiores de Cataluña o País Vasco, emitieron votos particulares contra los comunicados: “No tenemos competencia para emitir acuerdos sobre pactos entre formaciones políticas y estamos obligados a mantener la neutralidad en el debate partidista”.

Con argumentos parecidos, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, el conservador Vicente Guilarte, se negó a apoyar un comunicado de nueve vocales elegidos a propuesta del PP contra la futura ley de amnistía del Gobierno: “Entiendo que la independencia judicial tiene una vertiente bidireccional: es deseable la falta de injerencia de otros poderes en lo que resulta ser actividad jurisdiccional y, paralelamente, lo es también el que desde el Consejo General del Poder Judicial evitemos la injerencia en la actividad política”, señaló.

25 años de hegemonía del PP. Los últimos 25 años de historia del Consejo General del Poder Judicial han estado bajo control casi exclusivo de la derecha (PP), imponiendo así la mayoría de nombramientos de cargos judiciales y de magistrados del Supremo. Esta hegemonía conservadora en la cúpula del Poder Judicial facilita ahora la conjura de jueces para combatir una ley de amnistía que ni siquiera ha comenzado a tramitarse en el Congreso y contra un acuerdo entre dos partidos (PSOE y Junts) que quieren investigar la actuación de jueces para probar que hubo una persecución ilegal e injusta (lawfare lo llaman) a independentistas catalanes.

Investigar a policías y al CNI, no a jueces. La primera prueba de que ese juicio político a los jueces no se va a producir ha sido la creación de tres comisiones de investigación en el Congreso. En ninguna de ellas se va a juzgar el trabajo de los jueces, sino el de comisarios de policía del Ministerio del Interior bajo las órdenes del PP; y el de responsables del CNI durante el primer mandato del Gobierno de coalición PSOE/Unidas Podemos por el presunto espionaje a independentistas con el sistema Pegasus.

En esas tres investigaciones parlamentarias, uno de los motivos de la protesta de togados, no se juzgará el trabajo de jueces, sino las maniobras de la policía contra independentistas catalanes; el funcionamiento de la policía y el CNI ante los atentados de Las Ramblas y de Cambrils de 2017; y el espionaje del servicio de inteligencia a independentistas catalanes.

“Volar por los aires el Estado de derecho”. Las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de las comunidades están dominadas por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, a la que están afiliados 1.355 de los 5.408 miembros de la judicatura. Esta asociación, mayoritaria en la carrera, emitió un comunicado dos semanas antes de que se conociera el texto de la proposición de ley de amnistía donde censuraba los planes del Ejecutivo: “Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho”. Un fiscal progresista considera muy grave ese comunicado: “Aunque parezca irreal, piensan así. Creen que el Poder Judicial es suyo porque lo heredaron de sus abuelos y de sus padres. No están en Ferraz manifestándose porque les viene mal ir por la noche”. Y cuestiona el comportamiento de las salas de Gobierno al aprobar comunicados que indirectamente suponen un ataque a determinados partidos: “Se están metiendo en política. No estamos en el ejercicio de una acción jurisdiccional, sino en un pronunciamiento político sobre el contenido de un acuerdo político. Los cauces del Poder Judicial para cuestionar una norma jurídica son otros, no los pronunciamientos públicos”.

Cascada de recursos para frenar la aplicación de la ley. El cauce para impedir la aplicación de la ley de amnistía es doble. Por un lado, los jueces del Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estudian ya la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al entender que la norma española es contraria al Derecho de la Unión Europea. Además, planean una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Los magistrados consultados por este periódico entienden que las dos vías suspenden de hecho la aplicación de la amnistía a los condenados, procesados o imputados hasta que se pronuncie el tribunal europeo y el español. Sin embargo, el artículo 10 de la proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados establece que “las decisiones [sobre la aplicación de la amnistía] se adoptarán en el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos”.

Un jurista de sensibilidad progresista entiende que al tratarse de una ley orgánica “singular” puede invalidar para estos casos otra norma de similar rango que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional y que señala (artículo 35.3) que el “planteamiento de una cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que se resuelva definitivamente sobre la cuestión”.

Sin embargo, otro magistrado del Supremo cree que esa interpretación es errónea y que la impugnación que plantearán sus compañeros podría añadir otro motivo más de inconstitucionalidad por la eliminación del carácter suspensivo de los recursos. “Es insólito lo que estamos viviendo. Esto no se lo puede tragar ningún jurista porque es un dislate que una ley incluya una previsión para neutralizar un recurso”, señala.