Vox llama a los jueces a declararse en rebeldía y no aplicar la ley de amnistía

Vox está dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance para combatir al Gobierno de Pedro Sánchez, aunque el precio sea un conflicto constitucional sin precedentes. Tras intentar, hasta ahora sin éxito, convencer al PP de que bloquee la ley de amnistía en el Senado, negándose a tramitarla cuando se la remita el Congreso, el número dos y vicepresidente político del partido ultra, Jorge Buxadé, ha pedido a los jueces españoles que se declaren en rebeldía y no apliquen la ley cuando entre en vigor.

En dos artículos publicados en la web El Debate, este lunes y el 4 de noviembre, Buxadé alega que, “si el Ejecutivo y el Legislativo se alían para destruir el Poder Judicial, este puede hacer solo dos cosas: rendirse o defenderse para seguir existiendo”. La legislación establece que, cuando los jueces tienen dudas sobre la adecuación de una norma a la Constitución, deben elevar una cuestión de constitucionalidad al tribunal de garantías. Sin embargo, el vicepresidente de Vox les insta a que no lo hagan ya que, argumenta, “sería una irresponsabilidad judicial acudir implorando justicia a un Tribunal Constitucional convertido en el antisoberano; el verdugo judicial de la unidad de la Nación española, con [su presidente, Cándido] Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado, al mando de la guillotina.”

En vez de seguir los procedimientos legales, Buxadé pide a los jueces que inapliquen la ley de amnistía asegurándoles que pueden hacerlo cuando una norma sea contraria al derecho de la Unión Europea. Se basa en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE relativa a las leyes del Gobierno polaco de Ley y Justicia que atacaba la independencia judicial. Se da la circunstancia de que Vox es aliado de los ultraconservadores polacos, con los que comparte grupo en el Parlamento europeo, y siempre ha considerado la defensa de los jueces polacos por parte de las instituciones comunitarias como una injerencia en sus asuntos internos.

Además, Buxadé invoca otra sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2021 para asegurar que los tribunales españoles pueden dirigirse directamente a los europeos cuando sus decisiones no puedan ser objeto de recurso interno y haya dudas de que la legislación aplicable se ajuste al derecho comunitario. Es más, según el portavoz de Vox en la Eurocámara, ni siquiera tendrían que hacerlo si el tribunal europeo ya se ha pronunciado al respecto o la incompatibilidad de la norma con el derecho comunitario es evidente en opinión de los jueces. “Es decir, si el juez nacional considera que el reenvío al Tribunal de Justicia es innecesario, cesa su obligación de plantear cuestión prejudicial y puede motivadamente razonar conforme al Derecho de la Unión que no aplica la ley de amnistía”, concluye.

El vicepresidente de Vox añade un argumento político para justificar que los jueces no cumplan su función de aplicar la ley: “Han de entender esos jueces y magistrados que si la ley de amnistía constituye una ilegítima derogación legislativa del Estado de derecho en España —yo lo creo—, el Estado de derecho nacido del [19]78 ya no existe, y por ello, los argumentos normativistas decaerán el mismo día que las Cortes Generales aprueben la ley”, escribe. Es decir, en su opinión, el Estado de derecho quedará abolido en España cuando entre en vigor la ley de amnistía y los jueces quedarán eximidos de cumplir esa norma y la Constitución.

“Solo queda una opción: para los [jueces] más decididos, inaplicación directa de la amnistía. Para los menos, plantear la decisión prejudicial al TJUE [Tribunal de Justicia de la Unión Europea]. En ese tiempo, el pueblo español recuperará en la calle su soberanía secuestrada”, concluye Buxadé. El vicepresidente político de Vox fue candidato falangista en dos ocasiones en los años noventa y nunca ha renegado de ello.

El Debate, la web donde ha publicado los artículos en los que llama a la insubordinación de los jueces, pertenece a la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), propietaria de la Universidad San Pablo-CEU. Tras las elecciones del 23-J, pasado, dicha web publicó un artículo de su director de opinión en el que proponía que el Rey no encargara la investidura a Sánchez tras fracasar la de Feijóo, provocando así la disolución automática de las Cortes al cumplirse dos meses de plazo, aunque ello suponía que se saltara el papel del jefe del Estado en una Monarquía parlamentaria.