Dolores Delgado, una controvertida trayectoria de nombramientos

El mandato al frente de la Fiscalía General de Dolores Delgado fue uno de los más convulsos que se recuerdan en esa institución, pero el posmandato está generando casi tanto ruido dentro y fuera del ministerio público. La designación de Delgado como futura fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, una plaza de nueva creación, es el último capítulo de una lista de nombramientos controvertidos que han marcado la trayectoria más reciente de esta fiscal con más de 33 años de ejercicio, siempre en el punto de mira del sector más conservador de la carrera, que no le perdona su paso, como ministra de Justicia, por el primer Gobierno de Pedro Sánchez.

Esa designación para formar parte del Consejo de Ministros—que fue acogida con cierta sorpresa, pero sin demasiados reparos por parte de las carreras judicial y fiscal— está en el origen de los reproches que luego le han llovido a Delgado, pero su etapa al frente de Justicia (entre junio de 2018 y enero de 2020) fue notablemente menos crispada que la que le esperaba en la Fiscalía General. Delgado fue designada por el Ejecutivo para dirigir el ministerio público solo unos días después de haber dejado Justicia, una decisión que provocó inmediatamente las críticas de la oposición. Solo había un antecedente de un ministro que pasó directamente a la Fiscalía General, el de Javier Moscoso en 1986, bajo el Gobierno de Felipe González.

Delgado había llegado al Gobierno como independiente —jueces y fiscales tienen vetado por ley afiliarse a partidos—, pero en el año y medio que estuvo en el Ministerio de Justicia había consolidado su faceta más política con enfrentamientos con la oposición, haciendo campaña a favor del PSOE y saliendo elegida en las listas socialistas para el Congreso. Desde esa posición, su salto directo a la Fiscalía General del Estado marcó desde el principio su mandato. Los sectores más conservadores de la carrera fiscal la recibieron como una intrusa del Gobierno en la cúpula del ministerio público y ejercieron de oposición interna para poner en cuestión prácticamente todas sus decisiones.

Los episodios de mayor tensión llegaron por la política de nombramientos, para los que sus detractores acusaron a Delgado de favorecer de forma “arbitraria” a muchos de quienes fueron sus compañeros en la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Tras numerosos enfrentamientos con la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria y de tendencia conservadora, Delgado dimitió en julio de 2022 alegando problemas de salud. La salida de Delgado y el nombramiento de su sustituto, Álvaro García Ortiz, contribuyeron a rebajar algo la tensión en la carrera, aunque la asociación conservadora recibió también con fuertes reticencias al nuevo jefe, que había sido la mano derecha de Delgado en el ministerio público y al que señalaban como autor intelectual de muchas de sus decisiones.

La tregua que parecía poder decretarse tras la salida de Delgado duró poco, y la asociación conservadora de fiscales ha situado a García Ortiz en la diana de todas sus críticas como antes habían hecho con su antecesora. Y los capítulos de mayor polémica han venido, precisamente, de la mano de nombramientos discrecionales a favor de la exfiscal general. El primero, en septiembre pasado, cuando Delgado, que tras dejar la jefatura del ministerio público debía incorporarse a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, fue ascendida a fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera.

Ese nombramiento, propuesto por García Ortiz con el voto en contra de la mayoría del Consejo Fiscal, llegaba, además, después de que el PSOE hubiera retirado (antes de la dimisión de Delgado) una iniciativa parlamentaria que blindaba el ascenso de la fiscal general a la máxima categoría de la carrera cuando cesara en su puesto. La iniciativa levantó gran polvareda tanto por su contenido como por la forma, ya que el PSOE la incluyó a través de una enmienda en la tramitación de la ley concursal, una norma que regulaba los procesos de quiebra de las empresas y que no guardaba ninguna relación con el funcionamiento del ministerio público.

La historia se ha repetido este jueves, con el nombramiento de Delgado como fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, de nuevo con la protesta mayoritaria del órgano consultivo del fiscal general. Esta vez, sin embargo, los vocales de las dos asociaciones contrarias a la designación (AF y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, APIF) se han negado a participar en la votación y se han abstenido.