El fiscal general designa a Dolores Delgado al frente de Memoria Democrática con la protesta mayoritaria del Consejo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto este jueves a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, como futura fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, una plaza de nueva creación que corresponde cubrir de manera discrecional al máximo responsable del ministerio público. La propuesta de García Ortiz concitó el rechazo de siete de los 12 fiscales que integran el Consejo Fiscal: los seis de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), de tendencia conservadora, y el vocal de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF). Estos siete vocales se han negado a participar en la votación de la plaza para la que ha sido designada Delgado.

El previsible nombramiento de Delgado, confirmado este jueves, ha desatado desde hace días un duro enfrentamiento entre el fiscal general y la asociación mayoritaria de la carrera, la conservadora AF, que ha llegado a pedir la dimisión de García Ortiz. El choque se originó a raíz de que el fiscal general optara por adelantar varios nombramientos, entre ellos el de la plaza a la que optaba su antecesora, que estaban previstos para una reunión del Consejo Fiscal del próximo 19 de junio.

La razón alegada por García para adelantar las designaciones es facilitar que los trámites posteriores estuvieran resueltos antes de la campaña para las elecciones del 23 de julio, pero dos de las tres asociaciones de fiscales ―la AF y la APIF― consideran que el fiscal general, cuyo mandato cesa cuando lo haga el Gobierno, no debería hacer nombramientos discrecionales con las elecciones convocadas y las Cortes disueltas, y sostienen que el fiscal general ha adelantado estas designaciones para garantizarle el puesto a Delgado.

Ambiente “tensísimo”

La reunión de este jueves se ha celebrado, según fuentes fiscales, en un ambiente “tensísimo”, con duros intercambios de escritos y explicaciones entre las asociaciones y García Ortiz. También ha presentado un escrito la propia Delgado para pedir que se apartara de la votación al vocal de APIF, Salvador Viada, a quien atribuye una fuerte animadversión hacia ella. Viada ha pedido a García Ortiz tres días de plazo para decidir si se abstenía, pero el fiscal general ha zanjado el debate señalando que no había lugar a la recusación. Los miembros de AF han reclamado sin éxito a García Ortiz que pospusiera la designación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática para un próximo Consejo Fiscal, con el objetivo de que antes se debatiera la idoneidad de Delgado para ocuparla. El fiscal general ha rechazado esta posibilidad y los seis vocales de la AF y el vocal de APIF se han negado a participar en la votación de la plaza a la que aspiraba Delgado.

La ex fiscal general optaba al cargo junto a otros tres candidatos: el fiscal jefe de Gipuzkoa, Juan Calparsoro, el fiscal especial Antidroga, Luis Ibáñez, y Carlos Castresana, actualmente en el Tribunal de Cuentas, pero que fue uno de los impulsores de la persecución internacional del genocidio y llevó el caso contra el exdictador chileno Augusto Pinochet. Delgado ha recibido el voto de los tres fiscales que son miembros natos del Consejo Fiscal (el fiscal general, la teniente fiscal del Supremo y la jefa de Inspección) y el de uno de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). El otro miembro de esta asociación ha votado por Calparsoro.

La designación de Delgado se produce cuando está a punto de cumplirse un año de su dimisión como fiscal general, cargo al que llegó directamente desde el puesto de ministra de Justicia que ocupó durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez. Meses después de dejar la Fiscalía General, fue ascendida por su sucesor a fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera, y hasta ahora ocupaba una plaza como fiscal togada del Tribunal Supremo. La propuesta de García Ortiz será ahora elevada al Consejo de Ministros, que es a quien corresponde llevar a cabo el nombramiento. La designación puede ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que todavía tiene que resolver un recurso contra el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala del alto tribunal.

En el Consejo Fiscal de este jueves, García Ortiz ha propuesto también a Miguel Ángel Aguilar García como nuevo fiscal contra los delitos de odio y discriminación. Aguilar ha contado con el voto de los dos vocales de UPF, un vocal de la AF y la teniente fiscal del Tribunal Supremo, frente a los apoyos a Antonio Mateos Rodríguez-Arias de cinco de los vocales de la AF y el vocal de APIF, y un voto a favor de María del Pilar Rodríguez Fernández por parte de la Fiscal Jefa de la Inspección Fiscal. Actualmente destinado en la Fiscalía de Barcelona, Aguilar fundó en 2009 en esa provincia el primer servicio especializado contra los delitos de odio y discriminación, que ha coordinado hasta ahora. Además, ha participado como experto en la redacción de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (2020) y en los trabajos preparatorios para una futura ley contra el racismo, la discriminación racial y otras formas de discriminación (2022), además de en otros foros donde se han preparado planes y proyectos legales contra el racismo.

García Ortiz ha propuesto también este jueves, entre otros cargos, a Rosa María Frías como fiscal de la Fiscalía Antidroga; a Jaime Goyena como jefe de la Fiscalía de Navarra; y a Julio Cano como jefe de la de Baleares.