Intenso choque entre el fiscal general y la principal asociación de la carrera

La conservadora Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, ha pedido este miércoles la dimisión de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, tras una semana de intenso enfrentamiento. El colectivo acusa al máximo responsable del ministerio público de difundir “información manipulada” a través de “canales institucionales” para “desacreditar” a Consuelo Madrigal, miembro de dicha asociación y ex fiscal general a propuesta de un Gobierno del PP. Una imputación que niega la Fiscalía General del Estado (FGE). Esta petición llega mientras la AF, en continuo choque con García Ortiz, lo acusa de “maniobrar” de forma “burda” para nombrar a su antecesora, Dolores Delgado, como fiscal de sala de Memoria Democrática.

“El deterioro de la imagen institucional del Ministerio Fiscal ha alcanzado uno de sus límites más altos, si todavía fuera posible”, afirma la Asociación de Fiscales en un comunicado difundido este miércoles. Esa nota añade: “[Todo ello], con la utilización de los medios de comunicación propios de la FGE (Infofiscalía, [un boletín interno de difusión entre los miembros de la carrera]) para responder una cuestión particular, en una especie de ajuste de cuentas personal, faltando al mínimo rigor de quien se supone que es un jurista de reconocido prestigio”. García Ortiz y Delgado pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), y fueron designados por Ejecutivos del PSOE.

Este nuevo choque surge a raíz de que García Ortiz adelantase al 8 de junio el Consejo Fiscal —previsto para el 19—, donde se analizarán las candidaturas presentadas para la plaza a la que aspira Delgado. El nombramiento le corresponde al fiscal general, aunque los miembros de ese órgano pueden opinar (incluso votan, aunque el resultado no es vinculante). Sin embargo, los vocales de la AF defienden que esa cita debe suspenderse ante la convocatoria de elecciones, anunciada por el presidente Pedro Sánchez la pasada semana: “Ninguno de los anteriores fiscales generales, una vez disuelto el Parlamento, ha realizado nombramientos de plazas discrecionales, y los que estaban pendientes quedaron diferidos”, afirmaron en una carta.

Sin embargo, la actual cúpula de la Fiscalía General mantiene que “no existen razones que justifiquen la suspensión” del Consejo Fiscal, y que se debe seguir adelante con el proceso para cubrir las plazas que se encuentran vacantes y que salieron a concurso antes de la convocatoria de los comicios. Es más, en el boletín de Infofiscalía del 31 de mayo, el departamento encabezado por García Ortiz respondía que esta postura “no constituye una decisión novedosa, sino que mantiene el criterio histórico” de la FGE; además de asegurar que existían precedentes. Ponía como ejemplo que Consuelo Madrigal, integrante de la AF y fiscal general con un Gobierno del PP, propuso a Olayo Eduardo González como fiscal de sala emérito en el Tribunal Supremo —al que se nombró el 27 de mayo de 2016—, “después de las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre de 2015, una investidura fallida y [la convocatoria] de unas nuevas elecciones generales celebradas el 26 de junio de 2016”.

Esta referencia generó un enorme malestar en la Asociación de Fiscales. Madrigal envió un escrito a la Fiscalía General, al que tuvo acceso EL PAÍS, donde afirma que el nombramiento de González no fue ”discrecional” (ni una “promoción”), sino que respondía a una “trámite cuasi-automático” por motivos de edad; por lo que solicitaba que se “rectificase” públicamente por los “mismos medios” y con el mismo “alcance”, ya que se “induce al público a un grave error al equiparar situaciones heterogéneas y radicalmente opuestas”. La FGE emitió entonces un nuevo Infofiscalía el 6 de junio donde, lejos de dar un paso atrás, “complementaba” su boletín anterior con “otras propuestas de nombramiento adicionales realizadas por la ex fiscal general del Estado, que no podían paralizarse a causa de la convocatoria de elecciones generales”. En total, según el documento, fueron 11 designaciones “discrecionales” de Madrigal.