El Gobierno garantizará a partir de junio el derecho al olvido oncológico

El derecho al olvido oncológico, una reivindicación histórica de las organizaciones de lucha contra el cáncer ante las condiciones más gravosas que suelen afrontar quienes han padecido esta enfermedad a la hora de contratar productos o servicios como créditos, seguros o hipotecas, será una realidad en verano. Pedro Sánchez, de vuelta a España tras la recepción con el presidente estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca, se ha comprometido a ello esta mañana en un encuentro que ha mantenido en Sevilla con asociaciones de enfermos, antes de su primer mitin de la campaña electoral del 28-M. El Gobierno impulsará una iniciativa legislativa para apresurar su tramitación en las Cortes. El objetivo es que el derecho al olvido oncológico esté en vigor en junio. Este nuevo derecho beneficiará a todas las personas que hayan finalizado un tratamiento contra el cáncer cinco años antes de la fecha de suscripción del contrato, sin recaída posterior.

“Vamos a reconocer el derecho al olvido oncológico de todos aquellos pacientes que vencieron al cáncer. Eso significa que ya no más van a sufrir discriminación a la hora de firmar una hipoteca o acceder a un seguro o un crédito. Esta es la política útil, es lo que hace un Gobierno sensible con la gente y que defiende lo que le interesa a la mayoría de la gente”, ha aseverado Sánchez ante más de 2.500 militantes y simpatizantes.

La norma que ahora anuncia Sánchez se basa en la estrategia global y coordinada en la lucha de Europa contra el cáncer, que recomienda a los Estados miembros poner medidas para evitar la discriminación de los supervivientes de esta enfermedad antes de 2025. Está aprobada en una resolución del Parlamento Europeo de febrero de 2022, y España tenía pendiente aplicar medidas.

La propuesta del PSOE declarará nulas todas las cláusulas basadas en los antecedentes oncológicos que excluyan o que discriminen a la hora de contratar productos o servicios. El principal partido del Gobierno entiende que es prioritaria una regulación que impida que se puedan tener en cuenta los antecedentes oncológicos de los asegurados. El resultado suele ser la imposición de condiciones más gravosas por parte de las aseguradoras.

La norma que los socialistas llevarán al Congreso y el Senado establecerá, por primera vez, el derecho a no declarar que se ha padecido cáncer cuando se vaya a contratar un seguro vinculado a un préstamo hipotecario. El 83% de los pacientes o expacientes de leucemia de entre 18 y 35 años aseguran que han tenido dificultades al contratar un seguro de vida. El 78% las han experimentado con el de decesos, según recoge el estudio Jóvenes y leucemia: Más allá de sobrevivir, de la Fundación Josep Carreras, realizado el año pasado entre 295 jóvenes que padecían o habían pasado la enfermedad.

El PSOE llevará a cabo la tramitación mediante la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y de la Ley del Contrato de Seguro.

La medida se inspira en los avances en países como Francia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, donde los supervivientes de cáncer ya disfrutan del derecho al olvido. El Parlamento Europeo proponía a los países miembros que lo garanticen 10 años después del final del tratamiento, un plazo que baja a 5 años para los pacientes que hayan recibido su diagnóstico siendo menores de edad. Sánchez se ha acogido a este último para todos los supervivientes.

“Las aseguradoras y los bancos no deben tener en cuenta el historial médico de las personas afectadas por el cáncer; pide que las legislaciones nacionales garanticen que los supervivientes de cáncer no sean discriminados en comparación con otros consumidores; toma nota de la intención de la Comisión de colaborar con las empresas para elaborar un código de conducta que garantice que la evolución de los tratamientos contra el cáncer y su mayor eficacia se reflejen en las prácticas comerciales de los proveedores de servicios financieros”, reza la resolución del Parlamento Europeo, aprobada en febrero de 2022.

Fuentes bancarias matizan que para conseguir una hipoteca no es obligatorio suscribir un seguro de vida. Sin embargo, las condiciones a cambio de no contratar uno muy a menudo significan el pago de un interés mayor.

Eneko Ariz López de Castro, fundador de e]Cancelación, un bufete de abogados especializado en derecho al olvido, celebra el anuncio, pero matiza que habrá que esperar a conocer el reglamento para conocer su verdadero alcance: “Tendremos que ver su ámbito de aplicación, si anula las cláusulas futuras, si se puede aplicar también a situaciones pasadas de pacientes a los que ya se les haya denegado un seguro”.

La patronal de las aseguradoras (Unespa), asegura que el sector “es sensible a la situación de las personas que han superado un cáncer y necesitan un seguro para contratar una hipoteca u otro préstamo”. “Hemos entablado contacto con la Administración y con las organizaciones de los pacientes oncológicos para encontrar marcos de colaboración que, siguiendo los principios propios de la técnica aseguradora, beneficien a las personas que han superado un cáncer”, añaden portavoces de la patronal.

En realidad, ya existe un texto legal que prohíbe la discriminación a la hora de contratar seguros. Lo hacen dos disposiciones adicionales de la Ley 50/1980, que vetan las trabas a personas discapacitadas y con VIH “u otras condiciones de salud”. Carlos Lluch, corredor de seguros y colaborador de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), asegura que estas dos cláusulas llevan años “siendo vulneradas por toda la industria del seguro”.

2,2 millones de afectados

Sánchez ha adelantado los planes del Ejecutivo a representantes de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), la Asociación Marco Luna y la Asociación de afectadas de Cáncer de Ovario. La reunión se ha celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno de Andalucía y ha contado con la presencia del ministro de Sanidad, José Manuel Miñones.

La AECC estima que hay 2,2 millones de personas que han superado un cáncer y valora positivamente esta anuncio, que “supone un gran paso para la protección social de los pacientes”. Según la asociación, el derecho al olvido no es el único problema al que se enfrentan: “Necesidades sociales crecientes, soledad no deseada, problemas laborales y necesidades sanitarias específicas hacen que la dimensión de los problemas de este colectivo sea más grande en una sociedad, como la española, cada vez más envejecida”.

Ponen como ejemplo la pérdida de trabajo y la “cada vez más complicada reinserción laboral”. Según datos de la asociación, el 21% ha tenido que dejar de trabajar por la enfermedad y un 14% ha tenido que cambiar de trabajo.

Yaiza Cumelles, superviviente de cáncer, sabe lo que es que le denieguen un seguro por haber sufrido la enfermedad. “Con bancos, hipotecas, o seguros, ni me lo planteo. Porque ya sé cuál es la respuesta”, aseguraba en un reportaje publicado hace unas semanas en EL PAÍS. Hoy dice estar “muy feliz por este paso tan grande e importante”.

“El cáncer es una enfermedad muy dura, no solo mientras estás en tratamiento, sino que también después sigues con la etiqueta de ‘paciente de cáncer’ que te acompaña siempre”, explica. “Vives con las secuelas físicas y mentales y, además, el estigma social: puertas cerradas y discriminación. Tratas de vivir de una manera lo más normal posible, pero la sociedad te recuerda constantemente que con estar viva tienes suficiente. Tras la noticia de que se aplicará el derecho al olvido oncológico, estoy muy orgullosa, vivir en un país que apuesta por avanzar y ofrecer oportunidades a los que hemos sufrido esta enfermedad, me alegra muchísimo”.

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