Manos Limpias admite la posibilidad de que su denuncia se base en noticias falsas

Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, la organización que ha impulsado la vía penal contra Begoña Gómez, ha admitido la posibilidad de que su denuncia se base en informaciones falsas publicadas por algunos diarios digitales. En un comunicado emitido este jueves, Bernad defiende su actuación y argumenta que él se limitó a “poner en conocimiento del juzgado” una “serie de informaciones” que habían difundido “varios diarios digitales” sobre “presuntas irregularidades, que pudieran ser presuntamente delictivas” atribuidas a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “tras observar que la Fiscalía no actuaba de oficio”. “Será ahora el juez instructor quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no”, ha apuntado.

El líder de Manos Limpias insiste en que su denuncia buscaba que se abrieran diligencias para “comprobar la veracidad” de las supuestas noticias. “No ha habido en el actuar de Manos Limpias el más mínimo acto falsario, pues como bien han dicho quienes nos han criticado, basé la denuncia que se presentó en dichas informaciones periodísticas, y solo en las mismas. Será ahora el juez instructor quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no. Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron quienes deberán asumir la falsedad, pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir”, ha remachado. Desde hace lustros, esta organización se dedica a presentar denuncias contra dirigentes políticos (especialmente de izquierdas) que suelen quedar en nada, y ha sido investigada en varias ocasiones por impulsar denuncias falsas.

La denuncia de Manos Limpias, a la que tuvo acceso EL PAÍS y que se encuentra fechada el 8 de abril, ha desatado un auténtico terremoto político tras su admisión a trámite. El 9 de abril se le puso el sello de registro de entrada de los Juzgados de Madrid, pasando así a la fase de reparto. El escrito recayó en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, encabezado por el magistrado Juan Carlos Peinado, que abrió diligencias el 16 de abril. Este miércoles, tras trascender la decisión del instructor, Sánchez anunció que se plantea dimitir por “los ataques sin precedentes” de la derecha y la ultraderecha contra su esposa.

“Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este honor”, afirmó el jefe del Ejecutivo en una carta difundida en su cuenta de la red social X (antiguamente conocida como Twitter), donde remachó: “La denuncia de Manos Limpias se basa en supuestas informaciones de [una] constelación de cabeceras ultraconservadoras. Subrayo lo de supuestas informaciones porque, tras su publicación, hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos digitales rectifiquen lo que, sostenemos, son informaciones espurias”.

La denuncia de Manos Limpias se dirige contra Begoña Gómez por “recomendar o avalar con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas”, “prevaliéndose de su estatus personal de esposa del presidente del Gobierno”. Según ya admitía el propio Bernad en este documento remitido al juzgado, sus acusaciones se sustentan en informaciones publicadas por “varios diarios digitales y de papel, y posteriormente en tertulias televisivas”. Todos de corte conservador. De hecho, de seguido, enumera una serie de titulares de El Confidencial, Vozpópuli, Libertad Digital y The Objective.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid informó este miércoles que el magistrado, tras recibir la denuncia, abrió diligencias de investigación contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios —Manos Limpias solo mencionaba el tráfico de influencias en su denuncia—. Además, el juez decretó la causa secreta y ha citado a declarar como primeros testigos a responsables de los medios que publicaron las informaciones. Según han explicado fuentes del ministerio público, Peinado impulsó la causa sin contar con la opinión de la Fiscalía, a la que no preguntó sobre el caso para que se posicionara al respecto.