El PSOE rechaza el intento de Podemos de introducir más retoques a la ley de vivienda

El PSOE no negociará más enmiendas ni correcciones de última hora al dictamen final de la ley de vivienda, la norma estatal que regulará y pondrá por primera vez limitaciones al precio de los alquileres y que se aprobará este jueves con una amplia mayoría de sus socios habituales en el Congreso. La ley lleva casi toda la legislatura discutiéndose entre los dos socios de la coalición de Gobierno y sus aliados parlamentarios, y sobre el texto inicial se han incorporado 400 de las más de 800 enmiendas presentadas. Pero Podemos ha intentado al final, para meter más presión y recuperar protagonismo sobre ese compromiso de investidura, incorporar algún añadido para fijar nuevos topes a los pisos turísticos que el PSOE ha rechazado. El primer paso de la ley que prosperará el jueves divide el Congreso entre dos bloques: los que defienden más protección a las familias vulnerables frente a los desahucios y los que, como el PP, alertan contra las supuestas dificultades que la Ley impondrá a los grandes rentistas y propietarios para desalojar a los okupas y para subir los alquileres en sus viviendas.

La Ley que saldrá del Congreso este jueves es el primer paso o intento de garantizar el acceso a una vivienda, derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución. Así lo han destacado estos días desde el presidente, Pedro Sánchez, hasta los más destacados líderes políticos de todas las formaciones que han apoyado esta compleja legislatura. Para el PSOE, Unidas Podemos y otros socios del Congreso, la norma que fija algunos límites temporales a las subidas de los alquileres en las zonas tensionadas de muchos municipios o que reequilibra la relación entre los inquilinos y los propietarios y las agencias inmobiliarias es uno de los compromisos más simbólicos de su pacto de investidura y probablemente el último gran hito legislativo pendiente de este mandato.

El dictamen tiene apoyos más que suficientes para salir adelante el jueves sin problemas, porque lo respaldarán, como avanzaron la semana pasada en la comisión, el bloque progresista conformado por PSOE, UP, ERC y EH Bildu, además de Más País y Compromís. El PNV y otras formaciones independentistas catalanas y gallegas como el BNG se abstendrán o lo rechazarán porque entienden que invade competencias autonómicas, aunque valoran sus avances. El PSOE, además, permitió que las últimas aportaciones al texto las presentaran ERC y Bildu para evidenciar su disposición al diálogo sobre un texto tan relevante, restar protagonismo a Podemos y evidenciar los proyectos que podrían impulsar en el futuro.

La mayoría de los socios habituales remarcaron ayer, como hicieron en las últimas semanas de intensas negociaciones con el Gobierno y el PSOE, que la aprobación de esta ley es solo un punto de partida. Desde Unidas Podemos, además, se intentó negociar con los grupos afines una nueva enmienda in extremis para acotar el número de pisos turísticos en algunas zonas y municipios muy castigados con ese negocio floreciente y también, de paso, los llamados alquileres de temporada. Se establecieron incluso contactos con algunas de esas formaciones para lanzar otro aviso al PSOE. UP se tropezó, sin embargo, con un problema logístico y reglamentario bastante insalvable. Ni UP ni ERC ni tampoco Bildu tenían ninguna “enmienda viva”, es decir, sin retirar, que negociar hasta el pleno del jueves. Las últimas las habían aparcado en la comisión de la semana pasada.

El PSOE aclaró más tarde, ante la posibilidad de que UP intentara forzar ese debate a través de alguna enmienda vigente de partidos más pequeños, que no está por aceptar más modificaciones. La secretaria general del grupo socialista, Isaura Leal, presumió incluso de que en el proceso parlamentario habían introducido en el texto más de 400 correcciones sobre las 800 registradas y lo subrayó como ejemplo de su “muestra y ejemplo” de su manera de gobernar “sin rodillos ni imposiciones”.

El PSOE explicó, además, que la regulación específica de los pisos turísticos es una competencia de las administraciones locales, en un argumento también pensado para aplacar las críticas y recelos de formaciones nacionalistas como el PNV, JuntsxCAT o el BNG. EH Bildu, que ha tenido más papel en esta negociación que el PNV, asumió esa tesis socialista y reprochó a la formación nacionalista vasca que abusara para todo del “comodín de la llamada invasión de competencias”, según su diputado Óscar Matute.

Dos bloques

La discusión sobre la ley de Vivienda y la votación del jueves en el pleno ha servido también para dividir el Congreso en dos bloques a la hora de fijar las prioridades de los partidos al legislar sobre ese poderoso sector. PSOE, UP, ERC, EH Bildu destacaron la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda con precios y alquileres asequibles. PP, Vox y Ciudadanos abundaron en la idea de que la norma “beneficia a los okupas y perjudica a los propietarios” y ratificaron que, si pueden, en el futuro la derogarán. Matute precisó que la ley persigue algo “tan razonable” como que los desalojos no se hagan “con nocturnidad y alevosía y se avise antes cuándo se producirán”. Echenique, Íñigo Errejón y Leal explicaron que la ley pretende proteger algo más a las familias vulnerables en los desahucios sobre los grandes tenedores de viviendas de alquiler y negaron que la ocupación ilegal de viviendas vacías sea ahora un gran problema en España. La diputada socialista cifró en el 0,5% el número oficial de viviendas ocupadas de propietarios particulares. La popular Cuca Gamarra denunció que la ocupación ilegal de viviendas ha subido un 40% desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa con 16.700 denuncias el último año (46 al día).