El Tribunal de Cuentas pide un mayor control de las fundaciones vinculadas a los partidos
El órgano fiscalizador advierte del desequilibrio entre financiación pública y privada de las formaciones y de la excesiva dependencia de los resultados electorales
El Tribunal de Cuentas ha elaborado un informe en el que plantea la necesidad de un mayor control de las fundaciones vinculadas a partidos políticos. En el informe denuncia que más de la mitad de las fundaciones fiscalizadas en 2018 y 2019 ―los últimos ejercicios analizados― no informaron sobre sus finanzas en el plazo legalmente previsto o sencillamente no han proporcionado dato alguno. “De las 51 entidades fiscalizadas en 2018 ―expone el informe―, 23 remitieron las cuentas anuales en plazo (antes del 30 de junio del ejercicio siguiente al que se refieren), 22 se recibieron transcurrido dicho plazo y 6 entidades no han remitido sus cuentas”, recoge el texto. Por tanto, frente a las 23 que cumplieron sus obligaciones legales, otras 28, una mayoría, no lo hicieron. En 2019, 16 entidades rindieron cuentas en plazo, 26 fuera de plazo y 9 no remitieron sus cuentas anuales. Se registraron, por tanto, 35 incumplimientos y 16 actuaciones regulares.
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, comparece este martes ante la Comisión Mixta encargada de esta institución en el Congreso para exponer su informe, que concluye que “la financiación pública representa el 72% de los recursos (de los partidos) y la financiación privada el 28%”. A juicio del tribunal esta situación es desequilibrada y puede poner en riesgo la viabilidad económica de diversas organizaciones ―que no especifica―, al hacerlas depender en exceso de su cotización electoral. Fuentes del propio Tribunal de Cuentas explican que en esta comparecencia se ha optado por ofrecer datos generales, sin señalar a partidos concretos, con objeto de no interferir en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo, que en el órgano fiscalizador ya se considera en pleno desarrollo, aunque no se haya iniciado formalmente.
Con datos de 2017, el informe subraya “la conveniencia de equilibrar” el peso que deben representar las fuentes pública y privada “en el total de la financiación con objeto de evitar una excesiva dependencia de los ingresos de origen público”. Y ello por cuanto tales ingresos “pueden verse sometidos a variaciones significativas en función de los resultados electorales y devenir en el riesgo de incurrir en situaciones de insolvencia”.
El informe también detalla, con datos de 2017, que “la financiación pública consistió en subvenciones de funcionamiento ordinario por importe de 170,67 millones de euros”. En esta cifra se incluyen 2,71 millones de euros para sufragar gastos de seguridad y 5,72 millones de euros en subvenciones electorales. Los recursos privados contabilizados representaron un total de 67,73 millones de euros, en los que se incluyen aportaciones de cargos públicos, cuotas y aportaciones de afiliados y donaciones, entre otras.
En cuanto al cumplimiento de las obligaciones para control de la actividad de las fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos políticos, el informe subraya que en 2018 y 2019 solo han presentado el informe de auditoría de cuentas alrededor de un tercio de las entidades fiscalizadas. En 2018 presentaron las cuentas 18 de 51 entidades (35%) y al año siguiente, 16 de las 51 (31%).
Por otra parte, según la información presentada por el Ministerio del Interior, a 31 de diciembre de 2019, “sólo 18 de las fundaciones y 3 de las entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos fiscalizados, se habían inscrito en la sección específica del Registro de Partidos Políticos”.
El informe recomienda a Interior que “continúe actualizando el Registro de Partidos Políticos” para poder disponer de una relación de los partidos políticos obligados a presentar sus cuentas al Tribunal. El órgano fiscalizador ya había alertado al ministerio dirigido por Fernando Grande-Markaska de que una serie de partidos no habían gastado la totalidad de las subvenciones que percibieron para atender a gastos de seguridad, por lo que debían devolver las cantidades no utilizadas.
La lista de organizaciones que se hallaban en esta situación incluía a Podemos (229.861,84 euros), Izquierda Unida (32.495,97 euros), Barcelona en Comú (24.726,51 euros), Esquerra Unida i Alternativa (12.615,36 euros), Compromís (14.347,04 euros), Anova (12.969,61 euros), Nueva Canarias (6.848,56 euros), Partido Aragonés (8.757,18 euros), Unión del Pueblo Navarro (3.807,74 euros), Foro (3.046,10 euros) y EH Bildu (45,71 euros). Algunos de estos partidos, como Podemos, ya procedieron a la devolución en 2021 vía ingreso al Tesoro Público.
