El Supremo rechaza una querella de Vox contra Sánchez y la mesa de diálogo para Cataluña por ser “política”

El Tribunal Supremo ha dado carpetazo a uno de los principales intentos de Vox de sentar en el banquillo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a todos los integrantes de la mesa de diálogo para Cataluña (ministros y consejeros de la Generalitat) y a los portavoces del PSOE y Unidas Podemos. La Sala de lo Penal argumenta para inadmitir la querella de Santiago Abascal por conspiración para la rebelión que no tiene “base alguna” y solo se basa en “especulaciones” y “procesos de intención”. Los jueces le dicen al partido ultra que lo que han presentado ante el tribunal es una “una impugnación o crítica completa a la línea política” del Gobierno para acabar con el procés y sus secuelas, tras lo que subrayan que tanto la postura gubernamental como su crítica son “plenamente legítimas en el plano político”. Pero esa diferencia política, sentencian, “debe ventilarse en la contienda electoral”, no con querellas.

Vox presentó la querella en diciembre pasado, con gran despliegue de su aparato mediático. Entonces, el propio Abascal dijo ante el Supremo que acudía al tribunal con una denuncia con “muchísimas pruebas, muy sopesada, con una argumentación jurídica inatacable”, con la que estaban convencidos de que iban a dar al traste con lo que llamó “la mesa de la conspiración”. La denuncia iba contra prácticamente todo el Gobierno y el propio Sánchez; todos los consejeros catalanes que participaron en la citada mesa y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los portavoces parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos.

El tribunal, al contrario que Abascal, no ve nada sólido para sostener la querella, salvo “los repetidos procesos de intención que se prodigan en el relato”, afirmaciones que se dan por ciertas sin aportar más. De hecho, la sala llega a calificar la documentación aportada de “especulaciones” sin ningún elemento “que avale razonablemente su realidad”.

O como lo explica el Supremo: “No existe base alguna, mínimamente sólida, más allá de los repetidos procesos de intención que se prodigan en el relato de la querella, que permita considerar, siquiera, en los referidos términos indiciarios (...) que los querellados conspiren para cometer un delito de rebelión (...) o se encuentren en cualquier fase orientada a la preparación del mismo”.

El escrito que firman los magistrados Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer, Leopoldo Puente (ponente) y Javier Hernández, insiste en que Vox lleva a los tribunales lo que no le gusta políticamente. Cuando presentó la querella, Abascal dijo que Sánchez estaba perpetrando “un golpe sostenido en el tiempo”, con “indultos ilegales” a los líderes del procés con los que pretendía conseguir “una amnistía encubierta y facilitar la futura comisión de delitos y que el Estado no tenga defensa cuando algunos declaren la independencia”.

El Supremo tiene claro que lo que hace Vox es “una impugnación o crítica completa a la línea política seguida por el Gobierno de España, con relación al proceso que fue enjuiciado en nuestra sentencia de 14 de octubre de 2019 y, por extensión, relativa al entendimiento que aquel defiende, (o que el querellante le atribuye defender), en el marco de la organización territorial del Estado”. El juicio del procés fue presidido por Marchena, que fue ponente de la sentencia, y ahora firma la inadmisión de la querella.

Para que no quede duda, el Supremo le dice a Vox que este asunto hay que resolverlo en las urnas, no en los tribunales. Así, explica que la crítica de Vox al proceder de Sánchez es “plenamente legítima en el plano político, como legítima es también la posición contraria. Será en el ámbito político y, en último y soberano término, en el propio de la contienda electoral, donde deberá ventilarse”, concluye el auto.