El juez sienta en el banquillo a 17 personas por otra trama corrupta de la era de Convergència

Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, ha enviado a juicio a 17 personas por su implicación en una supuesta trama de corrupción para amañar contratos desde la empresa pública Gestió d’Infraestructures (GISA), que después se rebautizó como Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, durante la época de la extinta CDC (Convergència Democrática de Catalunya). Esta investigación es una derivada al caso 3%, la presunta red de financiación irregular de la formación nacionalista. La Fiscalía pide penas de hasta ocho años y nueve meses de cárcel para los imputados en esta causa, bautizada como Pieza Infraestructuras.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción explica que los sospechosos urdieron un complot para manipular, “al menos”, una docena de adjudicaciones. El objetivo era que estas acabaran en manos de compañías de “confianza”, que previamente habían “pactado” los precios de sus ofertas, provocando un “perjuicio para los intereses patrimoniales públicos”, según el sumario. Tras la resolución de este miércoles de Pedraz, los implicados tienen ahora tres meses para presentar sus escritos de defensa.

El ministerio público sitúa en la cima de la trama a Joan Lluís Quer, expresidente de GISA y condenado en 2022 a dos años de cárcel por la Audiencia de Barcelona por la concesión irregular de proyectos cuando se encontraba al frente de la Agencia Catalana del Agua (ACA); y a Josep Antoni Rosell, ex director general de la compañía autonómica. Anticorrupción pide para ellos ocho años y nueve meses de cárcel, y recalca que ambos “manipulaban todo el proceso de adjudicación de contratos”; “abusaban de su jerarquía”; “presionaban y daban indicaciones para modificar las valoraciones de las ofertas efectuadas por los técnicos”; “influían decisivamente” en las mesas de contratación, e, incluso, crearon “un paso nuevo en el proceso de valoración de ofertas en los concursos públicos que solo dependía de ellos”.

A ocho años y nueve meses de prisión se enfrentan igualmente Josep Narcís y Tamás Blay, a los que la Fiscalía también señala como cabecillas de la red corrupta. Estos eran, respectivamente, el presidente y secretario general de Asinca (Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña), a través de la cual las empresas bajo sospecha configuraron el “cartel colusorio” —al que denominaron “Núria Bofill”— que pactaba los precios y funcionaba supuestamente en consonancia con los máximos responsables de GISA.

Anticorrupción pide una condena de seis años y tres meses de prisión para los otros 13 procesados, directivos de empresas de ingeniería y licitadores en concursos públicos, principalmente.

La Pieza Infraestructuras se encuentra vinculada al caso 3% —por el que ya se envió al banquillo a 30 personas, además de a CDC y al PDeCAT como personas jurídicas— y se empezó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de El Vendrell (Tarragona), que seguía la pista a la adjudicación por parte de Infraestructures de determinados contratos a cambio del pago de comisiones entre 2008 y 2015. Estas pesquisas aterrizaron en la Audiencia Nacional en 2018, que asumió la causa. Dos años después, en el verano de 2020, el juez instructor José de la Mata ordenó procesar a los 17 implicados.