Conde-Pumpido, un progresista con perfil combativo
El nuevo presidente del Constitucional, fiscal general del Estado entre 2004 y 2011, ejerció durante dos etapas en el Supremo antes de llegar al tribunal de garantías en 2017, donde ha confrontado en estos años con la mayoría conservadora
Cándido Conde-Pumpido (A Coruña, 1949), recién elegido presidente del Tribunal Constitucional, ingresó en la carrera judicial en 1974 y dos décadas más tarde, en 1995, ingresaba en el Supremo como el magistrado más joven de este alto tribunal, en concreto de su Sala Penal. Contaba entonces con 45 años de edad y había desarrollado ya una intensa actividad jurisdiccional, académica y social, siguiendo una larga tradición familiar. Su abuelo fue presidente de tres Audiencias Territoriales, el antecedente de los actuales Tribunales Superiores de Justicia, y su padre, teniente fiscal del Supremo.
Desde principios de los ochenta, como magistrado de la Audiencia de San Sebastián, Conde-Pumpido fue convirtiéndose en un protagonista de la historia judicial del país. Fueron los “años de plomo” de la lucha contra ETA, y los de la aparición de los GAL. La experiencia acumulada en aquella etapa, que duró cinco años, le fueron muy útiles más tarde para el desempeño del cargo que quizás ha marcado en mayor medida su trayectoria, el de fiscal general del Estado, entre 2004 y 2011, porque fue en ese período cuando más pudo avanzarse y consolidarse el final del terrorismo.
Conde-Pumpido tuvo una importante intervención en decisiones que se adoptaron en este complejo período. Estuvo, por ejemplo, entre el grupo mayoritario de magistrados del Supremo que condenó al exministro del Interior José Barrionuevo y al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, en la sentencia de los GAL, por el secuestro de Segundo Marey. Por otra parte, una intervención de Conde-Pumpido en un congreso de Jueces para la Democracia dio origen a una fuerte controversia al afirmar que “el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”. El PP interpretó esta frase como demostrativa de supuestas concesiones en la lucha contra el terrorismo, y pidió su dimisión, obviando otros aspectos del mismo discurso en los que destacó el compromiso de la Fiscalía en la lucha contra ETA. Conde-Pumpido dijo en su intervención, por ejemplo: “los fiscales hemos aguantado en pie y con la toga puesta cuarenta años de despiadado terrorismo etarra, y sin más munición que la Constitución y la ley emanadas de este Parlamento, ni más arma que nuestros dictámenes y nuestras sentencias, hemos puesto esa maquinaria asesina al borde de su extinción”.
En su defensa de la legalidad, mantuvo en ésta y otras ocasiones que no hay atajos en la lucha contra la criminalidad. Así, por ejemplo, como portavoz de Jueces para la Democracia criticó la ley de “la patada en la puerta”, que permitía registros domiciliarios sin autorización judicial en caso de delitos presuntamente flagrantes, y cuando el Constitucional anuló este precepto concreto, afirmó confiar “en que este varapalo jurídico induzca al Ministerio del Interior a comprender que el camino de la disminución de las garantías jurídicas ni es legítimo ni es políticamente rentable”.
La actividad de Cándido Conde-Pumpido al frente de la Fiscalía —favorecida por ser el suyo el mandato más largo de los fiscales generales habidos desde la Transición— cambió en aspectos esenciales la estructura y funcionamiento del ministerio público. De entrada, promovió en 2007 una modificación del Estatuto de los fiscales que incrementó su autonomía con respecto al Gobierno. A partir de ese cambio, el Ejecutivo ya no pudo cesar al fiscal general por propia voluntad, sino por causas tasadas, con el objetivo de evitar decisiones arbitrarias por conveniencias políticas.
Durante esta etapa se pusieron en marcha o se potenciaron diversas fiscalías especializadas en las más diversas materias, entre ellas lucha antiterrorista, criminalidad informática, cooperación internacional, y sobre todo la dedicada a combatir los casos de corrupción. En este mismo período también fue esencial la actuación de los órganos de la Fiscalía y la justicia en aplicación de la ley de Partidos Políticos, frente a las diversas marcas que la izquierda abertzale pretendió utilizar electoralmente actuando como brazo político de ETA.
La gran tarea, emprendida pero no culminada, que quedó pendiente en esa etapa fue la de la transformación del proceso penal en España, para que la investigación de los delitos y la instrucción de los sumarios pase a manos de los fiscales, correspondiendo a los jueces el papel de garantizar los derechos de las partes en el proceso. Ha habido diversos intentos de cambiar el actual modelo de investigación de las causas penales, pero de un modo u otro siempre han faltado las circunstancias idóneas para hacer posible el consenso político. En este caso, en 2011, un adelanto electoral impidió que la iniciativa llegara a buen puerto.
Tras la victoria electoral del PP en 2011, Conde-Pumpido regresó a la Sala Penal del Supremo, en la que fue su segunda etapa en el alto tribunal, de donde pasó en 2017 al Constitucional a propuesta del Senado. En esta última etapa sus conocimientos como penalista, y en concreto en materia de delitos económicos, ha sido fundamental para su labor en el tribunal de garantías. Junto a Antonio Narváez, fiscal del Supremo, se ocupó de coordinar las sentencias relativas a los recursos de los condenados en la causa del 1-O, hasta que las recusaciones presentadas contra ambos, cuestionando su imparcialidad por declaraciones realizadas sobre el procés, condujo a su abstención. Para entonces, sin embargo, ya estaba dictada la mayor parte de estos fallos, en los que Conde-Pumpido se pronunció junto a la mayoría, que avaló las resoluciones del Supremo y la condena de los líderes independentistas por los delitos de sedición en concurso medial con el de malversación.
Durante el último período, Conde-Pumpido mantuvo discrepancias radicales con la mayoría conservadora del Constitucional. Así fue con respecto a las sentencias que anularon los decretos del estado de alarma para hacer frente a la pandemia. El tribunal consideró que había que haber pedido a las Cortes la declaración del estado de excepción, puesto que se acordó una suspensión de diversos derechos fundamentales. Aquellas sentencias se aprobaron por seis votos a cinco, correspondientes respectivamente a los bloques conservador y progresista. Con el mismo resultado se aprobó en diciembre pasado la intervención del tribunal para parar las reformas legislativas que pretendían facilitar la renovación del propio Constitucional. La combatividad de Conde-Pumpido en este y otros asuntos ha llevado a que la derecha judicial y política haya intentado dificultar en extremo su acceso a la presidencia del tribunal.
