Unidas Podemos toma aire tras un año agitado

El último paquete de medidas del Gobierno para paliar los efectos de la crisis, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, permite a Unidas Podemos exhibir su influencia en el Ejecutivo y respirar tras un año agitado, por un contexto geopolítico y económico complejo con la guerra en Ucrania y la escalada de la inflación, pero también por las tensiones dentro del grupo. Pese a logros legislativos relevantes, como la culminación de la reforma laboral a comienzos de año, el bloqueo de otras normas por el choque con el PSOE, la batalla abierta por la reconfiguración del espacio político que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz o los retrocesos electorales en Castilla y León y Andalucía dejan un balance agridulce para la formación en su tercer año de Gobierno.

La sensación dentro del grupo es que ante un panorama complicado (en verano el alza de los precios alcanzó los dos dígitos) el Gobierno ha actuado de forma correcta, interviniendo en aquellos sectores donde debía hacerlo, aunque en ocasiones no se haya ido todo lo lejos que demandaba el socio minoritario. Para UP son especialmente significativas las medidas relacionadas con el tope al precio del gas, los impuestos extraordinarios a la banca, las energéticas y a las grandes fortunas o la congelación durante seis meses del precio de los alquileres en aquellos contratos que se vayan a renovar, una propuesta incluida ahora en la prórroga del decreto contra la crisis y que era la “prioridad principal” del partido en esta negociación.

Tanto el equipo de la vicepresidenta segunda como Podemos han empujado también para la creación de un cheque a fin de intervenir en otro de los sectores particularmente afectados por la crisis económica, el de la alimentación. En la organización celebran que la propuesta se haya “abierto paso”, aunque la iniciativa original contemplaba una mayor cobertura que la lograda (finalmente 200 euros para aquellos hogares que cobran menos de 27.000 euros al año). “Son momentos difíciles para muchas personas en nuestro país y necesitamos más que nunca que la política sea útil”, valoró Díaz antes de explicar las medidas aprobadas. “Este Gobierno va a seguir cuidando a la gente y trabajando por el bien común con el nuevo decreto”.

“Hemos trabajado mucho y negociado hasta esta misma mañana a primera hora para lograr el acuerdo”, ha subrayado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un mensaje difundido al mismo tiempo que comparecía el presidente Pedro Sánchez. La también ministra de Derechos Sociales se ha declarado “especialmente satisfecha” de haber logrado “convencer al socio” para incluir medidas en materia de vivienda, aunque ha evitado el tono triunfalista y ha lamentado que quede fuera su propuesta de congelación de las hipotecas a tipo variable.

De la reforma laboral a la crisis institucional

El año que acaba ha sido convulso para UP, pese a lograr algunos avances normativos fundamentales. Después del acuerdo entre sindicatos y patronal, la reforma laboral de Díaz obtuvo el visto bueno del Congreso en febrero. Fue una votación polémica, con la negativa de los nacionalistas de ERC, PNV o EH Bildu y solo salvada gracias a la equivocación de un diputado popular Alberto Casero. Su entrada en vigor desafió finalmente los peores augurios. En menos de un año se ha reducido la temporalidad del empleo a mínimos históricos y uno de cada dos contratos que se formalizan ahora son indefinidos. Está previsto que este mismo miércoles Díaz haga balance de la reforma, justo cuando se cumplen 12 meses de su aprobación en el Consejo de Ministros. Su departamento hace hincapié en otra norma relevante del último año, la que regula los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.

La actividad legislativa de UP ha sido intensa y no han faltado tampoco los debates. Las leyes impulsadas por Igualdad y Derechos Sociales, en manos de Podemos, han sido objeto de desacuerdo con el socio, en algunos casos ralentizadas en su tramitación parlamentaria. Pasó con la ley trans —que todo el grupo reconoce como uno de los “hitos” de la legislatura y fue aprobada en el Congreso la semana pasada después de una ardua batalla dentro del PSOE— o la de bienestar animal —en la que UP ha cedido a la exigencia de los socialistas para excluir a los perros de caza de la norma—. También la Cámara baja dio luz verde esos días a la reforma de la ley del aborto, como antes lo había hecho con la del solo sí es sí (envuelta ahora en polémica por la rebaja de algunas penas a agresores sexuales al entrar en vigor). Recientemente, también el Consejo de Ministros aprobó la norma de familias con meses de retraso sobre el calendario previsto.

Fuera de la acción en Gobierno, los resultados de los comicios de este año han servido para ahondar el declive electoral del espacio. En febrero, UP perdió uno de los dos procuradores que tenía en las Cortes de Castilla y León. Y en junio, la confluencia de izquierdas se hundió en Andalucía, al pasar de 17 diputados a tan solo cinco. En este segundo caso, la debacle en las urnas vino precedida de una pelea pública entre los partidos que complicó sus opciones. La negociación para decidir el cabeza de lista (finalmente IU) se había apurado tanto que Podemos acabó fuera del registro oficial de la marca, lo que derivó en reproches cruzados. El exvicepresidente Pablo Iglesias llegó a cargar contra Díaz y la formación de Alberto Garzón, llevando al límite la convivencia en el grupo.

El año ha servido para constatar el alejamiento entre la cúpula de Podemos y la actual líder de UP, de la que se ha desmarcado en multitud de asuntos hasta el punto de esbozar ya un escenario de casi ruptura que amenaza con concretarse en dos candidaturas distintas en las generales. En plena construcción de Sumar, el nuevo proyecto político que impulsa Díaz todavía con muchas incógnitas por despejar, Podemos ha aumentado la presión para que esta se siente ya a negociar y anuncie su candidatura, algo que planea hacer a comienzos de año. La vicepresidenta, que ha recorrido buena parte del territorio para presentar su proyecto, insiste en que Sumar será el actor clave para revalidar la coalición en las próximas elecciones. Pero el partido de Belarra pone condiciones. Quiere una coalición electoral con Díaz, sin integrarse ni diluirse en un nuevo partido, y pide un “acuerdo generoso”, esto es, puestos de salida en las listas.

La crisis desatada por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional preocupa en el entorno de la vicepresidenta, que responsabiliza al PP de “erosionar” la democracia y las instituciones al “negarse” a reconocer la legitimidad del Gobierno. Pese a todo, las mismas fuentes dicen confiar en la disposición de “una amplia mayoría de formaciones políticas” para llegar a acuerdos y fortalecer la democracia el próximo año.