Pedro Sánchez pide “serenidad” y garantiza que resolverán el bloqueo del Constitucional y el Poder Judicial
El Ejecutivo no se plantea de momento un cambio de mayorías para renovar el CGPJ y apuesta por recuperar las iniciativas tumbadas a través de proposiciones de ley
Pedro Sánchez ha bajado un poco este martes el nivel de tensión entre el Gobierno y el Tribunal Constitucional, pero sin reducir un ápice la gravedad que el Ejecutivo atribuye a la situación y, sobre todo, con un mensaje claro: el Gobierno tomará “cuantas medidas sean necesarias” para seguir adelante con su intento de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional. En un tono más suave que el de otros portavoces y miembros del Ejecutivo, Sánchez ha comparecido el día después de que el tribunal de garantías acordara suspender preventivamente, por primera vez en democracia, una votación en el Parlamento: la de dos enmiendas con las que el Gobierno pretendía desbloquear la renovación de ambas instituciones. Y ha rematado el mensaje que ya apuntó anoche Félix Bolaños: el Ejecutivo acata, aunque no comparta, la decisión del Constitucional, de la que culpa al PP.
“Esta decisión tiene su origen en que el PP, cuando perdió las elecciones, decidió no cumplir la Constitución y bloquear primero el Consejo General del Poder Judicial y ahora el Constitucional, con el único objetivo de mantener una composición más favorable a sus intereses. Distintas direcciones del PP han arrojado distintas excusas para retener un poder que los ciudadanos no han avalado en las urnas. Esto se ha ido agravando hasta desembocar en esta decisión”, ha afirmado el presidente en una comparecencia sin preguntas y sin prensa en La Moncloa.
“Es un hecho grave. Por primera vez se impide a los parlamentarios que desarrollen su labor de representación de la voluntad popular. Comprendo la indignación de muchos demócratas, y la preocupación de la ciudadanía, que contempla un choque institucional tan grave e inédito en España y en Europa. Pero quiero trasladar un mensaje de serenidad”, ha rematado Sánchez. “España es una de las grandes democracias europeas, nuestro sistema tiene mecanismos que superar esta situación. Acatamos, aunque no compartamos la decisión”, ha asegurado.
A continuación, el presidente anunció los siguientes pasos a dar: “Conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y, en consecuencia, para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del año 2019. En momentos de incertidumbre se precisa serenidad y también firmeza. Serenidad en el estricto cumplimiento de la ley y firmeza para hacer prevalecer el respeto a la Constitución y a la voluntad popular expresada libremente en las elecciones. Quiero asegurarles que el Gobierno de España garantizará el estricto cumplimiento de la ley, de la Constitución, y el absoluto respeto de la voluntad popular y, en consecuencia, del mandato constitucional”.
El Ejecutivo ya ha aclarado cuáles serán esas medidas para desbloquear. Serán una solución fácil, aunque un poco más larga: se recuperarán las dos iniciativas rechazadas, que cambiaban la ley del Poder Judicial y la del Consitucional para forzar la renovación de este último órgano, pero como proposiciones de ley de varios grupos y no como enmiendas a otra reforma, que es lo que el Tribunal Constitucional ha suspendido. Eso llevaría algo más de tiempo, pero tampoco mucho. El Gobierno tiene el problema de que enero es un mes inhábil en el Congreso y el Senado, que habría que habilitar de forma extraordinaria para ir más rápido. Fuentes parlamentarias aseguran que ese se puede hacer y se hará.
Las medidas para desbloquear la renovación del Constitucional están relativamente claras: se trataría de recuperar directamente las ya tramitadas —sendos cambios en la Ley del Poder Judicial y en la del Constitucional—, esta vez dándoles categoría de proposición de ley, no como enmiendas a una ley distinta. Pero más complejo es el otro objetivo apuntado por Sánchez: desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cuatro años con el mandato caducado porque el PP ha ido torpedeando la negociación con sucesivas excusas. La mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno podría reformar la ley del Poder Judicial para cambiar las mayorías necesarias para renovarlo, bajando de los tres quintos actuales a mayoría absoluta. Eso haría innecesario el apoyo del PP y es lo que lleva meses planteando Unidas Podemos.
Sin embargo, cuando el Gobierno intentó hacer esta reforma, en 2020, la Comisión Europea la criticó duramente y Sánchez decidió dar marcha atrás y retirarla. Recuperarla ahora sería muy polémico, aunque no parece fácil imaginar en este momento ninguna otra fórmula de desbloqueo si el PP sigue decidido a no renovar. El Gobierno no quiso descartar públicamente ninguna opción, ni siquiera esta de cambiar la mayoría necesaria para renovar el CGPJ -algo que se puede reformar por ley orgánica y mayoría absoluta- pero fuentes del Gobierno insisten en que esta no es una opción real en este momento después de que se decidiera descartarla en 2020 por el rechazo de la Comisión Europea. En cualquier caso no se hará ahora, pero habrá que ver qué pasa si el bloqueo sigue dentro de varios meses.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, dejó todo abierto en al rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, y no quiso descartar esta salida pese a que se le preguntó expresamente por ella varias veces. “Vamos a estudiar esa resolución del Constitucional, que ha resultado controvertida. Vamos a trabajar para el estricto cumplimiento de la ley, del mandato constitucional, y de la voluntad popular, este es nuestro campo de actuación”, sentenció Rodríguez, que rechazó cualquier tipo de autocrítica del Ejecutivo por haber presentado una reforma tan delicada en forma de enmienda a otra iniciativa para cambiar el Código Penal y retocar la sedición y la malversación.
Más contundente aún fue la ministra de Justicia, Pillar Llop. “Estamos legitimados para decir que el PP ha secuestrado al Poder Judicial. Él mismo lo ha reconocido cuando ha presumido de que no iba a renovar para proteger el CGPJ de Sanchez, del presidente elegido legítimamente. Esto me parece de extraordinaria gravedad. Si se hubiera renovado en estos cuatro años no estaríamos en esta situación. No estaríamos en la posición de tener que hacer estas iniciativas para legislar sobre patologías democráticas generadas exclusivamente por el incumplimiento del PP de la Constitución. ¿Nos piden autocrítica? ¡Estamos intentando desbloquear! Lo que tiene que hacer el PP es poner los nombres sobre la mesa del CGPJ porque ha generado una patología, un germen antidemocrático. Pero el estado de derecho siempre triunfa”., sentenció en tono duro.
