La renovación del Constitucional, varada por el rechazo de los conservadores a aceptar al candidato progresista

La negociación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para renovar el Tribunal Constitucional lleva dos semanas encallada en el mismo punto: los conservadores exigen un “cambio de metodología” que pasa por que cada grupo proponga a varios candidatos en vez de a uno solo y los progresistas rechazan aceptar esta condición, que es vista como un veto indirecto a su aspirante oficial, el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés. Ambos sectores mantuvieron una nueva reunión este jueves que ha acabado sin acuerdo y ninguna de las dos partes se muestra confiada en que vaya a haberlo antes del día 22 de diciembre, cuando se celebrará el pleno en el que, en principio, se votará para elegir a dos nuevos magistrados del tribunal de garantías. Los conservadores, con todo, aseguran que ese día se votará y no descartan proponer ellos otros nombres progresistas.

Los vocales elegidos por el PP no explicitan ni en público ni en privado su rechazo al candidato del otro bloque, pero tampoco esconden que no les gusta (lo consideran afín al Gobierno) y su exigencia de evaluar varios nombres antes de acordar el definitivo surgió cuando los progresistas comunicaron el nombre de su candidato. Los conservadores se reunieron el miércoles por la noche y se ratificaron en su “metodología de negociación”, que, aseguran, exige “no aceptar acríticamente” al candidato del otro grupo, sino que cada uno de los aspirantes propuestos sea “evaluado y aceptado como propio” por todos los vocales.

Los consejeros del bloque conservador acordaron además que el día 22 ellos votarán, se haya cerrado o no un pacto con los progresistas. Para que salga adelante la renovación del Constitucional se necesitan 11 de los 18 votos del pleno. Los conservadores suman 10 y los progresistas 8, por lo que hace falta un pacto entre los grupos o que vocales de uno acepten sumar sus apoyos a los del otro. Esta fórmula ya la intentó Carlos Lesmes antes de dimitir, cuando buscó un acuerdo con los progresistas y tres miembros conservadores, pero fracasó.

Los vocales propuestos por el PP aseguran que su primera intención sigue siendo un pacto global, pero exigen que sea con varios candidatos de cada sector sobre la mesa. Ellos han propuesto una lista de seis —Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro (de la Sala Penal), César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba (Sala de lo Contencioso-Administrativo)—, pero aseguran que están dispuestos a reducirlos al número que acuerden los dos grupos siempre que sea más de uno. “Lo idóneo serían tres”, señala un consejero conservador. En el encuentro de este jueves advirtieron de que no van a moverse de esta posición. Los negociadores progresistas han quedado en consultar la suya con su grupo, pero avanzaron que la respuesta, previsiblemente, será que ellos tampoco van a ceder en su postura, que pasa por Bandrés como único aspirante.

Si se llega sin pacto al día 22 se abren escenarios. Uno es que ambos bloques renuncien a votar, lo que dejaría los nombramientos del CGPJ sin hacer y, previsiblemente, obligaría al Constitucional a pronunciarse sobre los dos magistrados designados por el Gobierno para formar parte del tribunal, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática de derecho constitucional Laura Díez, y decidir si le da o no el plácet. Fuentes del Consejo sostienen que ni el Gobierno ni el Constitucional pueden obligar a los vocales a alcanzar un acuerdo si ningún candidato reúne votos suficientes, pero admiten que el incumplimiento por parte del Consejo de su obligación de designar a dos magistrados —sobre todo, si el CGPJ renuncia a votar— sería un argumento a favor de aceptar la renovación parcial y admitir a los dos elegidos por el Ejecutivo.

Los conservadores aseguran, no obstante, que ellos van a poner nombres y votarlos. Entre esos nombres, afirman, puede haber uno o varios candidatos de los que han manejado los progresistas, y uno de ellos sería probablemente Pablo Lucas, magistrado de la Sala de lo Contencioso que estuvo hasta el final en las quinielas de este grupo, pero tras una votación interna acabaron decantándose por Bandrés por seis votos a uno (el vocal Enrique Lucas es hermano de este candidato y no participó en la votación). Lucas recibió el apoyo de la consejera Mar Cabrejas, pero esta se ha comprometido ante sus compañeros a votar al elegido por la mayoría, por lo que una votación con cualquier otro nombre que no sea Bandrés estaría, en principio, abocada al fracaso.

Pero los vocales propuestos por el PP insisten en que se votará e insinúan que, si no hay acuerdo antes, intentarán que alguno de los vocales progresistas, ante la disyuntiva de dejar los nombramientos sin hacer o votar a otro magistrado aunque no fuera el elegido como primera opción de este grupo, acabe cediendo. Fuentes progresistas descartan plantearse esta opción y señalan que también podría darse la contraria: que el grupo conservador, entre el que hay vocales que han admitido en privado que Bandrés les parece un buen candidato, apoyen el día 22 al aspirante progresista.