Los progresistas del CGPJ se inclinan por Bandrés para el Constitucional, y los conservadores confían en cerrar pronto “uno o varios” candidatos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) retoma este miércoles la negociación que dejó en suspenso cuando el acuerdo entre PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces se daba por seguro. Los vocales pretenden sacar adelante en las próximas semanas los nombramientos de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que tenían que haber elegido antes del 13 de septiembre.

El primer intento de negociación fracasó después de que los consejeros propuestos por el PP aseguraran que no encontraban magistrados del Tribunal Supremo afines a ellos que estuvieran dispuestos a dar el salto al Constitucional, pero fuentes de este bloque afirman ahora que confían en poder convencer a alguno de los que entonces rechazaron la propuesta. Los progresistas, por su parte, se dividen entre dos nombres: Pablo Lucas y José Manuel Bandrés, ambos de la Sala Tercera (Contencioso-administrativo) del Supremo. La mayoría, según miembros del grupo, se decanta por el segundo, pero hay pendiente una votación interna para determinar el candidato definitivo.

En las conversaciones mantenidas hasta ahora entre los dos bloques no llegaron nunca a ponerse sobre la mesa candidaturas oficiales de ambos sectores, un paso sin el que, según admiten consejeros progresistas y conservadores, no podía avanzar la negociación. Los vocales propuestos por PSOE, IU y PNV sí llevaron una lista con nueve nombres (incluido el de un exvocal conservador, Rafael Fernández Valverde) que se habían postulado para ir al tribunal de garantías, pero esta relación nunca se debatió porque los conservadores se negaron. Ahora, dimitido Carlos Lesmes como presidente y descartada una renovación inmediata del CGPJ, fuentes de este sector aseguran que van a insistir en la búsqueda de aspirantes. La intención, en un principio, es intentar convencer a alguno de los magistrados del Supremo a los que afirman haber sondeado sin éxito en septiembre, como Antonio del Moral, Pablo Llarena, Miguel Colmenero (los tres de la Sala de lo Penal), Ignacio Sancho (Sala Civil) o Antonio Vicente Sempere (Sala Social). Algunas fuentes señalan que el preferido es Llarena, pero el instructor del caso del ‘procés’, cuando en septiembre se especuló con su candidatura, envió un mensaje a varios compañeros del tribunal negando estar interesado en una de las plazas en liza. Los conservadores confían, no obstante, en que tendrán “uno o varios” candidatos en los próximos días.

Un vocal del bloque conservador, Vicente Guilarte, propuso durante el pleno del jueves debatir la renovación del Constitucional e incluso cerrar un pacto sobre la marcha. Y, según fuentes del órgano, citó dos candidatos que, dijo, formarían un tándem que podía agradar a la mayoría y encajar con las necesidades actuales del Constitucional: el presidente en funciones del Supremo, Francisco Marín Castán, y María Luisa Segoviano, que se jubiló hace unos días como presidenta de la Sala Social (Cuarta). Pero la propuesta de Guilarte —elegido para el Consejo a propuesta del PP, pero que no forma parte del grupo de ocho magistrados que han estado dilatando los nombramientos— no fue bien acogida, ya que aún se daba por hecho que el PSOE y el PP estaban a punto de cerrar un pacto para el CGPJ y los miembros de este órgano habían acordado frenar la renovación del Constitucional para que la hicieran ya los nuevos vocales.

Guilarte podría plantear ahora de nuevo su propuesta, pero ninguno de sus dos candidatos está, en principio, entre los preferidos de alguno de los bloques. Marín Castán es considerado un conservador moderado, miembro de la Asociación Francisco de Vitoria, y no encaja con el perfil que busca la mayoría del sector conservador, más duro y cercano a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Segoviano, por su parte, es una progresista muy respetada en el alto tribunal, pero los vocales de este grupo parecen decantarse en su mayoría por José Manuel Bandrés y Pablo Lucas. El primero —que lleva casi dos décadas en el Supremo, tras ejercer en juzgados del País Vasco, Cataluña y Aragón y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña— es el que cuenta en principio con más apoyos, pero el grupo ha acordado celebrar una votación interna para elegir entre ambos.

Tras la salida de Lesmes, el pleno del CGPJ está compuesto por 18 vocales, y los nombramientos tienen que ser respaldados con una mayoría de tres quintos, es decir, 11 votos. Los progresistas suman 8, frente a los 10 del bloque conservador. La costumbre dicta que ambos grupos, a la hora de designar a los dos magistrados del Constitucional, se pongan de acuerdo para que salga elegido uno de cada grupo. Y vocales conservadores admiten que en esta ocasión hay un factor que irremediablemente va a ser tenido en cuenta: cómo pueden influir los elegidos en la votación del futuro presidente del tribunal.

El actual presidente, Pedro González-Trevijano, es uno de los cuatro magistrados cuyo mandato expiró en junio y que está en funciones a la espera de que el Consejo y el Gobierno elijan a sus sustitutos (dos cada uno). Se da por seguro que el nuevo presidente será o el exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido o la catedrática María Luis Balaguer, ambos magistrados del sector progresista del tribunal pero con perfiles muy distintos. La mayoría conservadora del CGPJ no quiere al exfiscal general, por lo que son reticentes a que el Consejo nombre a un magistrado que, en la votación del Constitucional, pueda apoyar a Conde-Pumpido como presidente. Y con esta idea, son reacios a aceptar la candidatura de Bandrés, al que consideran “el candidato del Gobierno” y afín al exfiscal general. Lucas, en cambio, se inclinaría más hacia Balaguer, según consideran estas fuentes, lo que podría predisponer a los conservadores hacia este candidato.

Vocales progresistas aseguran que no se ha hablado de vetos cruzados hacia los aspirantes de cada grupo y confían en que estos no se produzcan, pero las conversaciones hasta ahora no se han adentrado en ese debate. Los conservadores, aun sin candidato propio, han reclamado durante semanas al otro bloque que pusiera un solo nombre sobre la mesa en vez de la lista de nueve aspirantes que había difundido hasta ahora, pero los progresistas quieren evitar dar este paso mientras el sector de enfrente no haga, al menos, una primera propuesta formal. Lo contrario, advierten, podría acabar desgastando a su candidato.