La Audiencia Nacional avala la investigación a Monedero por supuesto blanqueo de dinero de gobiernos americanos

El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, encabezado por Manuel García-Castellón, ya tiene el aval para investigar a Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos. La Sala de lo Penal ha rechazado este lunes el recurso presentado por el profesor universitario contra las pesquisas abiertas por el magistrado el pasado julio, cuando impulsó una causa sobre blanqueo de capitales que sitúa al politólogo en el epicentro de una serie de “operaciones” sospechosas de movimiento de dinero. El instructor ha puesto el foco en una transferencia de 425.000 euros que Monedero, de 59 años, cobró en 2013 por asesorar a varios gobiernos latinoamericanos a través de su empresa Caja de Resistencia Motiva2 Producciones.

El exdirigente de Podemos, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), había presentado alegaciones contra las indagaciones del juez García-Castellón. Monedero quería que se les diera carpetazo. De hecho, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se sumó a su recurso. La defensa del docente argumentó que no existen “indicios de actividad delictiva” y que, además, estos hechos ya se analizaron en otro sumario del Juzgado de Instrucción 45 de Madrid, que acabó archivado, al igual que ocurrió con otra causa sobre la financiación del partido iniciada en el propio Juzgado Central 6 —esta última se cerró en junio por orden de la Sala después de que, precisamente, el ministerio público expusiera que había adquirido un carácter prospectivo—.

Sin embargo, la Sala de lo Penal ha tirado abajo este lunes la tesis de Monedero y da luz verde al magistrado para seguir adelante. El tribunal concluye que el instructor se encuentra al “inicio de una investigación”; que esta no se encuentra limitada por el cierre de la anterior causa sobre la financiación de Podemos; y que los hechos presentan una “apariencia” sospechosa al “enmascararse el origen de unos fondos procedentes de una actividad aparentemente delictiva —venta de petróleo en el mercado negro—, interponiendo testaferros y sociedades pantalla, que aflorarían al mercado lícito como pago de préstamos o a través de sociedades prestadoras de servicios”.

Al abrir sus nuevas pesquisas en julio, García-Castellón especificó que se centraban en las relaciones entre la empresa Caja de Resistencia, la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba, un organismo internacional impulsado por Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua, entre otros países. Según el juez, en base a las indagaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, el movimiento “triangular” de fondo entre las tres entidades “presenta rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo”, por lo que permite inferir la comisión de delitos económicos y falsedades. Unas operaciones que presuntamente se concretan cuando el Banco del Alba abona 425.000 euros a la compañía de Monedero por elaborar un documento titulado Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del ALBA y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014.

De esta forma, la misma Sala que ya ordenó al juez cerrar el sumario sobre la financiación de Podemos, permite ahora al juez seguir con las pesquisas sobre Monedero. Esta causa se apoya también en el testimonio de Hugo Armando Carvajal, alias El Pollo Carvajal, jefe de la contrainteligencia venezolana hasta 2014, detenido en España en 2019 y que se encuentra pendiente de su extradición a Estados Unidos por narcoterrorismo. El magistrado cuenta igualmente con el testimonio de dos testigos protegidos. Uno de ellos aseguró que el politólogo “recibió fondos del Gobierno de Venezuela procedentes de la venta de petróleo en el mercado negro, que traspasaba en efectivo a sociedades venezolanas a través de testaferros mediante la fórmula de prestamos que se devolvían en cuentas bancarias abiertas con ese fin en Curacao (Antillas Holandesas) y después se transferían a cuentas en entidades bancarias radicadas en Suiza”. El profesor universitario niega todas las acusaciones.