La cúpula judicial, a la espera del acuerdo entre PSOE y PP para frenar la deriva del Consejo

Las ceremonias de toma de posesión de magistrados y fiscales del Tribunal Supremo son actos tan reglados y ceremoniosos que parecen de otro tiempo. Cuando minutos antes se abren las puertas del salón de plenos del alto tribunal, decenas de togas negras se van desplegando por la sala: en el centro del estrado, el presidente, escoltado por la sala de gobierno; a los lados, una representación de magistrados del Supremo y de la Fiscalía; en el centro, el secretario de gobierno. El protagonista espera fuera a que quienes ejercen de padrinos (dos magistrados o fiscales del Supremo) reciban el permiso del presidente para salir de la sala y acompañarle dentro para jurar o prometer el cargo. Apenas hay margen para la improvisación. Pero este martes, las tomas de posesión de Ana García León, nombrada fiscal jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y de Dolores Delgado, nueva fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Supremo, han hecho visible el caos en el que anda sumida la cúpula del Poder Judicial.

El presidente en funciones del Supremo, Francisco Marín Castán, ha ocupado el sitio que hasta ahora correspondía a Carlos Lesmes, quien dimitió la semana pasada. La Sala de Gobierno, los magistrados del alto tribunal y los representantes de la Fiscalía se han sentado, como siempre, en los sitios reservados para ellos haciendo una especie de letra u. Y en medio, cerca de la presidencia, pero fuera del estrado, un sillón parecía saltarse el protocolo. Era el asiento reservado para Rafael Mozo, presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un cargo tan inusual como la escenografía que ha acompañado su estreno después de que el pleno del órgano de gobierno de los jueces lo designara el jueves para sustituir a Lesmes al frente de ese órgano en contra del criterio del gabinete jurídico, que señaló que Marín Castán debía relevar al presidente dimitido tanto en el Supremo como en el CGPJ.

La designación de Mozo salvó el martes el primer examen al que se enfrentaba a raíz del recurso planteado por el vocal Wenceslao Olea (el único que votó en contra del acuerdo para aupar al vocal más antiguo a presidente suplente) y por el secretario general del órgano, José Luis de Benito. Ambos habían pedido a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo que revocara por la vía urgente esa elección, pero el tribunal ha descartado esta posibilidad porque considera que no se dan los criterios para aceptar la suspensión cautelarísima (sin escuchar a la otra parte), lo que implica que se mantenga vigente, de momento, el pacto suscrito por la mayoría de vocales del CGPJ.

El tribunal ha abierto una pieza de medidas cautelares en la que se escuchará al Consejo antes de decidir si se suspende la designación hasta que se decida sobre el fondo del asunto (la legalidad o no de la elección de Mozo como sustituto de Lesmes en el CGPJ). Fuentes jurídicas señalan que, no obstante, si antes de que se decida sobre las cautelares el PSOE y el PP llegan a un acuerdo para renovar el órgano, lo previsible es que el recurso pierda efecto y no llegue a deliberarse. Es en lo que confían tanto magistrados del Supremo consultados como los vocales del Consejo: que esta vez no surja ninguna condición ni impedimento en el último momento y en los próximos días se anuncie un acuerdo para renovar el CGPJ.

Jueces que han estado presentes en el acto en el que por primera vez se ha visualizado la bicefalia que preside la cúpula judicial señalan que el ambiente ha sido “cordial” y que el protocolo se ha intentado adaptar a las circunstancias “con naturalidad”. Pero la situación, advierten, es de “extrema gravedad” y la solución a la que se ha llegado está pensada para el corto plazo. No solo la elección de Mozo como presidente suplente del CGPJ, sino también la designación de forma automática de Marín Castán al frente del alto tribunal. “Un presidente del Supremo tiene que ser elegido por el Consejo, eso es lo que dice la ley. Pero en este caso no es así. Nada es normal y no debe prolongarse más”, advierte un magistrado del órgano judicial.

La designación de Mozo ha cerrado el debate en el CGPJ sobre quién debía ponerse al frente, pero aunque la decisión se acordara con una amplia mayoría (16 votos a uno), la realidad es que hay tres miembros del Consejo (Olea, De Benito y la vocal Mar Cabrejas, que abandonó el pleno sin votar) que la consideran “ilegal”, lo que, admiten miembros del órgano, añade tensión sobre la institución.

Las presidencias suplentes son la última consecuencia, por ahora, del retraso de casi cuatro años en la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Magistrados del Supremo aseguran que para el funcionamiento normal del tribunal afectan más las vacantes que se han producido como consecuencia de la reforma legal de 2021, que impide al Consejo hacer nombramientos discrecionales mientras esté en funciones. Ya son 15 las plazas vacías y en los próximos días se sumará la de la presidenta de la Sala Cuarta (Social), María Luisa Segoviano, que entra en situación de jubilación forzosa al cumplir 72 años. La sala que tiene la última palabra en material laboral se quedará solo con ocho magistrados (debería tener 12 más el presidente).