El Poder Judicial agoniza a la espera de su renovación
El incumplimiento del plazo legal para renovar el Constitucional, la salida de Lesmes y el pulso por su sustitución han dinamitado la imagen de un órgano que languidecía tras cuatro años prorrogado
“Un órgano menguante al que la Constitución le asigna 21 miembros y que se ha quedado en 18, con un presidente suplente designado por edad y que no tiene ni voz ni mando en la acera de enfrente [sede del Tribunal Supremo], donde manda el sustituto del sustituto”. Este crudo análisis de un magistrado del Tribunal Supremo resume la agonía en la que ha entrado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano encargado de gestionar uno de los tres poderes del Estado, pero que, desde hace semanas, tiene serias dificultades para gestionarse a sí mismo. La dimisión de Carlos Lesmes ha terminado por dejar a la deriva el Consejo, que lleva más de 1.300 días prorrogado y cuya situación califican sus propios miembros como “insostenible”.
La negociación que mantienen ahora PSOE y PP para renovarlo es definida por un vocal como “la última oportunidad para acabar esto medio dignamente”. Los consejeros defienden su labor, tanto la realizada durante los cinco primeros años de mandato como el trabajo hecho desde que, en diciembre de 2018, se quedaron en funciones. Si la justicia ha seguido funcionando, señalan, ha sido en gran parte gracias a ellos, que se han mantenido en sus puestos gestionando el día a día; pero los acontecimientos de las últimas semanas, con el incumplimiento del mandato legal de nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, la renuncia del presidente y el pulso interno para decidir su sustitución han terminado por erosionar al CGPJ por dentro y por fuera.
El comunicado difundido tras la dimisión de Lesmes por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo —que reúne a los presidentes de las cinco salas y a cinco magistrados votados por sus compañeros— advertía por primera vez de una circunstancia que hasta ahora no se asumía ni en el alto tribunal ni en el órgano de gobierno de los jueces. El retraso en la renovación del Consejo, señalaron los magistrados, no solo está llevando al Tribunal Supremo a una situación límite, “sino que está suponiendo, además, la deslegitimación del propio Consejo General del Poder Judicial, perjudica la imagen del Poder Judicial y afecta gravemente a la misma Constitución”. El perjuicio a la imagen de la justicia y el incumplimiento de la Constitución son daños denunciados en los últimos meses por la propia Sala de Gobierno, por el CGPJ y por las asociaciones judiciales. Pero la “deslegitimación” del órgano de gobierno de los jueces es una consecuencia que nunca antes se había señalado de forma tan directa.
El encargado de redactar este texto suscrito por toda la sala fue el magistrado Pablo Lucas, cuyo hermano Enrique es vocal del actual CGPJ a propuesta del PNV. Entre los miembros del Consejo el acuerdo de la cúpula judicial fue recibido mayoritariamente con frialdad y la sensación predominante es que, si el órgano está deslegitimado, es por culpa del bloqueo en su renovación y no por la gestión de sus miembros. “Las circunstancias son dificilísimas y estamos intentando conducirlas de la mejor manera posible. Resulta que los partidos no consiguen cumplir su mandato constitucional, que uno se dedica a improvisar excusas y al otro lo que se le ocurre para presionar es aprobar una ley que deja al Tribunal Supremo medio vacío y presidencias de TSJ y de Audiencias Provinciales vacantes por toda España, pero quienes dañamos la imagen del Poder Judicial y del órgano que lo gobierna somos nosotros”, se queja un vocal conservador.
Los progresistas también reivindican su legitimidad, pero sí admiten que la cascada de circunstancias de las últimas semanas, sobre todo la negociación sin frutos para renovar el Tribunal Constitucional, con los conservadores maniobrando para impedir avanzar hacia cualquier acuerdo, y la renuncia de Lesmes “abandonado” por los suyos, ha dañado a la institución.
¿Se han planteado la dimisión? Vocales consultados en ambos sectores aseguran que una renuncia en bloque no ha estado nunca sobre la mesa porque sería una “irresponsabilidad”. “Sumiría a la justicia en un caos. Quien lo pide no es consciente de que aquí todas las semanas se acuerdan gestiones indispensables, se piensan que solo hacíamos los nombramientos, que ya eran imprescindibles, pero que no son nuestro día a día”, explica un consejero. Algunos vocales sí que se han planteado la dimisión en los últimos meses y, en algún caso, hasta se le anunció a Lesmes, pero el presidente consiguió frenarlo. Ahora que el que se ha ido es él, nadie descarta alguna renuncia individual si la negociación de PSOE y PP vuelve a fracasar, pero la mayoría de vocales consultados no son partidarios de irse. “Si nos vamos siempre se quedará un núcleo pequeño que tendrá todo el control”, advierte un vocal progresista.
Si el acuerdo político no llega, el CGPJ afronta un futuro incierto. La designación de Rafael Mozo como presidente “suplente” está pensada como una solución a corto plazo, admiten varios vocales, y es la imagen misma de la interinidad. Mozo, magistrado de la Audiencia Nacional, cumple en julio 72 años, la edad de la jubilación forzosa para los jueces, por lo que el CGPJ tendría que designar a otro sustituto del sustituto, que sería el siguiente vocal de más edad (el conservador Vicente Guilarte). Con todo, los vocales están dispuestos a seguir adelante y aseguran que en los próximos días retomarán las negociaciones para renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Si el acuerdo entre los partidos para renovar el Consejo se consuma, la mayoría es partidario de frenar los nombramientos del tribunal de garantías para que los haga el siguiente Consejo.
En ese caso, los miembros del nuevo CGPJ tendrán la tarea de reflotar un órgano golpeado en su imagen y con mucho trabajo acumulado. No solo estarán sobre la mesa las designaciones del Constitucional si no se han llegado a hacer, sino alrededor de 70 altos cargos vacantes por la ley que impide al Consejo en funciones hacer nombramientos discrecionales. Todos ellos requieren una convocatoria pública, comparecencias de los candidatos para explicar sus proyectos y, finalmente, un acuerdo entre los vocales para lograr una mayoría de tres quintos (13 de los 21 miembros el pleno) hacia alguno de los aspirantes. “Habría que empezar por los del Supremo, dada la urgencia, y luego ir abordándolos todos. Eso son varias semanas, más bien meses, de trabajo”, advierte un vocal del CGPJ actual. Además, hay informes de proyectos de ley pendientes de redactarse y cuatro años de retraso en algunos programas y planes a largo plazo que el CGPJ se comprometió a no abordar una vez que entró en funciones. Un magistrado del Supremo aboga, como muchos otros, por tomar medidas (una reforma legal) para que una situación así no vuelva a repetirse. “Al órgano se le ha maltratado y, con él, a todo el Poder Judicial. No podemos permitirnos que esto vuelva a pasar”, sostiene.
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