Sánchez acepta un cara a cara con Feijóo en el Senado sobre energía, pero el PP reclama ahora un debate de política general

Pedro Sánchez comparecerá el próximo martes en el Senado para explicar las medidas del plan de ahorro energético, en el que será el primer gran debate entre el presidente del Gobierno y Alberto Núñez Feijóo. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ha registrado este martes por la mañana la solicitud para que Sánchez rinda cuentas atendiendo a la perspectiva territorial del plan de eficiencia energética y al contexto económico y social derivado de la guerra de Ucrania. La Moncloa recoge así el guante que le lanzó Feijóo, quien el sábado pasado pidió al presidente un cara a cara en la Cámara alta —donde es senador por designación autonómica— para hablar sobre los problemas de España por el alza de los precios. La inflación ha dado una pequeña tregua en agosto, cayendo del 10,8% al 10,4% por la bajada de los combustibles. Hasta ahora, el único precedente es el cara a cara entre los líderes del PSOE y del PP de la sesión de control del pasado junio en la Cámara alta. Ahora los populares piden que no se hable solo de la crisis energética y de inflación derivada de la guerra en Ucrania, sino que sea un debate de política general.

El PP, en vez de apuntarse el tanto, ha reaccionado criticando al Gobierno. “Sánchez está a tiempo de rectificar y comparecer para hablar de las incertidumbres económicas y sociales que afectan a este país, y no solo de energía. Que solo se atenga a explicar en el Senado un decreto ya convalidado en el Congreso evidencia su falta de interés en debatir con Feijóo de política general. Sánchez habla de lo que él quiere, no de lo que a la ciudadanía le preocupa”, han afirmado fuentes de la formación conservadora. Las mismas fuentes consideran que será un debate “parcial” y que “no responde a la invitación a un debate sereno efectuado por el presidente del PP”.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha desvinculado la comparecencia de Sánchez de la petición previa del PP. Fuentes gubernamentales subrayan que el debate tendrá lugar cinco días después de que haya finalizado el plazo de las comunidades autónomas para presentar propuestas al plan de contingencia que el Gobierno elevará a la UE, y que, por tanto, no hay mejor escenario institucional que el del Senado, la Cámara territorial por excelencia, para que se celebre ese debate. En esa línea, la portavoz ha reiterado que Sánchez quiere “informar del plan de ahorro energético porque efectivamente tiene una incidencia muy importante en todos los territorios”, justo uno de los argumentos que el sábado empleó Feijóo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya avanzó el domingo desde Roma que Sánchez estaría “encantado de debatir” con Feijóo. “Queremos que nos dediquemos a confrontar, a proponer modelos y proyectos. Que sea un debate serio, constructivo, propositivo, un debate de ideas”, ha concluido la también ministra de Política Territorial. La fecha del debate la tiene que fijar el Senado, cuya Mesa y Junta de Portavoces se reúnen el miércoles, aunque el presidente de la Cámara, el socialista Ander Gil, ya ha anunciado que la comparecencia será el martes que viene.

“Recetar solo pesimismo no es la oposición que merecen los españoles”, ha reprochado la portavoz del Ejecutivo al PP. Rodríguez ha insistido en que el Gobierno mantiene la prudencia y cautela en un contexto muy volátil, pero, pese a la crisis, la inflación se está moderando y España está creciendo por encima de los países de nuestro entorno. “Me sorprende que el líder del principal partido de la oposición no tenga más que decir a los españoles que pedirles y desearles intranquilidad”, ha añadido.

Por otra parte, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, del que si nada cambia se cumplirán cuatro años en diciembre, ya no se reduce al choque político que los dos grandes partidos mantienen por la renovación de los órganos institucionales. El impacto del veto del PP a la remodelación del órgano de gobierno de los jueces, que mantiene la mayoría conservadora de los tiempos del Ejecutivo de Mariano Rajoy, está teniendo ya un reflejo directo en el bolsillo de los españoles al quedarse sin cubrir numerosos puestos vacantes en diferentes órganos. Y la cuenta no para de subir.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha explicado que el bloqueo le ha costado al Estado en el último año un millón de euros en refuerzos en tribunales, dado que el CGPJ no puede nombrar jueces para salas. “Este bloqueo desde 2018 le está costando dinero a los españoles. Está afectando a sus bolsillos: desde que yo llegué al Ministerio de Justicia —cargo que desempeña desde julio de 2021—, este bloqueo está ocasionando un impacto directo en el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo: llevamos gastados prácticamente 1,3 millones de euros en refuerzos para el Tribunal Supremo”, ha destacado. Fuentes del Ejecutivo han rebajado posteriormente esa cifra a un millón de euros. El montante total de los refuerzos en el sistema de justicia —a la espera de aprobar leyes de eficiencia para agilizarlo—, y que el Ejecutivo desvincula del bloqueo institucional, asciende a 12,5 millones de euros, un 15% más que en 2021 (10,9 millones).

“En un Estado de derecho las leyes se cumplen, la Constitución se cumple. El PP y Feijóo están poniendo miles de excusas para no renovar el Poder Judicial. Ahora la última es que se retire el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Aquí, le tengo que decir a Feijóo que hay una ley vigente y se tiene que cumplir”, ha sentenciado la ministra de Justicia, a la pregunta de si el Gobierno está dispuesto a renunciar a los anunciados nombramientos de miembros del Tribunal Constitucional para volver a hablar sobre el Poder Judicial, tal y como ha solicitado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “El cumplimiento de la Constitución no puede estar sometido a ningún chantaje, es imprescindible la renovación”, ha concluido la ministra, que ha reclamado al PP que se siente ya a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros llevan tres años y ocho meses manteniéndose en el puesto pese a que su mandato legal ha concluido.

Hasta el 13 de septiembre para renovar el Constitucional

El Gobierno da de plazo al Poder Judicial hasta el 13 de septiembre para renovar el Constitucional. El PSOE incorporó en julio una enmienda a su propuesta de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, que el Congreso aprobó, en la que ponía un plazo de tres meses al órgano de los jueces para que nombre a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden. Cuatro de los 12 componentes del Constitucional deberían haber sido sustituidos el pasado 13 de junio, por lo que, con el nuevo cambio legal, sus reemplazos deberían ser nombrados como mucho en dos semanas. Pero el nombramiento de los magistrados del Constitucional es excepcional: el Poder Judicial, al tener el mandato caducado, no puede hacer nombramientos de magistrados en otras instancias judiciales como el Tribunal Supremo y tribunales autonómicos, según aprobó el Parlamento en marzo del año pasado, limitando de esta forma las competencias del órgano de gobierno de los jueces. El Supremo ya advirtió de que el bloqueo del Poder Judicial implicará 1.000 sentencias menos al año por la imposibilidad legal de cubrir las vacantes de magistrados asociada a la interinidad del Consejo General del Poder Judicial.

El Consejo de Ministros, además, ha aprobado el proyecto de ley del aborto, que pretende blindar en la sanidad pública tanto este derecho como otros derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como las incapacidades temporales por reglas dolorosas.

El citado anteproyecto de ley sobre el aborto, aprobado el pasado 17 de mayo, consagra el derecho de las mujeres de 16 y 17 años a decidir la interrupción del embarazo sin que sea obligatoria la autorización de los padres, y elimina los tres días de reflexión que introdujo la reforma del PP en 2015, en su modificación de la norma vigente desde 2010. El Ejecutivo ha decidido enviar la norma al Congreso sin los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, que no han sido emitidos en plazo. “El Poder Judicial no ha hecho su trabajo, ya que no ha emitido su informe [preceptivo sobre la ley] en plazo, pero nosotros no podemos paralizar la ley, ha dicho esta mañana en RNE la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La reunión del Gabinete ha sido presidida por la vicepresidenta Nadia Calviño, ya que Pedro Sánchez, ha sido invitado especial este martes por la mañana del primer ministro alemán, Olaf Scholz, en el palacio de Meseberg, a 70 kilómetros de Berlín, donde el español ha acudido para reforzar su alianza política y marcar una línea común en el asunto más relevante del momento, la crisis energética y las posibles alternativas al gas ruso, entre ellas la interconexión entre España y Europa a través de los Pirineos (el llamado gasoducto MidCat), que cuenta con el entusiasmo de Madrid y el respaldo de Berlín.