Un grupo de disidentes ralentiza la autocrítica de la izquierda ‘abertzale’
El congreso de Sortu, matriz de Bildu, topa con un 22% que rechaza el “tacticismo” de Otegi al apoyar los Presupuestos y alejarse del proyecto rupturista con el Estado
Bildu mantendrá su política activa de reconocimiento a las víctimas del terrorismo, pero, al menos hasta las elecciones municipales de 2023, no avanzará hasta hacer autocrítica por su pasada complicidad con ETA ni, en consecuencia, será partido de gobierno en Euskadi. Es una conclusión del proceso congresual de Sortu, el partido matriz de Bildu, que culmina la próxima semana. El rechazo al programa de un 22% de los militantes fuerza a la mayoría renovadora a buscar equilibrios, lo que ralentizará su proceso de normalización democrática y ruptura con su herencia como brazo político de ETA.
La dirección de Sortu, vinculada al coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, que en este congreso renueva a su equipo, ha reafirmado como eje la lucha contra la desigualdad de las condiciones laborales y vitales sin abandonar su reivindicación soberanista. Esta orientación lo ha comprometido con la política institucional, con la negociación parlamentaria, incluido el apoyo a los Presupuestos en las Cortes y en Navarra. Ha asumido el pragmatismo en política penitenciaria, descartando la amnistía, aceptando la legalidad y la reinserción, instando a los presos de ETA a cumplirla, a reconocer el daño a sus víctimas y a desautorizar los ongi etorri (recibimientos públicos a etarras excarcelados).
Pero esta política pragmática, que la nueva dirección mantendrá, ha encontrado una disidencia del 22%, encabezada por veteranos de Batasuna como Joseba Álvarez, Carmelo Landa y Elena Beloki, exdirigente etarra. Los disidentes han enmendado a la totalidad la posición oficial de Sortu, califican el pragmatismo de su dirección como “excesivamente tacticista” y le acusan de desorientar y desmovilizar a las bases.
Consideran que los apoyos presupuestarios en las Cortes y en Navarra han sido gratuitos y que al votar los Presupuestos estatales han respaldado a la Casa del Rey y proyectos, como el AVE vasco, que la izquierda abertzale ha combatido insistentemente. También critican a la dirección por “haber presionado” al colectivo de presos para desautorizar los ongi etorri. Pero su desafección se centra en que el pragmatismo lleva a Sortu a asumir la legalidad constitucional y estatutaria y le aleja de su proyecto rupturista con el Estado. Los disidentes critican también que la política institucional no está compensada con la movilización callejera e insisten en que “no se avanza solo por la vía institucional”. Están cercanos al rupturismo de Carles Puigdemont y alejados del pragmatismo de ERC, que ha estrechado lazos con Bildu.
Los renovadores, ganadores del congreso, reelegirán como secretario general a Arkaitz Rodríguez, vinculado a Otegi desde que en 2007 iniciaron la reconstrucción de la izquierda abertzale para adaptarla al final del terrorismo. También entrará en la dirección David Pla, exdirigente de ETA que, desde dentro, contribuyó al final del terrorismo. Pla, que no cometió delitos de sangre y cumplió su condena, se alinea con los renovadores que utilizan su imagen para neutralizar a los disidentes. Otegi, coordinador de Bildu y fundador de Sortu, pese a su controvertida imagen por su pasado, utiliza su autoridad interna para impulsar la renovación.
El equipo de Rodríguez ha copado la dirección de Sortu y ha conseguido que el congreso rechace la propuesta disidente de instaurar corrientes internas. Pese a esa disidencia, la dirección de Sortu se siente fortalecida porque, aunque distanciada del PNV, Bildu se ha convertido en segunda fuerza vasca (en las últimas elecciones autonómicas obtuvo su mejor resultado) y lo atribuye a su pragmatismo. También atribuye a ello los avances en política penitenciaria, como el acercamiento de presos a cárceles vascas y navarras, y la consideración de las progresiones de grado, aunque reprocha su lentitud.
La dirección de Sortu no teme que los disidentes se escindan, pero, para evitarlo, ha decidido ralentizar su proceso de normalización e incluso hacer concesiones puntuales, como se ha visto recientemente. El reconocimiento de Arkaitz Rodríguez al etarra Troitiño, fallecido tras cumplir condena por una veintena de asesinatos y sin autocrítica, al que calificó como “víctima del conflicto vasco”, enturbió el clima positivo suscitado por el colectivo de presos al desautorizar los ongi etorri. Igual sucedió con el respaldo de Sortu a Mikel Antza, jefe político de ETA durante la campaña criminal de socialización del sufrimiento, en una reciente comparecencia judicial.
Estos hechos evidencian la dificultad de Sortu para avanzar hacia la autocrítica sobre su pasada complicidad con ETA. Los disidentes se niegan tajantemente a admitir que el terrorismo etarra fue injustificable. Arkaitz Rodríguez reconoció recientemente las dificultades internas que tuvieron al reconocer a las víctimas del terrorismo etarra y pedir al colectivo de presos que desautorizara los ongi etorri. “La autocrítica sobre el pasado no está ahora en la agenda. Nuestros esfuerzos han tenido un coste. Seguiremos dialogando con socialistas y Podemos y buscando acuerdos. Nos une la radicalización de la derecha”, señalan fuentes de Bildu. Pero, en esta coyuntura, es prácticamente imposible que Bildu apoye la reforma laboral del Gobierno cuando, además, los sindicatos LAB y ELA se oponen de una manera tajante.
Diez años de evolución
Como consecuencia del frenazo, se aleja la expectativa de Bildu como partido de gobierno alternativo al PNV. En tres ayuntamientos vascos (Irun, Eibar y Durango), PSE y Podemos han alcanzado acuerdos en esta legislatura con Bildu sin entrar en el gobierno municipal. El PNV temió que fraguara el embrión de un gobierno tripartito de izquierdas. La falta de consistencia de los últimos avances de Bildu lo descartan. “Nuestra expectativa es mantener el pacto de gobierno con el PNV para las municipales y forales”, aseguran fuentes socialistas.
Bildu y su matriz Sortu están en evolución. En diez años han dado pasos importantes, como el rechazo del terrorismo, su contribución al desarme y disolución de ETA, su pragmatismo en política penitenciaria y su participación parlamentaria. Pero tiene un techo para ser partido de gobierno, especialmente por su ausencia de autocrítica por el pasado. En otro plano, acusa falta de rodaje con instituciones claves como la Ertzaintza y la judicatura, líneas rojas para la antigua Batasuna, aunque Otegi las ha cruzado con otra de esas entidades, la patronal. Necesitan tiempo, nuevamente, como les sucedió con el fin del terrorismo y la disolución de ETA.
Pintadas y ‘ongi etorri’
La disidencia en la izquierda abertzale se mueve exclusivamente en el campo político. Ni promueve ni practica la violencia. Los expertos policiales de la Ertzaintza y de las Fuerzas de Seguridad del Estado coinciden en el diagnóstico. “Lo máximo que hay son pintadas, realizadas por pequeños grupos, en respuesta a hechos puntuales como hace año y medio durante la huelga de hambre del preso etarra Patxi Ruiz. Pintaron sedes del PSE y del PNV y delante del domicilio de Idoia Mendia, secretaria general del PSE. También las ha habido ante sedes de la Ertzaintza, pero sin amenazas de muerte como en el pasado”.
Tras las pintadas está básicamente GKS (Gazte Koordinadora Sozialista), una pequeña escisión de Ikasle Abertzaleak (“Estudiantes Patrióticos”). ATA (Amnistía y Libertad), que tuvo alguna capacidad movilizadora en respuesta a la parálisis en la política penitenciaria durante el Gobierno de Mariano Rajoy, hoy está muy debilitada. Lo más llamativo de estos grupos ha sido su convocatoria de algunos ongi etorri, como el sucedido en Pamplona en Navidades, para desafiar a la posición oficial de la izquierda abertzale.
