La declaración que cerca a Cifuentes: “Había que hacer un acta de un hecho que no había existido”
Una profesora del ‘caso máster’, también acusada, admite en el juicio que falsificó el documento tras recibir presiones de una asesora de la Comunidad
Sentada en el extremo derecho del banquillo de los acusados, vestida con un traje negro y ataviada con una mascarilla a juego que impedía observar sus reacciones, Cristina Cifuentes ha escuchado este lunes cómo uno de los personajes clave del caso máster infligía un duro golpe a sus intereses. La profesora Cecilia Rosado, también acusada en el juicio que ha comenzado este lunes, ha admitido sin contemplaciones que falsificó el acta del trabajo fin de máster (TFM) de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que lo hizo tras estallar el escándalo el 21 de marzo de 2018, y que se puso manos a la obra ese mismo día al recibir reiteradas “presiones” de su entonces superior jerárquico, el catedrático Enrique Álvarez Conde, y de una de las asesoras del Gobierno regional, María Teresa Feito.
—Había que hacer un acta de un hecho que no había existido—, ha contestado la docente durante su interrogatorio ante el tribunal, que se ha prolongado durante casi dos horas, mientras Cifuentes permanecía atenta a sus espaldas.
Las contundentes palabras de la profesora Rosado refuerzan la tesis de la juez que dirigió la instrucción, Carmen Rodríguez-Medel, y de la Fiscalía. Ambas mantienen que, después de que eldiario.es publicase la primera información que salpicaba a la dirigente popular, esta maniobró para evitar las “nefastas consecuencias políticas” que podía acarrearle. El alcance de esa noticia iba mucho más allá de un simple diploma. Cifuentes había ganado las elecciones autonómicas de 2015 presentándose como el azote contra la corrupción dentro de un PP de Madrid asolado por las investigaciones en los tribunales: “La corrupción me avergüenza, aún más la que afecta a mi partido. Yo he cortado amarras con ese lastre”, dijo durante la campaña. Su discurso se caía.
Y, ¿cómo evitar el escándalo? Según los investigadores, había que fabricar pruebas. Y se decidió, según la reconstrucción de Rosado de aquella intensa jornada, por falsificar el acta del TFM de la expresidenta. Así se lo ordenó Álvarez Conde, fallecido en 2019 y considerado por la juez como el “cerebro” de la trama urdida en el seno del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC): “Me dice que esto puede tener consecuencias laborales graves y que hay que arreglarlo como sea”.
Así la “presionó” Feito, con la que cruzó más de una docena de llamadas telefónicas ese día: “En las llamadas que me hace Feito por la mañana [del 21 de marzo], lo primero que me dice es que el TFM tiene que aparecer. Después cambia y me dice: ‘Hay que hacer el trabajo’. En una de ellas me dice que le busque bibliografía sobre el título del trabajo que le había dado Álvarez Conde”, ha relatado este lunes Rosado, antes de contar que, a continuación, pasó a exigirle que creara un acta del TFM y que se la enviara: “Feito me dice: ‘Si no me la envías, Cifuentes os va a matar a vosotros y al rector”.
Según su relato, Rosado elabora entonces el acta falsa. Pone el título del supuesto trabajo que habría defendido la expresidenta y que le ha dicho Álvarez Conde; rellena los miembros del tribunal con los nombres de las dos otras profesoras que le ha ordenado el catedrático, y falsifica las firmas de sus compañeras. “Yo me sentía presionada”, ha insistido la acusada. No solo por su superior, al que la instrucción otorga un alto poder de influencia dentro del ámbito universitario y con el que ya había tenido un conflicto laboral previo; sino también por Feito, que había ejercido como docente en la URJC: “Pero Feito no era solo una profesora de inglés”.
“Álvarez Conde es el que más presión ejerció sobre mí”, apunta Rosado: “Pero hay que añadir las llamadas de Feito, que era asesora de la Comunidad de Madrid. Se estaba hablando de un TFM de la presidenta y yo sabía que Feito y Álvarez Conde tenían una relación estrecha”. “Sentí que me iban a hacer la vida imposible”, ha apostillado durante una declaración en la que ha añadido: “No recuerdo a la señora Cifuentes en clase”. También ha negado que el 2 de julio de 2012, el día que la popular asegura que defendió su trabajo ante el tribunal, este se formase: “Esa semana teníamos un curso de verano en Aranjuez. El 2 de julio no estaba en Aranjuez, ni tampoco en la universidad. Lo más probable es que estuviera preparando la ponencia en mi casa”.
El interés de Feito
Tras la declaración de Rosado, para quien la Fiscalía pide 21 meses de cárcel, ha llegado el turno de Feito. La antigua asesora de la Comunidad ha eludido cualquier responsabilidad y ha reiterado que en ningún momento actuó siguiendo instrucciones de Cifuentes, con quien no tenía “ninguna relación”, según ella. Una afirmación que las acusaciones han recibido con incredulidad, pues Feito acompañó en su día a la expresidenta a la URJC a recoger el título de su máster —según ha relatado ella misma, iban en el mismo coche, sentadas en la parte de atrás junto a la jefa de gabinete de la exdirigente del PP— y se encontraba también en el epicentro del escándalo cuando estalla.
El 21 de marzo de 2018, cuando empieza la crisis, la asesora acude a primera hora a la universidad, se cita con el rector y permanece junto a la sala donde se debate qué hacer para tratar de frenarla. También hace gestiones y telefonea a Rosado para interesarse por el trabajo de Cifuentes. El día anterior, además, dos trabajadoras de la URJC la han llamado para informarle de que la prensa está investigando el asunto. Todo ello, según Feito, son simples coincidencias.
—¿Qué ganaba usted con esas tareas de intermediación entre todas las partes?—, le ha preguntado el abogado de la URJC.
—Ni celo, ni intermediaria, ni ganaba nada—, ha echado balones fuera Feito.
En la misma línea se ha pronunciado la Fiscalía. Si no tenía relación con Cifuentes, ¿para qué llamó tantas veces a la profesora Rosado?
—Para que buscase el trabajo—, ha respondido la antigua asesora de la Comunidad de Madrid.
—Pero, ¿para qué le llama usted? Sigo sin entender su interés.
—Por interés personal.
El ministerio público pide para Feito tres años y tres meses de cárcel por inducir a la falsificación del acta. La misma pena solicita para Cifuentes, que declarará en la segunda sesión del juicio, que está prevista que se celebre el próximo viernes.
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