Pensiones y empleo en la mesa de negociación

La inercia negociadora de 2020 ha marcado el diálogo social en 2021, encarando, además, una agenda de alto contenido reformista. La transformación del sistema de pensiones y la modernización del mercado de trabajo han copado el orden del día de las decenas de reuniones que se han llevado a cabo en los últimos 12 meses, y en las que a pesar de los picos de tensión alcanzados en algunos momentos se han obtenido acuerdos de gran calado. Es el caso de la vinculación de las pensiones con el índice de precios al consumo (IPC), y, por tanto, su ajuste de acuerdo con el coste de la vida desde el 1 de enero de 2022; y la ulterior derogación del Factor de Sostenibilidad (que ajustaba las cuantías a la esperanza de vida), al que sustituirá el bautizado como Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), del que sobrevendrá un aumento del 0,6% en las cotizaciones sociales.

Que se hayan resuelto estas dos cuestiones trascendentales no quiere decir que el acuerdo haya sido unánime. Los empresarios se descolgaron del diseño del MEI y cristalizaron unas discrepancias que han alcanzado, sin embargo, un mayor voltaje alrededor de los puntos cardinales de la nueva reforma laboral que pretender ejecutar el Gobierno de coalición.

Bajo el objetivo primario y compartido de terminar con la elevada tasa de temporalidad que azota al mercado laboral español (del 26,02% según la última EPA), las distintas formas para abordar su reducción no convencen a los empresarios. Se trata, en su opinión, de un problema general, pero que requiere de correcciones sectoriales. Es en ese punto donde se concentran los desencuentros más pronunciados y se advierte con mayor claridad las distintas estrategias negociadoras de los bloques. La limitación de las causas para poder efectuar contratos de trabajo temporales que presentó el Gobierno, con el visto bueno de los sindicatos, desde un primer momento cruzaban algunas de las líneas rojas marcadas por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

El regreso de la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa —un vuelco al paradigma que provocó la reforma de 2012 del PP— y la recuperación de la ultraactividad —el tiempo que va desde que un convenio expira hasta que se acuerda uno nuevo— son nudos aparentemente más fáciles de revertir. Sin embargo, el compromiso adquirido con Europa para que se resuelva antes del 31 de diciembre y que acucia a las partes para una aprobación general sigue siendo la espada de Damocles presente en lo alto de la sala.

El desgaste personal y laboral que arrastran los protagonistas de ambas negociaciones contribuye a que sus relaciones hayan experimentado una montaña rusa de emociones. Sin embargo, tener clara la trascendencia de sus actuaciones les ha permitido encontrar fuerzas con las que seguir debatiendo dos reformas cruciales de las que depende no solo el bienestar de una gran parte de la población, sino la necesaria recepción de los fondos europeos para la reconstrucción Next Generation. El nombre asignado a este paquete de ayudas delimita la verdadera dimensión de lo que está en juego