Petroperú lanza un SOS al Estado

El petróleo se venera en América Latina. La materia prima —convertida en el verdadero El Dorado: ese delirio áureo que se codició antiguamente— ha marcado la vida política, económica y social de la región en el último siglo. Para aquellos países que lo han encontrado en su subsuelo ha significado una fuente de riqueza casi inagotable. Pero también ha sido una de las causas que han provocado algunas de las mayores desgracias financieras en la zona. Perú está en esta tesitura. Su empresa insignia, Petroperú —dedicada al transporte, refino, distribución y comercialización de hidrocarburos, y con una participación mínima en la exploración de crudo—, ha acumulado una deuda insostenible, tras años de mala gestión, y que la acaba de llevar a solicitar al Gobierno de Dina Boluarte un rescate millonario.

“La empresa se enfrenta a un problema de sostenibilidad financiera en el corto y medio plazo”, dice Adriana Eraso, directora de Latin American Corporates para Fitch Ratings. En enero, Pedro Chira, todavía presidente de la compañía, lanzó la voz de ayuda: la firma necesita cerca de 2.500 millones de dólares (2.300 millones de euros) en el corto plazo para dar algo de respiro a su deuda que en total asciende a casi 6.000 millones de dólares. “Se dice que esto es un rescate, pero preferimos llamarlo apoyo del accionista”, dijo Chira en enero pasado durante una conferencia de prensa, la última antes de que presentara su renuncia a finales de febrero “El dinero va a ser devuelto a través de beneficios e impuestos en los próximos años”. El Gobierno, sin embargo, se ha negado a dar un nuevo apoyo económico a la empresa, que acumulaba una serie de indicadores negativos, incluidas pérdidas operativas, altos gastos financieros y una pérdida neta considerable. Además, no tiene suficientes activos líquidos para cubrir sus obligaciones y depende en gran medida de la deuda para financiar su operación diaria.

“La situación es sumamente crítica”, advierte Carlos Oliva, presidente del Consejo Fiscal del Perú, un organismo autónomo del sector público que aboga por la salud y transparencia de las finanzas estatales. “La cifra que reclama la empresa es equivalente a casi un punto porcentual del PIB e implica la condonación de deuda y aportes de capital para salir del hoyo que comprometen a las finanzas públicas del país”, resalta Oliva. Esta no es la primera vez que reclama un salvataje (como se llama en Perú a la solicitud de ayuda). La empresa, con más de 50 años de historia, ha tenido que ser rescatada hasta en cuatro ocasiones. Las más recientes: en 2017 y 2022. Las consecuencias de esta última han dejado grietas difíciles de resanar.

Pérdida de confianza

La bomba explotó en la primera mitad de 2022, cuando Petroperú perdió la confianza de sus acreedores y el mundo financiero, en general, tras una disputa con su auditora (PwC) y el retraso en la publicación de sus estados financieros del ejercicio anterior, lo cual llevó a las agencias de calificación de riesgos (Fitch Ratings y S&P) a rebajar la nota de solvencia de la empresa. Ello se conjugó con una constante rotación de sus altos directivos (que aún continúa) y una denuncia por organización criminal y colusión agravada vinculada al gerente general designado en su día por Pedro Castillo, entonces presidente de Perú. “Las deficiencias de administración y gobierno corporativo en 2022 provocaron una grave crisis de reputación y liquidez”, arguyó en un informe S&P.

La confianza en los mercados es sumamente importante para Petroperú, pues depende en gran medida de los préstamos para su operación diaria. Actualmente, por ejemplo, entre el 75% y el 80% de sus necesidades de liquidez vienen de las líneas de crédito. “¿Qué es lo que pasa cuando te bajan la calificación? Todos los créditos se comienzan a restringir y resultan más caros”, reconoció Chira en la conferencia de prensa de enero. Antes de la rebaja del rating, abundó el directivo, el tipo de interés promedio que obtenía la firma en el mercado rondaba el 2% y 2,5%, pero en 2023 llegó a alrededor del 12%, impulsado también por una política monetaria más restrictiva. “Hay un gran porcentaje de la financiación que nos cuesta muy caro”, aseguró.

A las dificultades de acceso al crédito se le ha sumado una prolongada y accidentada puesta en marcha de la refinería Talara (al norte del país), construida en 1917 y que se ha modernizado para poder refinar un 45% más de barriles de petróleo (unos 95.000 al día). Ese ambicioso proyecto —el más grande que ha tenido el país en las últimas tres décadas y en el que la española Técnicas Reunidas se adjudicó la mayor parte del contrato— comenzó en 2013 y se terminó casi 10 años después, con un coste que pasó de los 2.730 millones de dólares a 6.500 millones.

De todas las refinerías con las que cuenta el Estado peruano, Talara es la más importante. De allí sale entre un 30% y un 40% de los carburantes que se consumen en el país. Así que durante algún tiempo en la etapa de construcción metió el freno y el país andino se vio obligado a importar carburantes, en un contexto donde el precio del crudo se había disparado por las tensiones geopolíticas. “Perú es importador neto, así que los hidrocarburos los ha comprado en el mercado a precios altos debido al contexto internacional”, resalta Eraso, de Fitch Ratings. “Esto ha creado un agujero en la caja [efectivo disponible para cubrir sus gastos operativos diarios o sus obligaciones financieras] que es lo que está afectando a la compañía”, remata.

Y quizás esa necesidad se prolongue en los próximos años. Con Talara, el objetivo de Petroperú es controlar un 51,8% de la capacidad de refino en el país. Pero lograr esa meta no será sencillo. Una refinería, después de su construcción, tarda entre 12 y 18 meses en estar completamente operativa, explica la experta de Fitch Ratings. En ese proceso se encuentra Talara, que es una de las cinco instalaciones de refino (dos de ellas están fuera de servicio) con las que cuenta el Estado. En total hay siete en el territorio. Dos de ellas son privadas. La más grande pertenece a Repsol y tiene una capacidad de refino de 117.000 barriles al día, es decir, un 47,4% del mercado.

Fitch espera que Petroperú —­que ha declinado contestar a las preguntas de EL PAÍS— mantenga una deuda constante en un promedio de 5.700 millones de dólares durante al menos los próximos dos años. Sin intervención estatal, se prevé que la deuda será aproximadamente unas 8,8 veces mayor que el resultado de explotación (ebitda) previsto para este año. El apalancamiento solo tendrá una leve disminución a partir de 2026. Esto ocurrirá a medida que la refinería de Talara comience operaciones comerciales y financieramente viables, dice Fitch, que tras conocer la negativa del Gobierno ha rebajado nuevamente la calificación de la firma. “La empresa necesita capital fresco para mantener sus operaciones”, recalca Julio Loc Lam, analista de la calificadora Apoyo & Asociados Internacionales.. En medio de estas turbulencias, el Gobierno ha rehecho el equipo directivo de la empresa y le ha ofrecido una garantía de préstamo por hasta 800 millones de dólares.

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