Abrir una franquicia puede ser un camino plagado de minas legales

Las franquicias buscan retomar el vuelo tras la caída de los ingresos por la pandemia. Pero en la misión de volver a la senda del crecimiento —en 2019 facturaron 26.000 millones de euros— no ayudan los ecos de guerra entre franquiciados (empresarios autónomos que invierten en un local bajo el paraguas de una marca de renombre) y franquiciadores (grupos que facilitan que se replique una idea de negocio rentable). Historias de David contra Goliat donde la piedra en la honda son acusaciones de incumplimientos de contratos, abandonos, competencia desleal y, en los casos más graves, de estafa. La última de estas batallas envuelve a la francesa Carrefour, demandada por cuatro exgestores de tiendas que le reclaman 600.000 euros por incumplimiento de contrato, desabastecimiento y competencia desleal.

La abogada que defiende a estos autónomos, Andrea García, del bufete García-Lázaro Abogados, habla de un abuso continuado contra sus clientes, supuestamente engañados para abrir negocios abocados a la quiebra y luego abandonados por el gigante de distribución alimentaria. García expone un patrón donde, antes de embarcarse en el proyecto, los inversores reciben informes con previsiones de ventas abultadas y garantías de rentabilidad que “no se cumplen”, lo que fuerza a los empresarios a bajar la persiana tarde o temprano.

Algunos franquiciados, cuenta la letrada, se quejan de que Carrefour abre tiendas de gama market a escasos metros de locales tipo express, lo que provoca que gerentes bajo una misma marca entren en conflicto por las ventas. “El problema de competencia es real, puesto que la primera cuenta con un surtido que cubre la compra semanal del consumidor, en cambio las franquicias express tienen impuesto por la marca la comercialización de ciertos productos y no cubren las necesidades semanales del cliente”, una desventaja casi imposible de salvar para uno de los franquiciados. La mercantil francesa no ha respondido a las peticiones lanzadas por este medio para confirmar la existencia de estas demandas.

José Luis González-Montes, abogado de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, comanda junto con el abogado Rafael Franco una demanda colectiva representando a más de 80 exgestores de franquicias contra el grupo Restalia, que engloba marcas como 100 Montaditos, La Sureña, The Good Burguer (TGB) o Pepe Taco. Los franquiciados denunciaron en 2021 a la mercantil por supuestos delitos informáticos, coacciones, blanqueo de capitales… y, además, se presentan como víctimas de una red creada para exprimir sus ahorros con falsas promesas. Fuentes de Restalia subrayan a este medio que aún no han sido notificados como parte del proceso y defienden que “ni la compañía ni ninguno de sus directivos o empleados ha cometido delito alguno”. Por su parte, González-Montes asegura que las disfunciones en los gastos y las ganancias en los informes preliminares llegaban a ser del 200% y coincide con García en que la rotación de franquiciados es un sistema diseñado para beneficiar a las propietarias al cobrar siempre un canon. “Si cada año caen 100, entran 100 nuevos”.

Acusaciones de balances falseados y abusos también han caído en el tejado de la cadena de supermercados Dia. En 2019, la mercantil perdió dos pleitos en Tarragona y fue condenada a abonar más de 100.000 euros a dos exgerentes por “trato abusivo” y “prácticas engañosas”. Fuentes de la cadena, que en la actualidad cuenta con 1.400 tiendas comandadas por emprendedores, aseguran que casos como este son “situaciones puntuales en el contexto de la antigua dirección” y que la litigiosidad de su sistema es “baja”.

Nieves Monteserín, abogada de Martínez-Echevarría, despacho que ha gestionado muchas de estas reclamaciones, define estos litigios como una suerte de “partidos de tenis”, donde, cuando surge el pleito, “la franquicia demanda al gerente de vuelta y le acusa de incumplir sus obligaciones”. Con esta estrategia, las multinacionales buscan aminorar las cuantías de las indemnizaciones y compensar un incumplimiento por otro.

La paradoja es que el contrato de franquicia, un acuerdo problemático en vista del reguero de problemas judiciales que deja, no está regulado en el Código Civil. No al menos como un “contrato típico”, explica José Luis Montes, letrado que también gestiona demandas contra McDonald’s por este tipo de roces. En opinión del jurista, es necesaria “una ley para acabar con los abusos que se están cometiendo contra los franquiciados en los últimos años”.

Red criminal

Definir cuándo una franquicia es una estafa es una cuestión espinosa. En este debate, la clave, inciden los expertos, es poner la lupa en la intención de la cadena. O, en otras palabras, ser capaces de demostrar que la franquiciadora tramó una auténtica maquinaria de contratos y de obligaciones diseñada para engañar a una pluralidad de personas. “Si se entregan datos irreales con el único fin de atraer a franquiciados a una red que se sabe que no es rentable, nos encontramos ante una estafa”, señala la abogada Monteserín.

Pero llevar a la cárcel a un empresario por este motivo es difícil (y costoso). Demostrar la existencia de un entramado delictivo requiere pruebas, abogados, procuradores e informes periciales, y siempre existe el peligro de confundir con un crimen lo que puede ser una simple riña entre las partes de un contrato. En este sentido, la tendencia en tribunales “es que estos procedimientos no prosperen”, dice Juan Ignacio Navas Marqués, de Navas & Cusi abogados, porque “los jueces son reticentes a abrir la vía penal cuando se trata de contratos mercantiles”. En todo caso, si la sangre llega al río, las condenas por organizar una telaraña de franquicias fraudulentas pueden alcanzar hasta los seis años de prisión.