Un juez investiga por estafa al dueño de 100 Montaditos y La Sureña

El juzgado de instrucción 52 de Madrid investiga al dueño del Grupo Restalia, José María Fernández Capitán, a su empresa y varias de sus filiales, como 100 Montaditos y The Good Burger, por estafar presuntamente a decenas de franquiciados en España. La investigación también incluye a 24 responsables de la firma de restauración, entre asesores, directores y administradores. Fuentes de Restalia han respondido que la sociedad cumple “rigurosamente” la regulación vigente.

El auto, adelantado por la agencia Efe, ha sido dictado por el magistrado David Suárez, que acuerda abrir diligencias previas contra 29 sociedades pertenecientes o vinculadas con Restalia, entre ellas Pepe Taco, Panther Juice & Sandwich Market y La Sureña, además de las ya citadas. La medida se ha tomado tras una denuncia presentada por el despacho Rafael Franco Abogados por delito continuado de estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos.

En la denuncia contra Restalia se encuentran representados 31 establecimientos franquiciados que se corresponden con las marcas The Good Burger, 100 Montaditos, La Sureña y Sureña Blue localizados en varias localidades de nueve comunidades autónomas que han sufrido un “perjuicio inicial” que cifran en 19,7 millones de euros.

Restalia ha difundido un comunicado este miércoles, tras conocerse el auto, en el que indica que hasta el momento el grupo “no tiene constancia ni ha recibido denuncia ni citación alguna” y manifiesta “la absoluta tranquilidad de haber actuado de manera transparente y acorde a los contratos y acuerdos con sus franquiciados en todos sus términos y condiciones”. “En sus 22 años de historia, la compañía no se ha enfrentado a procedimientos penales y cumple, rigurosamente, la regulación vigente”, han añadido.

En el escrito contra Restalia considera a los denunciados como parte de una “organización criminal” que, bajo la marca Restalia (tiene una red de 780 establecimientos) actuaron “con engaño suficiente y bastante” hacia los franquiciados, muchos de los cuales se vieron abocados a “la ruina económica”, en virtud de un modelo que ya ha sido perseguido por la justicia de EE UU por prácticas próximas al fraude.

La denuncia señala que “los denunciados ocultaron, de manera deliberada, a los franquiciados la existencia de acuerdos con proveedores que suponía, en definitiva, que la franquicia resultase inviable”. Y, previamente a la firma de los contratos, continúa, se sumaron “unos estudios de viabilidad irreales con los que consiguieron hacerles creer que sus franquicias darían unos beneficios que, en realidad, nunca podrían alcanzar, extremo que, ciertamente, los denunciados conocen” y que explica que “la media de cierres de franquicias en el grupo Restalia es de unos 100 anuales”.

Su modus operandi arrancaba con “la captación indiscriminada de nuevos franquiciados”, a los que “se les ofrecía una información precontractual engañosa y con ocultación de datos y elementos esenciales de la franquicia”. Para ello, “se les ofrecía toda una suerte de ventajas y garantías de éxito (alta rentabilidad, pronta recuperación de la inversión inicial, mejores precios de la mercancía) que resultan falsos”.

“Organización criminal”

Acto seguido, se producía la firma de precontratos y contratos de desarrollo con entrega de cantidades notables a fin de precipitar la firma del contrato de la franquicia. Después, la firma del contrato que “imponía un modelo de negocio inviable con toda suerte de sobrecostes” (mobiliario o maquinaria) que les fueron ocultados al tiempo de la firma del contrato.

Y, también, con “la fijación unilateral de precios por la organización criminal” en la compra de mercancías y servicios del franquiciado, así como en “los precios inamovibles de venta al público” a bajo coste, que implican una enorme rotación de la mercancía, que es una de las principales entradas de dinero al grupo, pero un sobrecoste al franquiciado que, encima, se ve “atrapado” porque estos precios vienen impuestos por los denunciados. Igualmente, el entramado criminal imponía “la obligación de abastecimiento en exclusiva de mercancías de proveedores homologados”, pero sin tener contacto directo con ellos, ya que para tal fin había dos sociedades (Havi y Logirest) que habían hecho un “cierre de filas” con el grupo Restalia.

Por ejemplo, en un audio, dos asesores de Restalia reconocen al dueño de una franquicia que no podían defender al grupo porque admiten que podía encontrar carne más barata en el mercado. Y, en otro audio, un dueño pregunta a un asesor de Restalia: “Pero si yo lo estoy demostrando que puedo comprar más barato y darle viabilidad a mi empresa y que no tenga que cerrar, ¿tampoco me van a dejar?”. A lo que le responden: “Si no es el producto homologado...”.

A ello se sumaban las “coacciones graves” hacia los franquiciados mediante cortes de suministros de mercancía y del programa informático, además de coacciones a los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Española de Franquiciados de Restalia. Pero también en plena ejecución del negocio, “son múltiples las quejas de los franquiciados por las graves deficiencias de las obras o las inmediatas averías de la maquinaria que conllevan serios problemas para mantener el local abierto al público” y que “agravan la situación de precariedad de los franquiciados”.

Al respecto, Restalia ha indicado que “siempre se ha posicionado al lado de sus franquiciados” y pone como ejemplo “la activación de un extraordinario y amplio paquete privado de ayudas, único en el sector, valorado en más de siete millones de euros que incluye, entre otras medidas, un plan de contención de precios en materias primas ante a las oscilaciones inflacionistas en el mercado”. “Por supuesto, respetamos el procedimiento judicial y colaboraremos con todo lo necesario y cualquier requerimiento, como siempre hemos hecho”, ha concluido en el comunicado.