Clara Sanz: “Ningún país puede permitirse el desequilibrio entre tener parados y no encontrar profesionales para cubrir los puestos de trabajo”

La pujanza actual de la Formación Profesional tiene, como las monedas, dos caras: una, la que muestra cómo el 41,3 % de las ofertas actuales de empleo están dirigidas a graduados de FP; la otra, la que deja al descubierto un gran desequilibrio, ya que solo el 23,9 % de la población activa posee hoy esos estudios (según el Observatorio de la Formación Profesional y la Encuesta de Población Activa). Con una nueva norma reguladora desde marzo e inmersa en un profundo proceso de modernización que intensificará su carácter práctico y su empleabilidad, el futuro de estos estudios parece halagüeño. “La evidencia muestra que lo que más necesita el mercado laboral son técnicos y técnicos superiores: mientras los candidatos provenientes de la FP no tienen ninguna dificultad para encontrar trabajo, los jóvenes con otro tipo de titulación (o sin ninguna) lo tienen mucho más complicado”, sostiene Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional. Para apuntalarlo, otro dato: solo un 13 % del desempleo juvenil corresponde a titulados de FP, lo que empieza a calar hasta el punto de que ya hay titulados universitarios que hacen una FP para ser más empleables.

Y es que, con casi un millón de alumnos, se trata sin duda de los estudios que están experimentado un mayor crecimiento. Solo en la última década, el número de matrículas ha subido un 68 %, un logro que para Sanz tiene que ver con el esfuerzo conjunto de Administraciones, empresas, agentes sociales y otros organismos, y que poco a poco ha hecho que se fuera sacudiendo el estigma de mediocridad que le persiguió durante mucho tiempo. “Actualmente se va superando, si bien es cierto que, como apuntan algunos estudios, más de la mitad de los padres siguen considerando este tipo de estudios como de segunda categoría”, afirma por su parte Julio Alard, director de ciclos formativos de ESIC. La demanda sube y, sin embargo, se calcula que aproximadamente 100.000 alumnos se han quedado sin poder estudiar lo que quieren, debido a la falta de plazas públicas y a la imposibilidad de permitirse acudir para su formación a la FP privada.

¿Cómo explicar esta discordancia? Según María Luisa Vico, responsable de Educación Pública de UGT, “el número de plazas públicas que se ofertan sigue siendo insuficiente, y no cubre la demanda del alumnado (…). Además, algunas comunidades autónomas están siendo muy cicateras a la hora de destinar los fondos que el Gobierno ha financiado para la creación de plazas”. Vico se refiere al plan de modernización de la Formación Profesional que el Ejecutivo de Sánchez comenzó a implantar en 2020, y que tiene uno de sus ejes en la ampliación de plazas. “Desde todos los sectores productivos, el clamor es que carecen de profesionales bien formados. Pero ningún país puede permitirse ese desequilibrio entre personas en paro y, al mismo tiempo, no encontrar profesionales para cubrir los puestos de trabajo”, señala Sanz. De ahí la iniciativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional de financiar, en cuatro años y de manera extraordinaria, 200.000 plazas, “más allá de lo que cada comunidad autónoma, en función de sus necesidades, cree con sus propios recursos”, explica la responsable ministerial. La respuesta de la ciudadanía fue tan positiva que ya han superado esa cifra en tres años, y planean llegar a las 300.000, con la exigencia de que al menos un 80 % de ellas han de ser públicas: si no, deberán devolver los fondos.

Paradójicamente, y de forma paralela a la falta de plazas públicas, la Formación Profesional de carácter privado ha venido experimentando en los últimos años un crecimiento sustancial que, por otra parte, es más evidente en algunas comunidades autónomas: si la media nacional de la oferta de FP pública se aproxima al 67 %, en algunas regiones como la Comunidad de Madrid cae hasta el 45 %, frente al 55 % de los centros privados (siendo la más baja de España), mientras que en provincias como Barcelona o Guipúzcoa la titularidad pública o privada de los centros se reparte prácticamente al 50 %. En el otro extremo, entre las comunidades con una mayor proporción de plazas públicas destacan Castilla-La Mancha y Canarias (con un 83,5 % de los centros), Baleares (74,2 %), Comunidad Valenciana (70,6 %) y Andalucía (67 %).

“Tenemos que garantizar que haya una oferta pública suficiente para dar respuesta a la demanda de los estudiantes. Porque nadie se plantea que un estudiante que vaya a hacer Bachillerato se pueda quedar sin plaza, y tampoco puede suceder con los grados [de FP]”, esgrime Sanz. Vico denuncia “la práctica sistemática de un modelo privatizador de la FP en la Comunidad de Madrid”, con una permanente carencia de plazas públicas “que luego se cubre con la creación de plazas privadas y una ayuda en forma de becas, desgravaciones fiscales o cheques escolares, para que solo unos cuantos puedan entrar”. En total, y según fuentes del sindicato, 34.281 personas de esta comunidad no pudieron acceder a la oferta pública, y se vieron obligados a elegir entre la FP privada (si podían pagarla) o cursar estudios diferentes.

Grados con mayor empleabilidad

Según el Barómetro de empleabilidad y valores de la Formación Profesional, elaborado por Ceac y Randstad Research tras encuestar a 900 alumnos universitarios y de FP, el 74 % de ellos valoraron esta última como una excelente opción para iniciar su carrera profesional, debido a su alto grado de empleabilidad y un acceso más rápido al mercado laboral. El estudio destaca el incremento de plazas online y algunos de los aspectos más valorados por los estudiantes que optan por una modalidad a distancia, como son el acceso a una bolsa de trabajo, la posibilidad de estudiar a su ritmo y el poder compaginar estudios y actividad profesional, entre otros.

Ahora bien, ¿cuáles son los grados que brindan una mayor tasa de empleo? De acuerdo con los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, estos son los pertenecientes a las familias de Fabricación Mecánica y Sanidad. Pero hay más: “A corto y medio plazo, la mayor empleabilidad se sitúa en las áreas tecnológicas, donde la oferta de nuevos perfiles supera con creces a la demanda”, afirma Alard. En esta línea se sitúan los relacionados con Informática y Telecomunicaciones (diseño de aplicaciones web y multiplataforma, ciberseguridad, fabricación inteligente, redes 5G o digitalización del mantenimiento, entre otras titulaciones cuya empleabilidad alcanza en algunos casos el 100 %), mientras que los ciclos de Administración y Gestión y Marketing y Publicidad también resultan laboralmente interesantes. Muchas de estas formaciones están disponibles en Emagister, plataforma que además “ofrece descuentos especiales de hasta el 75 %, programas de becas, bolsa de empleo y financiación para facilitar el acceso de los alumnos”, explica Ferrán Ferrer, CEO de la compañía.

Mayor implicación de las empresas

Si hay algo que sobresale de la nueva ley de Formación Profesional, que entró en vigor en abril y que llegará a las aulas el próximo curso académico, es el fortalecimiento del componente práctico de sus enseñanzas, llevando el carácter dual a todos sus ciclos formativos y potenciando la corresponsabilidad entre el centro de enseñanza y la empresa. Así, la nueva norma distingue entre la FP General, que tendrá entre un 25 y un 35 % de formación práctica en empresas, y la FP Intensiva, que subirá ese porcentaje a entre el 35 y el 50 %, además de cotizar a la Seguridad Social por esas prácticas obligatorias. “La ley amplía el periodo de estancia en la empresa e incide en la calidad de la formación que recibe el alumno durante sus prácticas, con más aprendizajes in situ y siempre de manera coordinada con el centro, que sigue siendo responsable de realizar la evaluación final del alumno”, indican fuentes del Ministerio.

El principal escollo a la hora de desplegar este modelo tiene que ver con el elevado grado de desconocimiento, por parte de las empresas, respecto a lo que es la nueva FP dual o cómo implementarla, si bien “hoy las grandes empresas están todas implicadas, y de hecho forman parte de la Alianza por la Formación Profesional. Para promover a las pymes y a las empresas pequeñas estamos haciendo una tarea con los interlocutores sociales, con el propósito de explicarles que esto no es una pérdida de tiempo para formar a otros, sino que tiene un beneficio mutuo. De lo que se trata es de convertir a los estudiantes de FP en un elemento de innovación y de investigación aplicada, junto a los centros de enseñanza”, argumenta Sanz.

Para facilitarles la tarea, la ley contempla varias posibilidades, “como el agrupamiento de empresas pequeñas, para que los alumnos pasen por varias a lo largo de sus prácticas, y la intervención de organismos intermedios como cámaras de comercio u otros entes dependientes de los ayuntamientos”, explica la secretaria general. “También estamos barajando la posibilidad de que las empresas que colaboren en la formación profesional puedan obtener una compensación de algún tipo, o bien que el papel de tutor en la empresa tenga una remuneración económica para que su labor no sea una carga monetaria”. Todo con el objetivo de potenciar las cualificaciones medias que tanto demanda el mercado laboral: a fin de cuentas, añade Sanz, “el motor de una empresa no son sus directivos sino los profesionales intermedios, que son los que tienen que tirar adelante un proyecto”.

El plan de modernización de la Formación Profesional incluye otras actuaciones que van más allá del redimensionamiento de plazas o de la nueva ley. Entre ellas se sitúan las aulas de digitalización aplicada en los centros “como, por ejemplo, las Aulas Ateca, donde los estudiantes se forman y aprenden con gemelos digitales y simuladores”; aulas de emprendimiento; unidades de orientación profesional; aulas Mentor, para que la formación llegue incluso a los municipios más pequeños; o la acreditación de competencias profesionales: “En España, la mitad de nuestra población activa no tiene acreditadas sus competencias, porque las ha adquirido a base de trabajar, y ningún país desarrollado puede permitirse eso... Si hablamos de que la formación permanente es necesaria, tenemos que tener acreditado lo que ya sabemos a priori”, argumenta Sanz.

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