Los Veintisiete no logran cerrar el acuerdo sobre reglas fiscales pese a los avances en la negociación

No ha sido posible. Los Veintisiete no se han puesto de acuerdo esta madrugada en este primer intento fallido de cerrar un acuerdo sobre la reforma del Pacto de Estabilidad. “Hemos hecho progresos muy significativos”, ha declarado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, sobre la reunión que terminó cerca de las tres y media de la mañana. Sus palabras fueron secundadas por otros ministros de Finanzas, como el Francés, Bruno Le Maire, o el alemán, Christian Lindner. Las diferencias que restan son cada vez menores, apuntan varias fuentes de la negociación, y esto anima a que España contemple como una posibilidad muy real que haya un nuevo Ecofin en la semana anterior a las vacaciones navideñas para cerrar la posición con la negociar a comienzos de 2024 la reforma definitiva de las reglas fiscales.

Para tratar de probar que han logrado acercarse, Le Maire y Lindner han recurrido, de nuevo, a porcentajes. Si el jueves a su llegada ambos hablaron que sus países estaban en un 90% de acuerdo, ahora el francés lo cifra en el 95% y el alemán en el 92%. La española, a la que le toca coordinar la negociación por ser España el país que preside el Consejo de la UE, se quedó en esa expresión algo más diplomática al hablar de “progreso muy significativos”.

A pesar del traspié de este Ecofin, en el que se intentaba por primera vez cerrar la posición de los Veintisiete sobre las reglas fiscales, la mayor parte de asistentes han salido absolutamente convencidos de que ya rozan la fumata blanca. “Podemos confiar suficientemente en un acuerdo; solía decirlo por defecto, pero ahora creo que podemos estar seguros de lograrlo”, ha resumido el comisario de Economía y Finanzas, Paolo Gentiloni.

“Hemos llegado todo lo lejos que hemos podido hoy [por esta madrugada]. Continuaremos en los próximos días”, apuntaba fuentes de la negociación al acabar el encuentro. Señalaron que faltaba trabajo de calibración numérica, redacción jurídica y consultas políticas en las capitales por parte de algunos estados miembros. La versión se fue confirmando a medida que han pasado las horas y varias de las delegaciones -no todas- explicaban su visión de lo sucedido en la noche anterior.

Lo que también se abría paso es el punto en el que más se han centrado casi todas las conversaciones durante la noche: “Principalmente en los ajustes mínimos exigidos cuando un Estado miembro se encuentra en procedimiento de déficit excesivo y en su modulación en función de las inversiones y reformas”, señalaba una fuente presente en casi todas las reuniones importantes a primera hora de la mañana. Esas palabras, difíciles de entender para los legos en reglas fiscales y pacto de estabilidad, hablan de la reclamación francesa -”línea roja”, había dicho Le Maire el jueves- de que cuando un país supere el límite máximo de déficit presupuestario permitido en los tratados de la UE, el equivalente al 3% del PIB, pueda reconducir ese exceso a un ritmo menor al contemplado en el proyecto legal planteado por la Comisión Europea, medio punto por año, si se compromete con hacer reformas e inversiones. Alemania, en cambio, pedía que se mantenga la propuesta inicial de la Comisión. Este es uno de los pocos puntos con los que Berlín estuvo de acuerdo con el Ejecutivo europeo desde el inicio.

Las negociaciones mantenidas durante la noche, en las que tuvieron un papel destacado “Francia, Alemania, Italia y la presidencia española”, apuntan a una solución intermedia que pasaría porque durante tres años (2025, 2026 y 2027) la Comisión pudiera modular ese ritmo de reducción de medio punto al año teniendo en cuenta el aumento del gasto provocado por la subida de los tipos de interés, argumento que se basa en la subida del precio del dinero. No obstante, Alemania todavía tiene reservas sobre ese punto, aunque las resistencias parecen estar más en sus tradicionales aliados y todavía más partidarios del rigor fiscal: Países Bajos, Austria, Finlandia o Suecia.

La referencia expresa a Italia hecha por la fuente diplomática aludida no es gratuita. Roma es uno de los países a los que más estaba costando sumar al pacto en los últimos meses. Su situación fiscal es muy complicada, con un déficit que se acerca al 5% del PIB y una deuda pública por encima del 140%. Y eso también ayuda a entender por qué su ministro de Finanzas, Giancarlo Giorgetti, ha dejado caer en los últimos días que su país no puede aceptar “unas reglas imposibles de mantener”.

Si las negociaciones se han centrado en ese punto, se explica porque hasta ahora no había tenido protagonismo alguno en las conversaciones ni en las propuestas de acercamiento que había preparado la presidencia española. Durante los meses anteriores, se había trabajado sobre otros puntos que llevaron a que el pasado martes envió España, como coordinadora de las negociaciones por ser presidencia de turno. En ella, se mantiene sin cambios el elemento clave que recogía la propuesta que el Ejecutivo comunitario lanzó a finales de abril: planes de ajuste fiscal de cuatro años para los países que tienen un volumen de deuda superior al 60% de su PIB, que pueden alargarse hasta siete si el Estado concernido asume reformas e inversiones.

A los partidarios del rigor fiscal (Alemania, Austria, Finlandia, Suecia...) les disgustaron estos trajes presupuestarios a medida y exigieron objetivos y salvaguardas comunes para todos los países en el capítulo del déficit y en el de la deuda. España se ha ido plegando a estas peticiones y con cada nueva propuesta de acercamiento ha asumido más la posición de Berlín. No obstante, esos movimientos han contado con la ayuda de las conversaciones en paralelo de Le Maire y Lindner desde octubre, cuando en la reunión del Ecofin en Luxemburgo anunciaron que ellos iban a mantener un diálogo bilateral para limar sus diferencias. Y eso permitió a Lindner declarar sin ambages que los franceses se han movido hacia sus posiciones: “Considero que Francia ha dado todos los pasos necesarios hacia Alemania para alcanzar un compromiso, estamos de acuerdo en un 90%”.

Y esos pasos se ven en la última propuesta española. En ella, ya se recoge con claridad la exigencia de que hubiera objetivos comunes de reducción de deuda para los países que superan el 60% del PIB, que contemplan los tratados. Se leen en negro sobre blanco que los Estados que superen el 90% tendrán que rebajar su pasivo al menos en el equivalente a un punto de PIB en promedio anual durante la duración del plan de ajuste (cuatro o siete años y, por tanto, cuatro o siete punto). Los que se encuentren entre el 90% y el 60% deberán hacerlo en un promedio de medio punto. Si bien esto se aleja de lo que propuso la Comisión al principio del proceso, también es verdad que, según apuntan fuentes de la negociación, los ejercicios de simulación hechos para la negociación apuntan a que los países que tengan que seguir planes de ajuste tendrán que hacer reducciones mayores y que es bastante menos que lo que dictan las normas vigentes (una rebaja de un veinteavo al año en la cantidad que supere el 60% del PIB, por ejemplo, Italia que tiene un pasivo del 140% debería bajarlo en cinco puntos al año).

El otro elemento que tiene una clara paternidad germana es la señalización de un objetivo de déficit por debajo del límite del 3% del PIB que recogen los tratados. Esa meta sería del 2% para todos los países que tengan un volumen de deuda por debajo del 90% de su PIB y del 1,5% para los que están por encima.

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